Sociedad  /  Educación 22/03/2022

Educación no aplicará el 25% de castellano y prepara un decreto para esquivar la sentencia

Cuando acabe esta semana, se podrá pedir la ejecución forzosa que obligaría a todos los centros a dar más clases en castellano

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BarcelonaCuatro meses después de que la sentencia que obliga a la Generalitat a dar el 25% de clases en castellano sea firme , han llegado las primeras concreciones de la respuesta del Govern. El conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciado que el Govern empieza a preparar un nuevo decreto para modificar la Ley de Educación de Catalunya (LEC) que "reafirme el modelo de escuela catalana". Cambray ha dicho que de momento los centros educativos "no tienen que modificar los proyectos lingüísticos", es decir, no tienen que aplicar el 25% de castellano, porque lo que quiere hacer el Govern es "dar respuesta al tribunal" con un nuevo marco normativo que no se base en porcentajes. "Medimos los aprendizajes, no los porcentajes, y el sistema educativo catalán da la absoluta garantía de que en 4.º de ESO los alumnos tengan una plena competencia de catalán y castellano", ha dicho Cambray.

La gran pregunta ahora es si este nuevo marco normativo, que no entrará en vigor hasta dentro de ocho o doce meses, será suficiente a ojos de los jueces. Con el anuncio de hoy, la conselleria quiere ganar un poco de tiempo, consciente de que le corre en contra. Ahora se inicia un proceso de consulta pública previa que durará un mes, en el que la comunidad educativa puede hacer sus aportaciones para elaborar el decreto. "Lo iremos haciendo entre todos", ha asegurado. Pero el problema es que el viernes se acaba el plazo que da la ley para ejecutar la sentencia del 25%. Si pasado este tiempo la parte que instó el procedimiento judicial, el gobierno español –entonces liderado por el PP y ahora en manos del PSOE y Podemos–, cree que no se ha hecho nada o no se ha hecho suficiente, puede instar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a hacer que la Generalitat cumpla la orden. Cambray ha admitido que "está en conversaciones" con el ministerio, pero se da por hecho que el gobierno español no pedirá la ejecución forzosa. Ahora bien, la ley también permite que lo pueda pedir un tercero con "interés legítimo en la materia".

Y aquí ya calientan los del Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ya han anunciado que el lunes, a través de dos demandas, pedirán al TSJC que envíe "instrucciones directas" a todos los centros ante la "desobediencia" de la conselleria. Pese a las insistentes preguntas de los periodistas en la rueda de prensa, el conseller no ha dejado demasiado claro qué hará el Govern si los jueces aceptan a estas asociaciones como parte implicada en el proceso y obligan a la Generalitat a actuar, y se ha limitado a recordar, una y otra vez que "el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía" y que los alumnos catalanes ya aprenden castellano.

Si finalmente el tribunal insta a hacer cumplir la sentencia, fuentes judiciales explican que esta orden tampoco sería inmediata, según informa Montse Riart. El TSJC tendría que escuchar los argumentos de todas las partes, para decidir si lo más beneficioso para el interés general es ejecutar la sentencia o si hay que dejar las cosas tal como están para no causar un perjuicio mayor. Llegado este caso, el tribunal tendría que evaluar si el marco legal vigente es el mismo que cuando se comenzó el procedimiento judicial. No lo es: cuando la Abogacía del Estadp denunció a la Generalitat por no garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular imperaba la Lomce (ley Wert), y ahora, en cambio, está en vigor la Lomloe (ley Celaá). A pesar de que desde Educación dicen que esta nueva ley blinda la inmersión porque elimina las referencias al castellano como lengua vehicular, los jueces del TSJC ya han dicho que "no cambia las cosas" porque el carácter vehicular del castellano dentro del modelo educativo catalán "deriva directamente de la Constitución".

Los argumentos para cambiar la LEC

Cambray ha desplegado sus argumentos para modificar la ley catalana, aprobada en 2009, y hacerlo sin establecer cuotas a las lenguas: ha dicho que con el cambio de currículums "tiene menos sentido que nunca" porque cada vez habrá menos compartimentación de las materias, que con la modificación legislativa "se fortalecerá el modelo de escuela en catalán" y "se incrementará la presencia del catalán en los próximos cursos" y ha dado datos que, a pesar de todo, se basan en porcentajes, como los que ayer reveló el Síndic de Greuges y que constatan que ya se da más de un 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas (un 33%, en concreto). El objetivo del conseller es desplegar un nuevo régimen lingüístico que cuente con el consenso "pedagógico, político y social" y por eso se tendrá en cuenta el consejo lingüístico asesor del Govern, la evolución de las metodologías de aprendizaje y la realidad sociolingüística de cada centro.

Cambray ha hecho el anuncio justo el día antes de la convocatoria de una nueva huelga en educación, en este caso convocada por la COS, la Intersindical, el SEPC y USTEC en contra la sentencia y también de la "desidia" del Govern ante el tema. El conseller, sin embargo, ha dicho que ha habido "cero pasividad" ante el ataque judicial y ha explicado que si el decreto no se había impulsado antes es porque "el Govern lo ha hecho cuando entendía que se tenía que hacer". Ha recordado que de las primeras cosas que hizo cuando aceptó el cargo de conseller es "reconocer" que el uso del catalán está reculando en las escuelas (lo dijo en una entrevista en el ARA que levantó muchas suspicacias en algunos sectores) y que, al salir la sentencia, él mismo respondió a los tribunales que el órgano a quien se tenía que dirigir el TSJC era a la conselleria "y por lo tanto a este conseller", ha dicho, y no a los directores ni a los centros.

"No hay ningún motivo para decir que el Govern ha sido pasivo con este tema", ha dicho Cambray, y por eso ha comunicado que el Govern se suma "a las movilizaciones" que están previstas mañana con acciones de apoyo a las puertas del Parlament.

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