El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha acusado formalmente al expresidente filipino Rodrigo Duterte de tres cargos de crímenes contra la humanidad. Afirma que estuvo involucrado en el asesinato de al menos 76 personas en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas, en un proceso judicial que debía empezar este martes pero que se ha visto aplazado. "Duterte es responsable penalmente a título individual" de decenas de asesinatos como "coautor indirecto", indica el TPI en una hoja de cargos, redactada en julio pero publicada este lunes por la noche, según informa Efe.

Violencia. Solo dos días después de que el Tribunal Internacional de Justicia ordenara a Israel decretar un alto el fuego inmediato en Gaza, la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu es un bombardeo aéreo sobre un campo de desplazados de Rafah. El ataque y el incendio que desató, que mataron, sobre todo, a mujeres y niños, son injustificables. Como lo es la destrucción de Járkov con el ataque directo a población civil en zonas que no tienen ningún valor militar. Arrasar una tienda de bricolaje en un barrio residencial de la segunda ciudad más grande de Ucrania o destruir la vida refugiada bajo la fragilidad de los plásticos y chapas de un campo provisional que ha sido declarado zona segura son crímenes de guerra.

El paso que ha dado esta semana el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el británico Karim Khan, difícilmente conducirá al banquillo de La Haya a las personas por las que ha pedido formalmente una orden de detención internacional, en concreto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el titular de Defensa Yoav Gallant, además de tres líderes de Hamás.

Israel ha establecido un régimen de apartheid y persecución contra los palestinos que viven en los territorios ocupados, denuncia un informe publicado este martes por Human Rights Watch (HRW), que documenta cómo sus leyes privilegian a los judíos israelíes. Para el organismo, referente mundial en materia de derechos humanos, estas políticas han "pasado de la raya" y suponen un crimen de apartheid, que en derecho internacional se refiere a una discriminación institucional severa y una opresión sistemática de un grupo sobre otro.