Uno de los objetivos de la reforma de la administración que ha impulsado el Gobierno es que la atención ciudadana llegue a todo el territorio. Por eso, a lo largo de esta legislatura el ejecutivo pondrá en marcha once Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) integradas en todo el país. El Govern, además, también se ha propuesto llegar a los municipios más pequeños y, para ello, ha diseñado cinco oficinas móviles. "Uno de los objetivos de la reforma de la administración es hacer la vida más fácil a los ciudadanos", ha defendido el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones a los medios de comunicación. El Govern ha cifrado la inversión de este impulso de la atención ciudadana en 13 millones de euros.

Tenemos problemas colectivos de todo tipo cada vez más enrevesados, con temas que se solapan y mezclan. Suele ocurrir que las administraciones públicas que deben dar respuesta tienen una división de competencias y de niveles de gobierno que, muchas veces, hace difícil saber quién debe ocuparse de qué. Pero si, además, la administración más relevante en Cataluña utiliza diferentes mapas y divisiones territoriales en cada conselleria, el tema es muy preocupante. En efecto, las diferentes consejerías de la Generalidad de Cataluña operan con divisiones territoriales que no coinciden entre sí. Es cierto que esta falta de homogeneidad responde a las necesidades históricas y logísticas específicas de cada ámbito de gobierno (sanidad, educación, etc.), pero también es cierto que, a medida que los efectos del cambio de época van haciendo, como decíamos, más complicadas las cosas, podría empezar a pasar lo de "la gente tiene problemas, la Generalitat consejerías".

La Escuela de Administración Pública de Cataluña es una institución centenaria: nació en 1912 y es una de las más antiguas de Europa. Fue fundada por Enric Prat de la Riba y es ahora el centro de formación de referencia del funcionariado catalán. Ahora, sin embargo, el Gobierno quiere que vaya un paso más allá, en el marco de la reforma de la administración pública que tiene en marcha. Para ello, y según trasladan al ARA fuentes del Govern, el consejo ejecutivo dará este martes el pistoletazo de salida a la redacción de la nueva ley de la Escuela de Administración Pública, con la idea de tenerla terminada el verano de 2026 con el "máximo diálogo" con el sector público, las entidades municipalistas y los grupos parlamentarios. No es el primer ejecutivo catalán que lo intenta: el gobierno de Pere Aragonès trabajó una propuesta que finalmente se quedó en el cajón, tras la ruptura con Junts; anteriormente, en 2017, en 155 pasó por encima de la reforma en la que había trabajado el entonces director de la Escuela, Agustí Colomines, ahora diputado de Junts.

Hace casi 15 años que impulsamos mejoras en la calidad institucional de nuestras administraciones con el objetivo de lograr una mayor complicidad con la ciudadanía y, por tanto, una mayor legitimidad social. Se trata de un conjunto de reformas orgánicas como la transparencia, la rendición de cuentas, la Administración abierta, la integridad y lucha contra la corrupción, sistemas internos de compliance, etc. Todo esto se desplegó con buen criterio, ya que estos ingredientes de calidad institucional representaban la eterna asignatura pendiente de las administraciones nacionales en comparación con las de los países más avanzados y maduros en el plano democrático. Pasar de la retórica a la práctica no ha sido sencillo y las administraciones han tenido que invertir un extraordinario volumen de recursos para poder implantar estas estrategias. El resultado de todo esto genera dos paradojas. La primera: que, de forma sorprendente, los ciudadanos de a pie han acogido con absoluta indiferencia todas estas novedades. La segunda: que los esfuerzos organizativos por cumplir estas nuevas exigencias han ido en detrimento de la calidad de los servicios públicos y, en estos momentos, la legitimación social de las administraciones públicas está, seguramente, en su momento más bajo en las últimas cuatro décadas. En definitiva: hemos impulsado unos instrumentos para gozar de mayor complicidad social y el resultado ha sido justo lo contrario. Ponemos sobre la mesa algunas reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante los últimos años:

Reformar la administración es, reconocen desde el Govern, un proceso "enormemente lento". Por eso el PSC se puso poco después de desembarcar en el Palau de Generalitat: en octubre de 2024 creó un grupo de expertos —la Cetra— que tenía el encargo del presidente, Salvador Illa, de estudiar qué cambios es necesario impulsar al sector público para modernizarlo y hacerlo más eficiente. Ahora, los 68 expertos de la Cetra han terminado su trabajo y su presidente, Carles Ramió, ha entregado este lunes a Isla un informe con 50 propuestas para poner las pilas en la administración. Su objetivo es mejorar la calidad de los servicios públicos, pero también asegurar su viabilidad en una Catalunya que, en el 2040, tendrá ya nueve millones de habitantes y una población más envejecida, según sus cálculos.

Malos tiempos para el catalán, también en las administraciones públicas. Un juez del juzgado de lo contencioso administrativo de Barcelona ha aplicado un riguroso test de proporcionalidad a la exigencia del nivel B2 de catalán para hacer de operario de cementerio en Vic, aunque se trata de un nivel intermedio-alto (o intermedio avanzado), lo que quiere decir, según el Marco Europeo (MECR), que eres apto para expresarte con fluidez en problemas sin dificultades con situaciones cotidianas y profesionales. Se trata del mismo requisito que fijan las bases de la convocatoria de dos plazas de chófer polivalente del Parlament, también impugnadas.

Trabajar al servicio de la sociedad desde la administración pública es una opción cada vez más atrayente para muchas personas. Permite realizar un trabajo con impacto en la vida de la ciudadanía y contribuir al bienestar colectivo. Además, ofrece unas condiciones laborales estables que ayudan a la conciliación familiar, permitiendo desarrollar una trayectoria profesional diversa y enriquecedora.

La revolución de la inteligencia artificial (IA) ha llegado a la administración. Ya hace unos años que el sector público empezó a incorporar herramientas de procesamiento masivo de datos, pero la aceleración de estas tecnologías abre ahora nuevos horizontes: por ejemplo, para pillar corruptos, detectar fraude fiscal, ayudar a los contribuyentes a hacer la declaración de la renta o multar a quien no lleve la etiqueta ambiental al coche escaneando su matrícula. Algunos de estos mecanismos forman ya parte del día a día de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Seguridad Social o de algunos ayuntamientos. Otros apenas empiezan a tomar velocidad. Es un tema que gana peso en la actualidad política, a raíz de escándalos como el caso Cerdán o Montoro, pero también los incumplimientos de España en los compromisos anticorrupción que le reclama el Consejo de Europa.

Mientras intentábamos respirar en medio del calor que no dejaba ni dormir, del humo de los incendios y de la bronca política española, que ya ha alcanzado el nivel de saunas y prostíbulos, una buena noticia se colaba entre las estrechas rejas de las noticias que consiguen un titular: la reforma de la administración impulsada por el Gobierno irá pronto al Parlamento.

La inteligencia artificial está generando unas expectativas extraordinarias, en particular en aquellos ámbitos donde llevamos años atascados como sociedad. Uno de estos ámbitos es la franca obsolescencia de la administración: la IA cortará el nudo gordiano de la ineficacia y la ineficiencia y, por fin, acabará el lío de la burocracia y el darse de cabeza contra la pared por los trámites administrativos. Las esperanzas no son sin fundamento. A una velocidad inédita para la administración, ya estamos viendo pruebas de concepto y pruebas piloto mucho más que prometedoras y con impactos reales tanto en satisfacción como en el tiempo necesario para lograr esa satisfacción. Sin pretender echar agua al vino, la pregunta que hay que hacerse es si estas mejoras son paliativas –y bienvenidas sean– o son realmente transformadoras –y en consecuencia tendrán un efecto multiplicador en toda la administración y la sociedad.

En la edición del ARA del pasado 11 de mayo se publicó un artículo del rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Javier Lafuente, bajo el título "Un salto adelante para el sector público catalán". Comparto plenamente con el sr. Lafuente el deseo de reformar la administración para hacerla más útil a los ciudadanos. Tengo, sin embargo, discrepancias en cuanto a la forma que plantea. El sr. Lafuente afirma que la transformación del sector público "debe pivotar sobre tres pilares fundamentales: la digitalización, la tecnificación del personal y el reconocimiento de quienes se dedican a ello". Me alineo con la tesis del economista Daron Acemoglu, cuando afirma que la prosperidad de los países radica en tener buenas instituciones. Sin buenas instituciones, y la administración pública es una fundamental, servirán de poco una mejor financiación para Catalunya o el traspaso de Cercanías. En consecuencia, nos jugamos mucho en la operación de la reforma y, por tanto, debemos acertar en lo que hay que hacer.

En tiempos de desconfianza hacia las instituciones, hablar de participación ciudadana puede parecer una apuesta arriesgada. Pero precisamente por eso hace falta más que nunca disponer de herramientas que fortalezcan la democracia y acerquen a la ciudadanía a la toma de decisiones. Cataluña, en este sentido, tiene una asignatura pendiente: aprobar su ley de participación ciudadana. (En el ámbito de la participación electoral también tiene otra: aprobar una ley electoral propia.)

En fútbol, ​​cuando la actuación arbitral ha sido acertada suele decirse que "ha pasado desapercibida". La aspiración de las administraciones públicas debería ser ésta: que no se note su presencia pero que su acción desarrolle adecuadamente las políticas públicas y permita que la vida de los ciudadanos transcurra sin obstáculos ni injusticias. Tan sencillo y tan complejo a la vez.

Más de 7.000 nuevas plazas para empleados públicos de la Generalitat. En concreto, 7.886. El Govern ha aprobado este martes esta nueva convocatoria para este 2025, que va dirigida especialmente a plazas para cuerpos de seguridad, de prevención y extinción de incendios, sanitarios, docentes, penitenciarios y personal de administración. De las más de 7.000 plazas convocadas, 1.102 son de promoción interna y hay un 7% de plazas reservadas a personas con discapacidad (392).

El ataque brutal que tiene en marcha la nueva administración Trump y sus aliados de la tecnooligarquía contra todo lo que suena a público es tan exagerado que puede parecernos simplemente estrambótico, y como tal pasar a formar parte de lo que vamos comentando con los compañeros de trabajo y los amigos y amigas cuando tenemos un rato. Pero la cosa es mucho más seria, ya que cuando se ataca el gasto público, los servidores públicos, los impuestos y todos los llamados chiringuitos institucionales, detrás de él hay políticas y servicios públicos esenciales para gran parte de la población. Por otra parte, no es sólo una excentricidad más de la nueva era trumpiana, sino que en Europa (y en Cataluña) hay muchos partidarios de aplicar la misma lógica a un sector público al que acusan de derrochar recursos, de preocuparse sólo de los que se aprovechan del sistema y de haber crecido de forma desmedida.

Créanme: sé de qué hablo. No sólo he enseñado temas de gestión pública a nivel de graduado en la universidad y de postgraduado en la Escuela de Administración Pública de Cataluña, sino que conozco bien la administración por dentro, especialmente la sanitaria, la social y la educativa, e incluso he presidido una Comisión para la Modernización y Reforma de la Administración Pública por encargo del president Mas, en 2013.

Un envío por correo que salga del pueblo osonense de Seva en dirección a Viladrau, a unos 13 kilómetros de distancia, irá primero a Arbúcies, después a Girona, será enviado a Barcelona, ​​y desde allí, finalmente, a Seva, habiendo realizado un recorrido de unos 209 kilómetros. Es sólo un ejemplo de las gincanas y gestiones prácticas a las que se han tenido que acostumbrar los municipios que viven bajo la excepción de vivir a caballo entre las demarcaciones de Girona y Barcelona.

Carles Ramió (Girona, 1963) es catedrático de ciencia política y de la administración por la Universidad Pompeu Fabra y desde esta semana preside formalmente la comisión de expertos que ha puesto en marcha el Gobierno para la transformación de la administración pública (CETRA). Cuenta sus planes en el ARA.

La administración compartimenta y protocoliza. Reparte responsabilidades y pone en fila a personas y equipos. Sin embargo, los problemas y especialmente los gordos –como las inundaciones en Valencia de estos días– no suelen respetar ni compartimentaciones ni protocolos, y atacan donde quieren y salen allí donde la organización es más débil: en el punto de soldadura donde se empalman una muchedumbre de protocolos y donde las placas tectónicas de las administraciones chocan unas contra otras.

Ismael Peña López (Mataró, 1973) fue el director de la Escuela de administración pública la pasada legislatura. Dimitió el 8 de octubre, con el cambio de Gobierno, pero admite que llevaba tiempo sin encajar en las "dinámicas de partido".