MadridTras el veto de Junts y el PP en el decreto ómnibus, el gobierno español se ha visto abocado a trocearlo para salvar el aumento de la subida de las pensiones y, por otra parte, ha introducido medidas a favor de los pequeños propietarios en la suspensión de los desahucios con el fin de asegurarse los votos del PNV y picar el voto del PNV. "Son todo medidas buenas", ha defendido la portavoz de gobierno español, Elma Saiz, sorteando la marcha atrás que ha tenido que realizar la Moncloa en esta ocasión: pese a lo que había dicho previamente, después del batacazo la semana pasada en el Congreso, ha separado las pensiones -Juntos y también el PP apoyan la subida- de las medidas antidesahucios, con medidas nuevas en favor del "consenso", según el gobierno español.
¿Cuáles son los cambios? Si bien se mantiene la prohibición de desahuciar a una familia en situación de vulnerabilidad, se exceptúa a los propietarios que tienen uno o dos inmuebles, ya que en este caso sí se echará a la familia que no pueda pagar el alquiler. El decreto dice que serán los servicios sociales quienes se harán cargo de buscar una alternativa habitacional, aunque en Catalunya, por ejemplo, están en una situación de desbordamiento.
El decreto también establece otra excepción: en caso de que haya personas con tres o más viviendas en propiedad, tampoco se parará el desahucio si el propietario está en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa situación de vulnerabilidad? Se definió en el primer decreto de escudo social a raíz de la pandemia e implica que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar en el mes anterior de la solicitud no supere el límite de tres veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM). Es decir, tres veces 600 euros, que es el mensual de 2026: 1.800 euros brutos al mes.
¿Cuándo quedan suspendidos los desahucios?
La suspensión de desahucios a familias vulnerables queda garantizada en caso de los propietarios que tienen en posesión más de tres pisos.
No se suspenderá el desahucio a familias vulnerables en caso de que exista un contrato de alquiler previo (es decir, no sea una ocupación), el propietario tenga más de tres pisos pero no sea gran tenedor, y esté en una situación de "vulnerabilidad". Hay que tener en cuenta que el concepto de gran tenedor no es el mismo en todo el Estado. En el caso de Catalunya, en las zonas tensionadas, el gran tenedor se define como un propietario de cinco o más pisos. Y de diez en el resto del Estado y en las zonas no tensionadas.
El desahucio de familias vulnerables que no pagan el alquiler sí se ejecutará en el caso de los propietarios que tengan uno o más pisos. En ese caso, corresponderá a los servicios sociales buscar una alternativa habitacional.
Por lo que respecta a los empleos, según fuentes del ministerio de vivienda, si se trata de una vivienda habitual de propiedad, se activa la vía judicial para iniciar el desalojo; y si es una propiedad vacía se activa el llamado "escudo social": si se trata de una familia vulnerable y el propietario es una empresa o persona física mayor tenedor se detiene el desahucio.
Ayer los junteros daban por hecho que se incorporaría alguna medida para intentar satisfacerlos y este martes el PNV ha anunciado un pacto con el gobierno español que iría en sintonía con el que defiende el partido de Carles Puigdemont. "Se permite a los pequeños propietarios recuperar la posibilidad de alquilar sus pisos, evitando que continúen los meses de impagos", explican los jeltzales, alertando del riesgo de que hasta ahora estos pequeños propietarios se convirtieran en "nuevos ciudadanos vulnerables".
Al tratarse de dos decretos leyes, entran en vigor de forma inmediata a partir de su publicación en el BOE. Ahora bien, en un mes como máximo habrá que convalidarlos en el Congreso para que no decaigan. La cuestión de la subida de las pensiones está garantizada, pero ahora mismo no está claro qué va a pasar en el caso del escudo social.
Tiene el apoyo del PNV, pero todavía está en el aire que Junts apoye. Fuentes de la Moncloa reconocen que no han hablado con los de Míriam Nogueras —no negocian directamente desde que rompieron—, pero asumen que las medidas pactadas con los nacionalistas vascos pueden encajarles. "Es un parche", ha reaccionado Nogueras en La Sexta, añadiendo que estudiarán la letra pequeña.
El problema para el gobierno español es que la decisión no ha sido bien recibida por la izquierda: la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la excepción a los pequeños propietarios: "Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha dicho a X la secretaria general del partido l. Reforzó la misma idea la eurodiputada de Podemos Irene Montero, ya que considera que la medida "agiliza los desahucios" y lamenta que se hable de "proteger a los rentistas y no a las familias". "Si gobiernas dando la razón a la derecha, después te extrañas cuando ganan", ha resuelto. Una de las preocupaciones que muestra la izquierda es que con la salvedad para los pequeños propietarios queda en el aire la protección de las 60.000 familias que se veían beneficiadas de la suspensión de los desahucios. Fuentes del gobierno español no dan cifras, pero aseguran que se mantendrá el gran grosor de la prohibición.
Desde Sumar, el socio minoritario de la coalición del gobierno español, reconocen que la negociación de las últimas horas con el PSOE ha sido "intensa" y, de hecho, se ha cerrado este mismo martes por la mañana durante el consejo de ministros, tal y como ha reconocido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una atención a los medios de comunicación. La formación que lidera Yolanda Díaz se muestra satisfecha por el hecho de que se hayan hecho dos decretos, el del escudo social y el de las pensiones -en algún momento ha estado sobre la mesa incluso hacer tres-.
Para Sumar, a diferencia de Podemos, los cambios sobre la medida antidesahucios son mínimos y celebran que vaya de la mano del resto del llamado escudo social aprobado durante la pandemia: desde el bono social para familias vulnerables hasta las ayudas de la DANA. De este modo, creen que desde el PNV y Junts no tendrán la tentación de oponerse a las demás medidas sociales que incluye el decreto. Una estrategia, en todo caso, que también pone contra las cuerdas a Podemos: ¿los de Ione Belarra se opondrán a todo el escudo social porque no están de acuerdo con las excepciones para pequeños propietarios introducidos para satisfacer a Junts y PNV? La respuesta, como máximo dentro de un mes en el Congreso de los Diputados.
2,7% de aumento de los pensionistas
Se mantiene la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,7%, siendo (según la portavoz del gobierno español) una media de 50 euros más al mes para los jubilados. Asimismo, las no contributivas aumentan hasta el 11,35%. Paralelamente, en este decreto también se mantiene la supresión de la obligación, por parte de beneficiarios de la prestación por desempleo, de presentar la declaración del IRPF.
La medida antidesahucios y veinte más
El decreto de escudo social incorpora la suspensión de los desahucios con las excepciones pactadas con el PNV y, además, hasta otras veinte medidas que tienen que ver con la DANA y ayudas con los suministros de los más vulnerables. Concretamente: se establece la prórroga hasta el 31 de diciembre del bono social energético y del suministro de agua y energía; incentivos fiscales a vehículos eléctricos; exención del IRPF en el caso de las indemnizaciones por daños personales en incendios forestales, extensión de las ayudas por la DANA o la deducción en el Impuesto de la Renta de las obras para mejorar la eficiencia energética de una vivienda.
