La Generalitat destinará 120 millones de euros a paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania

BarcelonaLa guerra en Ucrania ha impactado directamente en el día a día de la ciudadanía europea y Catalunya no es una excepción. Después de un mes y medio de conflicto por la invasión rusa, el president, Pere Aragonès, ha comparecido este martes posteriormente a la reunión del consejo ejecutivo para exponer el plan de medidas de la Generalitat para paliar las consecuencias de la situación, y que tendrá un coste total de 120 millones de euros para las arcas catalanas. "Vienen meses difíciles y es en momentos de máxima dificultad cuando toca dar lo mejor de nosotros", ha dicho en rueda de prensa Aragonès, donde también ha reclamado al Estado que flexibilice los objetivos de déficit del actual 0,6% del PIB al 1% para disponer de un margen de hasta 1.000 millones de euros más. Ahora bien, a pesar de que su comparecencia tenía este objetivo, el president lo ha aprovechado para referirse a tres cuestiones que han marcado la actualidad política las últimas semanas: el pacto sobre el catalán; la huelga de la comunidad educativa y la consulta sobre los Juegos Olímpicos de Invierno.

Para Aragonès, el plan de choque que ha aprobado el Estado para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania se queda "corto". "No puede ser que por una situación de guerra que comporta un mayor gasto por la acogida de las personas refugiadas y por las consecuencias sociales y económicas que tiene [...] no haya más recursos. La Generalitat no puede decidir su objetivo de déficit, necesitamos que lo haga el Estado", ha dicho el president, que ha lamentado que en la primera batería de medidas de la Moncloa no se haya incluido esta reivindicación. "Seremos persistentes en este sentido porque es absolutamente necesario", ha advertido el president, que ha admitido que necesita más recursos.

En cuanto a las medidas tomadas por la Generalitat, el jefe del ejecutivo catalán ha anunciado que congelará el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono –la Generalitat dejará de recaudar 90 millones de euros– y que aumentará un 33% el impuesto sobre la producción eléctrica, que le permitirá recetar 20 millones más que ahora. También ha garantizado una acogida de las personas refugiadas por la guerra en Ucrania.

Ampliar el consenso lingüístico

El president Aragonès ha defendido la reforma de la ley de política lingüística a la que llegaron inicialmente Esquerra, Junts, el PSC y los comuns –"Lo que no regulamos nosotros lo regularán los tribunales", ha dicho–, pero se ha abierto a hacer cambios para "ampliar el consenso" y hacerlo "més fuerte". La cabeza del ejecutivo ha admitido que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impone el 25% de castellano en las aulas genera "presión" en el Govern y en las escuelas, pero ha hecho un llamamiento a encontrar un acuerdo para garantizar el modelo lingüístico sobre el cual pivota el modelo educativo catalán con el máximo de partidos en el Parlament. "El catalán no puede ser una lengua parto o solo de los independentistas", ha dicho el jefe del ejecutivo, evidenciando la importancia que tiene para él que en este nuevo consenso estén el PSC y los comuns. Aragonés cree que en el uso de la lengua catalana –que ha admitido que está en declive– está "en juego " la nación. De este modo, confirma lo que ya se evidenció la semana pasada: después de que Junts se desmarcara del pacto por las críticas a las redes y entre las entidades pro lengua, los grupos pactaron darse más tiempo para negociar. Así, ERC, JxCat, el PSC y los comuns han optado por tramitar la norma a finales de abril para tener margen para un nuevo acuerdo.

En este sentido, preguntado por los llamamientos a desobedecer la sentencia del expresident Quim Torra, Aragonès no se ha ahorrado las críticas a su predecesor. "Tenemos que decir la verdad y no hacer proclamas vacías ni llamar a desobediencias que solo acaban siendo retóricas", ha dicho, recordando que durante la presidencia de Torra hubo 13 resoluciones judiciales que obligaban a cumplir el 25% de castellano en centros concretos y se van "complir todas". "No hubo orden de desobedecer y no fue por una carencia de coraje independentista, sino por las dificultades que tenía", ha acabado diciendo el president de la Generalitat.

Por otro lado, Aragonés también se ha pronunciado sobre las reivindicaciones de la comunidad educativa, que ha protagonizado movilizaciones en contra de las medidas del departamento de Educación y varias jornadas de huelga el último mes. El president ha puesto en valor el presupuesto del 2022, puesto que destina más dinero en educación que las anteriores cuentas y ha dicho que también se han tomado medidas, a su parecer, importantes para el ámbito educativo, como la gratuidad de P2 en las escuelas infantiles o que ninguna escuela que segrega por sexo reciba financiación pública. De este modo ha hecho piña con el conseller Josep Gonzàlez-Cambray y ha reclamado a la comunidad educativa y a los representantes sindicales que vuelvan a la mesa de negociación con el departamento. "Se tiene que llegar a un buen acuerdo", ha reclamado.

Finalmente, el president ha hecho un pronunciamiento favorable a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno –este lunes firmó el acuerdo de gobierno para iniciar los trámites de las consultas sobre el acontecimiento deportivo–. "Estoy convencido de que serán muy buenos para Catalunya y especialmente para el Pirineo", ha declarado, además de defender la votación sobre los Juegos en las nueve comarcas, a pesar de ser con preguntas diferentes, porque es un "mandato" del Parlament. Para Aragonès, el proyecto técnico que se presentó la semana pasada en Madrid con el Comité Olímpico Español está terminado y ha descartado que se puedan incorporar modificaciones, como quiere el presidente de Aragón, Javier Lambán, que plantó el gobierno de España y la Generalitat en el acto. "Ninguna cesión", ha contestado sobre si está dispuesto a cambiar la sede de alguna prueba para contentar a los aragoneses.