Solo en dos de los últimos veinte años –en 2008, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y en 2015, con el de Mariano Rajoy (PP), que en realidad fue una reforma fiscal–, Hacienda ha deflactado la tarifa del impuesto de la renta (IRPF), lo que significa ajustarla a la inflación para evitar que se tribute más a pesar de tener los mismos o menos ingresos reales. Y las dos últimas veces que se tomaron medidas similares fueron ante la convocatoria de elecciones generales, en marzo de 2008, comicios en los que Zapatero fue reelegido para un segundo mandato, y en diciembre de 2015, cuando Rajoy repitió en el cargo. Entre hacerlo y no hacerlo hay una diferencia esencial: de 2019 hasta 2024 ha supuesto unos ingresos adicionales para el Estado de entre 9.700 y 16.700 millones, según diversos estudios. Desde el espacio de las izquierdas, encabezado por el PSOE, se considera que este tipo de ajustes defendidos por el PP y que son para todas las rentas benefician especialmente a las más altas. Y, por lo tanto, abogan por medidas más selectivas y directes para las familias de ingresos bajos o medios, como las reducciones y rebajas al transporte público y otras.

El Estado cerró el 2025 con el déficit público más bajo desde el estallido de la crisis financiera del año 2008, gracias a un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos, según ha informado este martes el ministerio de Hacienda.

Oriol López (Mollet del Vallès, 1978) es el secretario general adjunto de ERC y uno de los negociadores del partido en las conversaciones con el Gobierno que, de momento, han hecho que, por primera vez, se hayan retirado unos presupuestos que ya se estaban tramitando.

Cualquier noticia que comentamos aquí debe entenderse en un marco de guerra que nos afecta cada vez más. Guerra en Ucrania primero y ahora en Irán y Líbano. El precio del petróleo ha vuelto a trepar y ya sabemos que cuando sube la gasolina sube todo. Nuestra economía depende, en estos momentos, de dos políticos, Netanyahu en Israel y Trump en Estados Unidos, a los que todo esto les da igual porque la guerra les da manos libres para hacer lo que quieran. Por ejemplo, Israel ha atacado el mayor yacimiento de gas del mundo. De modo que, esta guerra, que Estados Unidos ha llamado "Furia épica", nos está trayendo una inflación épica y un desastre épico, como todo lo que toca el dedo inepto de Trump, sobre todo cuando se deja comer la oreja por el lobi israelí y se fía de su intuición, más que de sus generales. Cada día está más claro que con bombardeos y asesinatos selectivos Estados Unidos no hará caer el régimen de los ayatolás.

John von Neumann no era especialmente amante de los faroles –los engaños– en partidas de póquer, pero el padre de la Teoría de Juegos reconocía de su utilidad para mantener siempre en vilo cualquier negociación de suma cero. Claro que también advertía que se debía saber jugarlos. Para empezar, el éxito de cualquier farol pasa por que el otro interlocutor –el estudio de Von Neumann se centraba básicamente en negociaciones a dos bandas– lo pueda considerar verosímil. Y aquí es precisamente donde ha fallado la estrategia negociadora entre ERC y el PSC por los presupuestos del 2026. Salvador Illa fijó una fecha límite en el calendario, el 20 de marzo, para que los republicanos dejaran de arrastrar los pies iniciando un juego de la gallina –otro concepto de la Teoría de Juegos, que explica que las dos partes avanzan hacia el precipicio sin querer ser las primeras en ceder– que ha acabado en empate. El PSC y ERC se han dado más tiempo porque era la única opción para que no perdiera nadie.

La aprobación de los presupuestos anuales de un gobierno autonómico debería abordarse como una cuestión prioritaria y separada de otras reivindicaciones políticas que dependen de ámbitos institucionales distintos. Cuando unas cuentas públicas están prorrogadas, la administración pierde capacidad para actualizar programas, ajustar partidas a nuevas necesidades y desplegar políticas públicas con mayor ambición. En particular, la ampliación del gasto social -en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a colectivos vulnerables- requiere un marco presupuestario vigente y plenamente operativo. Condicionar la aprobación de estos presupuestos a demandas cuyo cumplimiento corresponde principalmente al gobierno central introduce un factor de bloqueo que acaba afectando directamente a la ciudadanía, que ve atrasadas o limitadas políticas que sí están dentro de la competencia del gobierno autonómico.

La Generalitat recaudó el año pasado, un total de 6.069 millones de euros por tributos propios y cedidos, una cantidad sin precedentes, con un incremento de un 9,9%, que incluye tanto la recaudada por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) como la que recauda el Estado y después transfiere, como es el caso del impuesto de 2025. La cantidad, que duplica la obtenida en 2015, se vio impulsada por los tributos de patrimonio y transmisiones patrimoniales, con subidas del 9,6, hasta 835 millones y del 17,6%, hasta 3.263 millones, respectivamente. Otro de los grandes tributos cedidos, el de sucesiones y donaciones, con 1.162 millones, aumentó un 0,8%.

El Congreso volverá a debatir y votar la próxima semana la prórroga del escudo social que incluye, entre otras cosas, la medida para evitar los desahucios de algunas familias vulnerables. Después de un intento fallido por los votos en contra del PP, Vox y Junts, el gobierno español lleva el texto a la cámara baja por segunda vez –ahora, con la revalorización de las pensiones en otro texto–. De momento, el ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene los votos ligados y de ello depende la continuidad de medidas que han quedado en un segundo plano –pero que llevan cinco años en marcha–, como es el caso de las deducciones en el IRPF por la rehabilitación de inmuebles en los que se mejore la eficiencia energética. En el caso de Cataluña, entre los años 2021 y 2024 se han beneficiado 34.383 viviendas, según datos del Boletín Especial de Rehabilitación, el Observatorio de Vivienda y Suelo y la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso el ARA.

ERC reclamaba un gesto socialista que permitiera desbloquear la negociación presupuestaria y que fuese en forma de compromiso con la recaudación del IRPF. El gesto, por ahora, no llegará del PSOE, tal y como inicialmente querían los republicanos, pero esta mañana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicitado su compromiso "total" por conseguir que Catalunya asuma la recaudación del IRPF. "Mi compromiso en avanzar en la gestión del IRPF y la Hacienda catalana es total", ha afirmado Illa. ¿Eso en qué se traducirá? En una intervención corta sin preguntas enmarcada en la reunión del Consejo Técnico de la Generalitat, el jefe del Ejecutivo no ha dado detalles, pero sí ha explicitado que "impulsará los acuerdos y las iniciativas parlamentarias para hacerlo posible". Este sábado Esquerra reúne a primera hora de la mañana (8.30 h) a su ejecutiva en una reunión extraordinaria, donde tendrán que decidir si el gesto del presidente es suficiente para empezar a negociar las cuentas. Luego la dirección reúne a su consejo nacional, donde deberá poner sobre la mesa el escenario acordado por la ejecutiva.

La creación del consorcio de inversiones –el órgano que debe servir para fiscalizar las inversiones en Cataluña– debía servir como deslumbrante para que ERC abriera conversaciones con el Govern por los presupuestos, mientras sigue negociando un acuerdo para la recaudación del IRPF. El presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, ha confirmado este lunes que su partido retira la ley del IRPF. De esta forma, los republicanos dan más tiempo al gobierno español para que se avenga a aceptar un compromiso que ya asumió por la investidura de Salvador Illa. Junqueras ha advertido, sin embargo, que la línea roja sigue vigente: no empezarán a negociar las cuentas de la Generalitat hasta que se cierre el acuerdo para que la Agencia Tributaria de Catalunya pueda recaudar el IRPF.

En plena negociación estancada para la recaudación del IRPF en el futuro, la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) incorporará a 152 personas de forma temporal para cubrir la atención durante la próxima campaña de la renta a partir del próximo mayo. Se trata de un incremento del 49% del personal de estas características respecto al pasado ejercicio. Además, se sumarán 36 oficinas distribuidas por Catalunya dedicadas a esta labor. De estas, ocho serán plataformas temporales destinadas exclusivamente a la atención de renta y se ubicarán en Barcelona (tres centros), Gerona, Lérida, Tarragona, la zona del Baix Llobregat y la zona del Besòs.

Una nueva rebaja fiscal en Madrid para responder a la propuesta de modelo de financiación acordada entre ERC y el PSOE. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado este lunes que su comunidad bajará a partir del próximo año medio punto los tramos del IRPF autonómico, que ya eran los más bajos del Estado. El tipo mínimo pasará a ser del 8% y el máximo del 20%, cada vez más lejos de Catalunya, que oscila entre el 9,5% para las bajas rentas y el 25,5% para los contribuyentes que ingresan más de 175.000 euros anuales.

Visiblemente satisfecha con la propuesta de financiación autonómica presentada por la vicepresidenta española María Jesús Montero, pero consciente de que no se puede obtener el 100% de lo que se quiere, la consejera de Economía, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976) recibe el ARA en el Palau de la Generalitat convencida de que Catalunya sale. Y afirmando que no ve imposible que salga adelante.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, saca pecho por el acuerdo alcanzado sobre el nuevo modelo de financiación subrayando que nunca ningún otro gobierno de la Generalitat había alcanzado cuotas tan elevadas de soberanía económica.

A final de año normalmente pensamos cómo podemos ahorrar en el IRPF. Empecemos, sin embargo, con una mala noticia: en Cataluña –en comparación con otras comunidades autónomas– las posibilidades son bastante limitadas. Mientras que en otros territorios se pueden desgravar gastos tan cotidianos como el gimnasio, aquí las deducciones existentes son a menudo difíciles de aplicar para la mayoría de los contribuyentes, como la compra de un vehículo eléctrico, las reformas de viviendas con mejoras de eficiencia energética o la compensación por pérdidas en acciones.

Hay contribuyentes que a estas alturas, una vez superado el año en el que se presentó la declaración de la renta (IRPF) de 2024, todavía no han recibido la devolución que solicitaron. De hecho, es dinero pagado de más a la Agencia Tributaria y por el que ésta no paga intereses.

Existe un motor que impide que la capacidad de gestión del gobierno español se paralice. Es la recaudación de impuestos, que hasta noviembre supera por primera vez los 300.000 millones de euros. Se trata de un nivel sin precedentes, a tan sólo un mes del cierre del ejercicio. Así pues, esta cifra anticipa que 2025 ha sido un nuevo año de ingresos récord.

El ministerio de Trabajo encauza la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2026. En la primera reunión con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, y la patronal española CEOE, celebrada este martes por la tarde, el equipo de Yolanda Díaz ha querido tantear a los agentes sociales para ver si a ver a los agentes sociales para ver si en el 2026.

Leemos en El Mundo que los andaluces "podrán deducirse, en la declaración de la renta, los gastos del gimnasio".

El deslumbrante por la investidura de Salvador Illa fue el acuerdo para que Catalunya tuviera un nuevo modelo de financiación singular que pasaba por recaudar todos los impuestos, empezando por el IRPF. Aparte del PSC, el acuerdo también lo avaló el PSOE en un comité federal, la garantía que le sirvió a ERC para someter ese pacto a votación de las bases –que avalaron con una ajustada mayoría, un 53,5%–. Aunque sobre el papel el pacto establecía que de cara al próximo año la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) ya debía recaudar el IRPF, a lo largo de los últimos meses esta previsión no sólo ha mutado, sino que el cumplimiento global del pacto ha quedado en el aire. El choque entre Esquerra y el ministerio de Hacienda se ha hecho evidente en las últimas semanas, dejando en falso al gobierno de Salvador Illa, que ha tenido que hacer equilibrios. ¿Qué separa ahora mismo a ambas partes? ¿Por qué no encaja lo que pide ERC con lo que quiere la titular de su cartera, María Jesús Montero?