El Gobierno acelera por aprobar los presupuestos en los próximos días

BarcelonaEl Govern se ha puesto entre ceja y ceja tener presupuestos este 2026. Los del 2025 ni siquiera se llegaron a presentar: con Salvador Illa apenas aterrizado en el consejo ejecutivo, el Govern tuvo que superar su primer año de legislatura con suplementos de crédito ante la negativa de los socios de investidura, especialmente de ERC, de abrir una negociación presupuesto. Este año el Gobierno ya ha iniciado conversaciones con los Comunes, que dan por cumplidos los acuerdos que firmaron el pasado año y ya han fijado sus condiciones por las cuentas de este año. Ahora bien, todavía no ha entrado en la ecuación el otro socio de investidura, Esquerra, imprescindible para que los presupuestos vean la luz. El ejecutivo tenía en mente aprobar el proyecto de ley la próxima semana en el consejo ejecutivo y tener terminado todos los trámites parlamentarios antes de que acabe el mes de marzo o como mucho, después de Semana Santa. De hecho, según fuentes consultadas por el ARA, el ejecutivo había prevenido a los consellers para que estuvieran preparados para este escenario.

Ahora bien, en estos momentos este calendario está en el aire porque el ejecutivo está a la espera de llegar a un acuerdo con ERC para intentar desatascar la recaudación del IRPF y empezar a negociar las cuentas. Las conversaciones son diarias ya tres bandas –Gobierno, ejecutivo estatal y ERC– y, según algunas fuentes consultadas, el escenario que hay sobre la mesa ahora mismo es acelerar las conversaciones para que, si no puede ser la próxima semana, el consejo ejecutivo pueda aprobar las cuentas la semana del 23 de febrero. ¿Cuál es el camino que hay en estos momentos sobre la mesa para que Esquerra se avenga a negociar los presupuestos?

La vía para acercar ERC

En los últimos días, ha entrado en juego un elemento nuevo que podría servir de desapego de las negociaciones. Se trata del consorcio de inversiones que los republicanos pactaron con el PSC por la investidura de Salvador Illa y que hasta ahora estaba atascado. De este órgano debían formar parte el Estado y la Generalidad y debía servir para fiscalizar la ejecución de las inversiones en Cataluña. A raíz del caos en Cercanías de los últimos días, este consorcio sobresale como un elemento que puede servirle al Estado para redondear el relato sobre su compromiso inversor en la red ferroviaria catalana y, a la vez, cumplir uno de los compromisos bloqueados con ERC.

Una de las vías para materializar este consorcio sería que ERC presentara una proposición de ley en el Congreso. ¿Puede este consorcio ser la nueva condición de los republicanos olvidando la del IRPF? Esquerra asegura que no. La vía para no renunciar pasaría por aparcar la proposición de ley que el partido tiene registrada en el Congreso para amparar legalmente a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) y trasladar su contenido a través de enmiendas a la ley de la financiación, que debe presentar María Jesús Montero próximamente al Congreso –y que debe recoger el nuevo modelo que presentó en enero–, según ha. Entonces dependería del PSC, pero sobre todo del PSOE (y del resto de socios parlamentarios), que estas enmiendas prosperaran y, por tanto, que se adelantara en la recaudación del IRPF que recoge el acuerdo de investidura de Salvador Illa –y que ahora el gobierno español se resiste a materializar–. De hecho, los republicanos mantienen que necesitan un compromiso de que esta cuestión no caiga en saco roto.

Los republicanos mantienen que es el PSC quien debe moverse si quiere actualizar los presupuestos y le piden que presione al ejecutivo español en este sentido. ERC tenía previsto llevar a votación la admisión a trámite de su proposición de ley sobre el IRPF el 24 de febrero en el Congreso, pero ese debate podría sustituirse por el de la ley sobre el consorcio de inversiones. Govern y ERC negocian, así, una pista de aterrizaje que permita a los republicanos sentarse en la mesa de negociación por los presupuestos.

De puertas afuera, el ejecutivo sigue diciendo que mantiene el objetivo de que las cuentas sean aprobadas antes de que acabe el mes de marzo. "Suaremos la camiseta", decía esta semana la portavoz, Silvia Paneque, utilizando una expresión que ha utilizado en los últimos meses el presidente español, Pedro Sánchez. Con el calendario en la mano, si el Gobierno no presenta las cuentas la próxima semana o como mucho la siguiente, será muy difícil cumplir el calendario.

La negociación con los Comunes

Los Comunes, con los que el Gobierno negocia formalmente las cuentas, han pedido explícitamente que el ejecutivo no apruebe la ley de presupuestos antes de cerrar un acuerdo con ellos y entrarlos en el Parlament. Una situación, pues, idéntica a la de ERC. Las conversaciones con el grupo de Jéssica Albiach apenas llevan una semana comenzando y, de momento, se han reunido en tres ocasiones —se volverán a reunir el lunes—. Fuentes de esta formación aseguran que todo ello todavía está en pañales y que necesitan más tiempo. Lo ha verbalizado el portavoz de los Comunes, David Cid, este viernes después de la última reunión con el Govern y ha asegurado que siguen "lejos" de cerrar un acuerdo porque el ejecutivo no se mueve lo suficiente en dos carpetas que el partido considera prioritarias: la vivienda y los trenes, informa Martina Alcobendas. Además exigen concretar la condición "imprescindible" que han puesto: prohibir la compra especulativa de vivienda.

Según ha explicado esta semana la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, el informe de los expertos encargado por el Gobierno ve "constitucional" la medida. Ahora bien, Paneque echó balones fuera cuando le preguntaron por el tema, explicando que no hará valoraciones hasta que haya un "acuerdo" sobre la propuesta. A la espera de cómo se concreta, fuentes de los Comunes explican que están avanzando en otras cuestiones como el plan de refuerzo de Cercanías y la red de bus alternativa, además de las medidas que exigen en materia de vivienda y que pasan, entre otras, por incrementar hasta los 1.200 millones de euros el presupuesto en este ámbito. El Gobierno, por su parte, aseguró este viernes que las conversaciones avanzan "a buen ritmo para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible".

¿Presupuestos de legislatura?

El Govern tiene vigentes todavía los presupuestos del 2023, los últimos que aprobó el gobierno de Pere Aragonès con el apoyo de los socialistas y los Comunes. Si Salvador Illa logra sacar adelante las cuentas de este 2026 -que se reincorporará el lunes al trabajo después de casi un mes de baja por la osteomielitis pública que se le diagnosticó-, serían los primeros de la legislatura. Y quizás los últimos. ¿Por qué? De puertas adentro, el Gobierno recuerda que el próximo año hay elecciones municipales y que este contexto preelectoral no es el más propicio para que los partidos se avengan a negociar unos presupuestos. Quedarían todavía los del 2028, pero éstos podrían ser aún más difíciles porque sería el último año de legislatura de Salvador Illa y los partidos volverían a estar en modo electoral, preparándose para las elecciones catalanas.

Por eso, el Gobierno quiere apretar el acelerador este año, consciente de que puede ser la única oportunidad que tenga para aprobar los primeros presupuestos del ejecutivo socialista. Sin cuentas, daría signos de debilidad en un contexto en el que se le acumulan las crisis. Cercanías es la principal patata caliente que tiene para solucionar –aunque es consciente de que no será a corto plazo–, pero también se le han sublevado los maestros, los médicos y los campesinos. Ahora bien, también es cierto que en el Parlamento no existe aritméticamente una alternativa a Isla y el contexto de auge de la extrema derecha beneficia a un presidente socialista que se presenta como el antídoto.