El Govern tiene dos meses para aplicar la sentencia del 25% de castellano
La decisión judicial ya es firme y se abre el plazo para que el gobierno español o un tercero pueda pedir la ejecución forzosa
BarcelonaNuevo paso judicial sobre el catalán en la escuela. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme la sentencia que obliga a las escuelas catalanas a impartir el 25% de las clases en castellano y da 10 días a la Generalitat para que se dé por informada de la decisión judicial e informe de cómo aplicará a todos los centros educativos del país la polémica sentencia. En paralelo, con la comunicación de este viernes, empieza a correr también el plazo de dos meses que da la ley para ejecutar la sentencia. Si pasado este tiempo la parte que instó el procedimiento judicial, el gobierno español –entonces liderado por el PP y ahora en manos del PSOE y Podemos–, cree que no se ha hecho nada o no se ha hecho bastante, puede instar al TSJC a hacer que la Generalitat cumpla la orden.
Desde el departamento de Educación han dicho alguna vez que cuentan con la garantía de que el ministerio del PSOE no lo pedirá, pero la ley también permite que un tercero con "interés legítimo en la materia" pida la ejecución forzosa de la sentencia cuando acaben estos dos meses. Las entidades de familias que hace años que piden a los juzgados el 25% de castellano para sus hijos ya han avisado de que lo harán. Todo ello aprieta aún más el dogal del modelo de escuela catalana.
En realidad, la noticia de hoy es un trámite jurídico que hacía muchos días que se esperaba en el departamento de Educación. "Sabíamos que llegaría en algún momento porque forma parte del procedimiento", ha explicado el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray. El TSJC concluyó el diciembre del año 2020 que todos los centros educativos catalanes tenían que hacer un 25% de castellano alegando que el uso de este idioma es "residual" en Catalunya. Los jueces daban la razón, así, a la Abogacía del Estado , que en años de gobierno del PP denunció la Generalitat por no garantizar la enseñanza del castellano como lengua vehicular. La Generalitat presentó un recurso ante el Tribunal Supremo y, como este tribunal lo inadmitió el pasado mes de noviembre, la sentencia del TSJC se convirtió en firme. No queda mucho margen judicial para esquivar la sentencia.
Pero otra cosa es el terreno político, y es aquí donde la Generalitat intentará ganar tiempo. El departamento de Educación puede agotar todas sus posibilidades, por ejemplo, pidiendo aclaraciones sobre cómo se tiene que aplicar la sentencia. Uno de los argumentos para hacerlo es forzar que la justicia se posicione y determine cómo afecta el cambio legislativo que ha habido entre el recurso de la Abogacía del Estado y el rechazo del Supremo al recurso del Govern. Educación considera que la nueva ley, la llamada ley Celaá, abre una rendija porque elimina las referencias del castellano como lengua vehicular. Además, la consejería puede acompañarlo con los estudios que ha publicado recientemente que demuestran el retroceso del uso social del catalán en las aulas en los últimos años.
Durante estos dos meses, y para mandar un mensaje al TSJC y también al gobierno español de que se están haciendo pasos, el Govern podría concretar el anuncio que hizo Cambray en una entrevista al ARA en la que habló de "actualitzar el modelo lingüístico" pero hacerlo "sin porcentajes". "Utilizaremos todas las herramientas posibles para proteger el modelo de escuela catalana. Una de las medidas es el despliegue de un nuevo marco normativo porque necesitamos un nuevo acuerdo de política lingüística en las escuelas. Las escuelas y los institutos no son los de hace 30 años y lo que servía entonces es muy posible que no sirva ahora, no porque lo hayamos hecho mal, sino porque la sociedad ha cambiado y la escuela refleja lo que pasa en la sociedad. Para adaptarnos a esta nueva realidad, tenemos que hacer un nuevo marco normativo que tenga el consenso político, el consenso social y el consenso pedagógico", explicó Cambray.
Sentencia a todo el sistema
Entonces Cambray también habló (sin concretar) de una "ofensiva judicial" para proteger el catalán en los centros y también anunció que se harían más inspecciones para controlar que se cumple que todas las clases previstas se hacen en catalán (la ley de educación catalana marca que el catalán es la lengua vehicular, pero menos de la mitad de profesores de 4º de ESO lo hablan habitualmente a los alumnos), y que también se pondrían dos profesores en las 35 aulas que ya están aplicando un 25% de castellano.
El caso es que esta sentencia del TSJC introdujo un cambio muy decisivo respecto a las anteriores. El TSJC había publicado durante muchos años sentencias que daban la razón a familias concretas que pedían un 25% de castellano para sus hijos y, por lo tanto, las decisiones judiciales afectaban a pocos centros (ahora mismo, hay 35 sentencias en ejecución en este sentido), entre los cuales, por ejemplo, la escuela de Canet de Mar que tanto revuelo causó. En cambio, la sentencia que el Govern tiene ahora dos meses para cumplir afecta a todas las escuelas, porque quien pidió el 25% de castellano no era una familia, sino la Abogacía del Estado. Según el texto del TSJC, la Generalitat ha estado "inactiva" y no ha ejercido "una actividad de control" para evitar que el castellano sea "residual" en una "parte significativa de centros y grupos docentes".
Ahora Cambray ha asegurado que la decisión de los jueces "no cambia nada" y que la Generalitat "seguirá aplicando la ley de educación de Catalunya" que marca, ha recordado, que al acabar la ESO los alumnos tienen que tener las competencias en catalán y castellano.
