Los partidos aplazan de nuevo la reforma de la ley de Política de Lingüística

BarcelonaLa reforma de la ley de política lingüística pactada por Esquerra, Junts, el PSC y los comuns continuará en el congelador. Según varias fuentes parlamentarias consultadas por el ARA, todavía no hay un nuevo pacto cerrado sobre cómo tiene que ser la norma y los grupos se han dado quince días más para favorecer el consenso. La primera consecuencia directa es que la reforma no se incluirá en el orden del día del próximo pleno del Parlament, fijado para la semana que viene. Un orden del día que ya ha quedado definido en la reunión de la junta de portavoces que se ha celebrado este miércoles en la cámara. Por lo tanto, los cambios legislativos sobre la lengua para tratar de blindar la inmersión tendrán que esperar todavía algo más.

Las formaciones políticas se comprometieron a cerrar un pacto para poder aprobar la modificación de la ley en el pleno del 28 y 29 de abril –en un solo debate tramitándola por lectura única– y acabar así con la polémica que ha generado la reforma: Junts se descolgó del pacto después de que las entidades de defensa de la lengua criticaran el contenido de la reforma, puesto que reafirmaba el catalán como lengua vehicular en la enseñanza pero a la vez situaba el castellano también como lengua "empleada". La CUP desde el primer momento se ha mostrado en contra del acuerdo de los cuatro partidos. Desde entonces los grupos intentan rehacer el consenso pero, por ahora, no lo han logrado.

La polémica generada ha tensado una vez más las relaciones entre los socios de Govern: ERC ya protestó enérgicamente el día que Junts dio marcha atrás del pacto subscrito. Fuentes republicanas consultadas por el ARA aseguran que se avienen a aplazar de nuevo la aprobación de la reforma si esto es por "facilitar el acuerdo y encontrar el consenso necesario", pero recuerdan que es una cuestión en la que se tiene que proceder con "urgencia". Fuentes de JxCat explican que se han mostrado partidarios de no llevar aún el tema a votación porque hace falta más "margen" para "reunirse con todo el mundo" y tener una posición común. Sea como fuere, ERC, el PSC y los comuns podrían aprobar la reforma sin los votos de JxCat, pero ahora mismo este escenario no está sobre la mesa.

Las dificultades

Los partidos tienen que conseguir acordar un nuevo texto –a través de enmiendas– que consiga cuadrar el círculo: sumar las entidades prolengua como Òmnium al apoyo de la reforma de la ley de Política Lingüística y a la vez mantener al PSC en la ecuación, que defiende la inmersión lingüística pero también cumplir la sentencia que obliga al Govern a dar el 25% de las clases en castellano. En las últimas tres semanas las cuatro formaciones políticas han mantenido conversaciones, también con las entidades pro-lengua, sobre qué hacer, pero ahora mismo según las fuentes consultadas todavía no hay nada cerrado. Se han dado unos quince días más, apuntan los consultados. El president, Pere Aragonès, se ha mostrado partidario que el consenso incluya al PSC en todos los casos, puesto que insiste que el catalán no puede ser solo una cuestión de independentistas; mientras que Junts ha dicho que solo apoyará el acuerdo si también es avalado por las entidades prolengua.

La primera negociación sobre este cambio normativo, de hecho, se hizo bajo la presión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que pedía al ejecutivo que notificara qué acciones había llevado a cabo para cumplir con las resoluciones judiciales. El conseller de Educación, Josep González-Cambray, aportó ante el tribunal la reforma presentada por Esquerra, Junts, el PSC y los comuns el pasado 25 de marzo, a pesar de que se trataba solo de una proposición de ley todavía sin tramitar –el pacto se había presentado justo el día anterior– y que el consenso duró pocas horas. El TSJC todavía se tiene que pronunciar sobre si considera que la reforma cumple o no la sentencia de introducir el castellano en las escuelas, pero ya ha habido entidades –como una asociación de guardias civiles– que han pedido la ejecución forzosa de la resolución judicial porque consideran que el Govern la está ignorando.

Más oposición

Los cuatro partidos impulsores de la reforma se encuentran entre la presión de aquellos que consideran que el cambio legislativo es puro maquillaje –básicamente los grupos de la derecha–, pero también de aquellos que lo ven como un ataque a la inmersión y que exigen no tocar ni una coma de la normativa actual. Entre los segundos está la plataforma Pública i en Català (PIEC), que se ha presentado en sociedad este mismo miércoles. Integrada por organizaciones sindicales como Ustec, Intersindical, SEPC, COS, CGT y aFFAc, se han dado a conocer desde el Parlament con el apoyo de la CUP y su primera demanda es la "retirada inmediata" de la reforma. Para ellos la solución pasar por "desobedecer" a la justicia y que sea el Govern quien "asuma estas desobediencias". También han convocado una manifestación por el 26 de abril en Barcelona para protestar contra la reforma. El día escogido era el que estaba previsto que se debatiera en el pleno, cosa que finalmente no se hará.