Estocada del Supremo a la inmersión lingüística

BarcelonaNueva estocada judicial al sistema de inmersión lingüística a las escuelas catalanas, que esta vez puede ser definitiva. El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que imponía un 25% de presencia del castellano en las aulas. Esto significa que este pronunciamiento es firme. Ahora bien, para que se lleve a la práctica, el ministerio de Educación –que es quien planteó originalmente el conflicto en los tribunales– tiene que instar a que se ejecute la sentencia. Cuando se llevó el asunto a los tribunales era el PP quien gobernaba España y ahora habrá que ver si el gobierno de Pedro Sánchez decide dar este paso.

Después de recibir la providencia judicial, la Generalitat y el Parlament han salido en defensa del modelo lingüístico escolar ante "el ataque frontal" que lo puede dejar colgando de un hilo si el Estado decide instar a la ejecución de la sentencia del TSJC. "El catalán en la escuela no se toca", ha avisado el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "Lo que se ha producido es un ataque grave, una injerencia de los tribunales en el trabajo de los docentes", ha añadido, y ha trasladado a la comunidad educativa que no delegarán en ellos "la responsabilidad de hacer frente a esta situación". "El estado español no quiere la inmersión lingüística, quiere la sumisión lingüística", ha añadido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha pedido "unidad" a la hora de defender las políticas lingüísticas de la Generalitat.

La batalla por la lengua en las aulas viene de lejos. Primero fueron varias familias las que fueron planteando individualmente que sus hijos recibieran una cuarta parte de las clases en castellano. Según el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tan solo una ochentena de familias lo han pedido. Cuando todavía gobernaba el PP y en pleno despliegue de la ley Wert, el gobierno español planteó un nuevo conflicto judicial. El año pasado, ya con el PSOE al frente del gobierno español, el TSJC dio la razón al recurso de la Abogacía del Estado y extendió de manera "efectiva e inmediata" la presencia del 25% del castellano a todas las escuelas. Entonces la Generalitat ya dijo que recurriría la decisión y planteó que la ley Celaá dejaba en manos del Govern las decisiones sobre política lingüística.

"El modelo de inmersión está construido sobre un amplísimo modelo social, sociológico y político, y así se ha reflejado durante todos estos años", ha asegurado Gonzàlez-Cambray, que ha añadido que este sistema "garantiza que al finalizar la etapa obligatoria todo el alumnado domine tanto el catalán como el castellano, tal como demuestran los resultados de las pruebas de competencias básicas". "Esto no va de porcentajes, va de pedagogía", ha subrayado el conseller. Aragonès ha remachado que la escuela en catalán responde a "un gran consenso social, político y pedagógico", y que es "una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades". En todo caso, según ha dicho el president de la Generalitat, el reto fundamental ahora mismo es "el incremento del uso del catalán en la escuela".

Inquietud en el sector

La plataforma Somescola, los sindicatos y las entidades educativas se han reunido esta tarde con Aragonès. La idea del departamento de Educación es ignorar la providencia del Supremo e implantar el plan de impulso de la lengua con la colaboración y las aportaciones de toda la comunidad educativa. El conseller ha instado a los centros educativos y al profesorado "a continuar trabajando como hasta ahora". "No estamos ante un conflicto lingüístico real, estamos ante la acción de unos tribunales que desconocen la realidad educativa del país", ha insistido Cambray, que también ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al trabajo que hacen los centros educativos catalanes y al profesorado en general.

Por su parte, Òmnium Cultural ha instado a "desobedecer" la sentencia del TSJC si no se consigue blindar la inmersión lingüística de ninguna otra manera. En su momento, el Govern veía en la ley Celaá una posibilidad para hacerlo, a pesar de que en realidad la resolución del alto tribunal catalán que ahora se hará firme no entra en esta cuestión. De hecho, algunas formaciones políticas de la derecha española, como por ejemplo Ciudadanos, consideran que el gobierno español "está obligado" –decía el presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa–, junto con la Generalitat, a hacer cumplir la sentencia, que la entidad Societat Civil Catalana (SCC) ha calificado de "triunfo histórico". La presidenta del Parlament ha pedido al ejecutivo de Pedro Sánchez que respete las competencias de la Generalitat.

La decisión del Supremo deja en falso el modelo de inmersión lingüística. De momento, la Generalitat lo puede continuar aplicando, pero la última decisión sobre la presencia del catalán y el castellano en las aulas pasa a ser ahora del gobierno español y del partido político que gobierne en el Estado , que siempre tendrá la clave para pedir la ejecución de la sentencia del TSJC.