Una urgencia de gobierno de la que nadie habla
Con el nuevo gobierno de la Generalitat se inicia un nuevo ciclo político en Cataluña. Como era inevitable, estas primeras semanas se ha hablado mucho de los nombramientos de consejeros y algunos otros altos cargos y de los compromisos asumidos en el acuerdo de investidura entre PSC, ERC y Comuns, como el nuevo modelo de financiación singular o el traspaso de Cercanías. También se han conocido ya algunas prioridades de gobierno, como un necesario impulso a la ley de barrios, el refuerzo de determinadas políticas públicas o una importantísima y urgente reforma de la administración catalana. Todo esto son buenas noticias. Pero existe un ámbito del que nadie habla y que, en cambio, es crucial para Cataluña: el gobierno Isla debería impulsar un verdadero proyecto de regeneración democrática catalana. Aquí explico por qué es necesario y cuáles deberían ser, en mi opinión, sus claves.
Empecemos por los déficits legales a enderezar. Recordemos, en primer lugar, que Cataluña es la única comunidad autónoma que no tiene ley electoral propia y que, por tanto, se rige de forma supletoria por la Loreg, la ley electoral española. El Parlamento de Cataluña ha sido incapaz en 45 años de historia reciente de legislar un régimen electoral propio, aunque tiene sus competencias y, de hecho, el mandato para hacerlo, atribuidas por el Estatuto de Autonomía (tanto el del año 1979, como el de 2006). En una comunidad con firme voluntad de autogobierno como la nuestra, esta anomalía no resulta comprensible. Es, de hecho, una vergüenza democrática.
Es cierto que ha habido varios intentos de elaborar una ley electoral, pero también que todos ellos han fracasado por la imposibilidad de llegar a un acuerdo político amplio y transversal. Los partidos políticos catalanes no han sabido trascender sus intereses electorales de corto plazo y han abordado esta cuestión crucial para la democracia catalana siempre con la calculadora electoral en mano.
Que los partidos políticos no tengan más visión de país y de larga duración no es exclusivo de los partidos catalanes (aunque esto no ha impedido que todas las demás comunidades hayan logrado adoptar su propia legislación). De hecho, en todos los sistemas democráticos del mundo se produce ese choque de intereses e incentivos cruzados entre partidos que dificulta los acuerdos en una cuestión políticamente tan sensible como ésta. Por eso han desarrollado diversas estrategias para superar este escollo. En muchos países se ha decidido dejar esto en comités de expertos, previo compromiso de los partidos de aceptar lo que los comités propongan de manera consensuada. Aquí ya se intentó con los Governs tripartitos entre 2003 y 2007 y acabó en fracaso. En otros países, se ha superado el obstáculo de los partidos a través de iniciativas ciudadanas. También en Cataluña se intentó esta vía en 2010, aunque la iniciativa estuvo congelada más de cuatro años hasta que los partidos aceptaron tramitarla. Y en cualquier caso terminó también fracasando.
Quizá deberíamos impulsar una solución imaginativa, como la que puso en marcha la provincia de la Columbia Británica en Canadá en el año 2004. Consistía en crear la primera asamblea ciudadana de la historia, una herramienta ahora de moda y que ha proliferado en todas las democracias, mediante la cual un conjunto de ciudadanos escogidos por sorteo siguiendo ciertas reglas de estratificación para asegurar la mejor representación descriptiva posible, y debidamente instruidos por un conjunto de expertos, deliberaron durante varios días para consensuar un texto con una propuesta sobre un tema de política pública, en este caso sobre un modelo de ley electoral, que es después sometido a referendo. Si lo que se quiere es encontrar un régimen electoral que promueva un debate público de calidad y que cuente con el máximo apoyo popular, como sería deseable en una democracia avanzada, ésta es una vía óptima.
Pero tenemos una segunda anomalía legal incomprensible. Cataluña es también la única comunidad autónoma de España que no tiene una ley de participación ciudadana propia. Cierto es que tenemos varias leyes que regulan algunos instrumentos de participación, como la ILP o las consultas populares no referendarias, pero son dispersas, generan contradicciones y dejan muchos aspectos sin regular. La Generalitat trabaja desde hace años en un borrador de ley de participación, desde que se iniciaron los estudios previos cuando Ismael Peña López era director general, y ha estado en el mandato anterior, bajo la dirección de Jaume López, que se ha podido consensuar de forma participativa y en colaboración con expertos, un borrador de anteproyecto de ley que la convocatoria de elecciones anticipadas no permitió introducir en el trámite parlamentario. El texto es bueno y no debería suscitar controversias partidistas. Esperamos que el nuevo Gobierno le impulse definitivamente.
En cualquier caso, estas dos importantes iniciativas legislativas, siendo necesarias, no son suficientes para garantizar una verdadera regeneración democrática en Cataluña. Se necesitan medidas valientes en el ámbito educativo; es necesario profundizar en los principios de gobierno abierto y transformar nuestras instituciones políticas –empezando por el Parlamento– para adecuarlas al nuevo contexto tecnológico en el que vivimos –muy especialmente en el uso de la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta fundamental en la evolución de la democracia–; es necesario compromiso institucional para abrir la administración al control y la participación ciudadanas en todos sus niveles, con apoyo especial al ámbito municipal; son necesarias acciones decididas para mejorar la calidad de la deliberación pública del país y asegurar un ecosistema independiente de medios de comunicación; son necesarias medidas de apoyo a las iniciativas ciudadanas y los movimientos sociales para que encuentren sus propias formas de expresión y participación. Necesitamos todo esto y aún más en un verdadero plan integral de regeneración democrática, que espero que el nuevo Gobierno adopte como una de sus prioridades de mandato.
