BarcelonaGiro en el acuerdo unitario por el modelo lingüístico en las escuelas. Solo unas horas después de la maniobra en el Parlament para intentar driblar la sentencia del 25% de castellano en las aulas, Junts ha anunciado a través de un comunicado que ante el "rechazo" que ha causado la propuesta hay que encontrar "un imprescindible consenso mayoritario" con las entidades y la comunidad educativa. "Nos ponemos a trabajar con estas entidades para construir este nuevo consenso", han dicho. Incluso si Junts votara en contra del cambio a la ley podría acabar saliendo adelante con los votos de ERC, comuns y PSC. "El objetivo tendría que ser regular el catalán en la escuela para impedir que lo regulen aquellos que lo quieren arrinconar", dice el comunicado de Junts. Precisamente, lo que intentaba hacer la proposición de ley presentada es regular por primera vez los aprendizajes de las lenguas en Catalunya y hacerlo sin porcentajes, para que no sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quién acabe decretando de forma automática el 25% de castellano.
Por la mañana, en el Parlament se había producido una imagen sin precedentes, justo el día antes de que expire el plazo que da la ley para ejecutar la sentencia del 25% en todos los centros escolares. En un gesto que hace dos meses que se está trabajando con discreción, los partidos del Govern, ERC y Junts, junto con En Comú Podem y el PSC, han registrado una proposición de ley para modificar el artículo 21 de la ley de política lingüística, aprobada el 1998, que al ser una ley marco afecta directamente la ley de educación de Cataluña del 2009. El gran cambio es que el nuevo redactado incluye por primera vez que los alumnos catalanes tienen derecho a recibir las enseñanzas de las lenguas oficiales "y en las lenguas oficiales", de forma que se admite que el castellano, en cuanto que lengua oficial en Catalunya, también es una lengua de aprendizaje en la escuela, a pesar de que se evita decir que es vehicular. El texto, sin embargo, no determina los porcentajes en los que se tienen que distribuir las horas, como ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), sino que habla de una "presencia adecuada" de las dos lenguas que se decidirá en función del centro educativo.
Así, también por primera vez, una ley establece cómo se tiene que determinar esta presencia "adecuada" a los currículums y a los proyectos educativos para garantizar el dominio "oral y escrito" tanto del catalán como del castellano al final de la ESO. En la línea también de lo que ha ido diciendo estos días el departamento de Educación, el nuevo marco normativo no establece cuotas, sino que determina la presencia de las dos lenguas a través de algunos criterios más amplios: el contexto sociolingüístico del centro, el perfil de los alumnos, el acceso a la información a través de los medios tecnológicos o el modelo pedagógico, puesto que en contextos cooperativos y trabajos en grupo se ha constatado que la presencia del castellano es muy elevada entre los alumnos.
Los impulsores de este cambio normativo creen que es una manera de "reforzar" el modelo de escuela catalana, porque deja claro que el catalán es la lengua "normalmente empleada" como lengua vehicular. A la vez lo ven como una capa de protección más para evitar que el TSJC obligue a la Generalitat a decretar el 25% de las clases en castellano, porque se establece que el castellano "también es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro". Una de las claves del acuerdo es que como se está modificando una ley –y no un decreto o una ordenanza, que tienen rangos inferiores– para tumbarla habría que llevarla al Tribunal Constitucional, lo cual abre un nuevo frente judicial.
Quins canvis incorpora la llei de política lingüística?
Es reconeix per primera vegada que el castellà és una llengua d'aprenentatge
El hecho de que en el redactado se incluya por primera vez que el castellano también se tiene que emplear como lengua de aprendizaje ha despertado un alud de críticas, sobre todo en las redes sociales. Plataforma per la Llengua ha dicho que está "totalmente en contra" de la modificación legal acordada, y otras entidades, como Òmnium o los sindicatos, han optado por un silencio revelador. Los primeros en reaccionar ha sido la CUP, que no se han sumado al acuerdo a pesar de que hace semanas que eran conscientes que se estaban moviendo cosas en este sentido. Los cupaires han decidido registrar precisamente esta mañana otra proposición de ley para modificar la LEC y "blindar" la inmersión, proponiendo que el catalán sea "la única lengua vehicular y de aprendizaje en la escuela", un redactado que algunos impulsores de la otra propuesta ven del todo inconstitucional. Al ver la propuesta unitaria, han asegurado que el Govern, PSC y comuns "han rubricado una sentencia de muerte contra la inmersión lingüística".
Cargarse de razones ante el TSJC
Este acuerdo político no se tiene que confundir con el anuncio que hizo este martes el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que comunicó que se empieza a preparar un nuevo decreto para desplegar la ley de educación de Catalunya (LEC) y "reafirmar el modelo de escuela catalana". El decreto de Cambray entrará en vigor de aquí a 8 o 12 meses, mientras que la modificación de la ley de política lingüística podría ser inminente, porque se quiere hacer por la vía rápida, en parte para dar garantías al TSJC que eviten una ejecución forzosa de la sentencia.
A pesar de la imagen de unidad política y la maniobra estratégica, ahora falta por ver si todo ello es suficiente para los jueces. Cambray, que se hizo responsable del cumplimiento de la sentencia, tendrá que justificar ante el TSJC cómo está implementando o cómo tiene previsto implementar esta decisión judicial, que obliga escuelas e institutos a impartir una materia más en castellano. Podrá argumentar, entre otras cosas, que ha creado un consejo asesor en materia lingüística, que ha empezado los trámites para hacer un nuevo decreto que despliegue la LEC, que hay un gran acuerdo político para reformar la ley de política lingüística e incorporar el castellano como lengua vehicular, y que el castellano ya tiene una presencia más alta que un 25%, según el informe del síndico de agravios hecho público esta semana. Pero como en ninguna parte se habla del porcentaje concreto de castellano, hay dudas sobre el efecto real que tendrá el movimiento, y se plantean algunos interrogantes: ¿qué interpretación hará el TSJC?, ¿qué pasará cuando las entidades contrarias a la inmersión pidan la ejecución forzosa de la sentencia?, ¿el cambio anunciado frenará las familias que, de manera individual, continuarán reclamando un 25% de castellano en las clases de sus hijos?
¿Cómo se ha cocinado este acuerdo?
El acuerdo político que se ha evidenciado en el Parlament para cambiar la ley de política lingüística hace semanas que se trabaja lejos de los focos mediáticos. Hubo los primeros movimientos cuando, a finales de enero, el TSJC declaró firme la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano y empezó a correr el reloj de los dos meses antes de hacerse efectiva. Sectores de ERC apostaron por modificar la LEC, la ley educativa aprobada durante el Govern del tripartito con el apoyo de CiU. Pero esto suponía abrir un melón mucho más grande, e incumplir una especie de pacto tácito de no modificarla, porque ha permitido gobernar con relativa estabilidad desde el 2009. Hacía falta otra solución jurídica que encontrara el equilibrio entre dar cumplimiento a la resolución judicial (y no poner en riesgo los directores y docentes) y a la vez evitar que el 25% de castellano se ejecute de manera automática. Es decir, hacer un gesto político para evidenciar que la política educativa y lingüística en Catalunya se decide desde el Parlament y no desde un tribunal judicial.
Para buscar soluciones se ha implicado directamente el president de la Generalitat, Pere Aragonès, así como los consellers de Educación y Cultura, pero también otras personas con experiencia legislativa. Ha sido clave el papel de la exconsellera de Ensenyament, Irene Rigau, que, de hecho, participó en unas jornadas sobre la lengua organizadas por el PSC hace un par de meses que se tienen que enmarcar, también, en estas conversaciones en favor de recuperar el consenso lingüístico en Catalunya. Había el convencimiento de que cualquier pacto tenía que incluir a los socialistas, y es por eso que estaban al caso el ministro de Cultura, Miquel Iceta; el líder del PSC, Salvador Illa, e incluso el expresident José Montilla. Por parte de Junts, seguían las negociaciones la presidenta del Parlament , Laura Borràs, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y el secretario general del partido, Jordi Sànchez. La cuadratura del círculo no ha sido fácil, en medio de un debate político y educativo envenenado: las huelgas convocadas contra Educación, el PP desbocado contra el catalán en la escuela a la caza de los votos de Ciutadans y la presión de Vox también en este tema han condicionado las negociaciones. "Este acuerdo es un paso adelante para el modelo de escuela en catalán pero no gustará a nadie: ni a los jueces, porque no se entra en porcentajes, ni a los independentistas, porque se establece que el castellano es lengua de aprendizaje", explica una persona que ha seguido de muy cerca las negociaciones.
