En los últimos años, la relación entre la Unión Europea y las grandes empresas tecnológicas ha sido una de las más complejas y, al mismo tiempo, cruciales para el futuro de la gobernanza digital. Las regulaciones en materia de derechos digitales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y las leyes de servicios digitales (DSA), han sido intentos significativos de Bruselas por proteger a los ciudadanos. Sin embargo, lo que antes parecía una batalla legislativa interna de Europa contra los gigantes de Silicon Valley ha tomado una nueva dimensión con la intervención directa de Estados Unidos.
Las embestidas del nuevo gobierno de EE.UU. Trump, con su enfoque populista y antiregulador, ha encontrado a un aliado en la figura de Elon Musk, quien ha defendido repetidamente la idea de que las regulaciones gubernamentales son un obstáculo para la innovación, aunque muchos de sus negocios no existirían sin abundantes ayudas públicas.
En los últimos tiempos la presión hacia la UE para que suavice sus leyes en materia de derechos digitales se han intensificado. Lo vimos en el discurso del vicepresidente de EE.UU. en la Conferencia de Seguridad de Múnico: Vance cargó contra las políticas de la UE dirigidas a luchar contra la desinformación y el contenido ilegal en las redes sociales, comparando estas leyes con la censura de la era soviética. Esta declaración llegó apenas unos días después de que Vance afirmara en la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial de París que las leyes tecnológicas de Europa estaban frenando el desarrollo de la inteligencia artificial e inhibiendo la innovación, una postura que las big tech llevan años defendiendo en Bruselas.
Las presiones de las grandes tecnológicas. La influencia de EEUU es un factor relativamente reciente, pero las grandes tecnológicas llevan años presionando sobre la legislación europea. Principalmente, a partir de la negociación del RGPD, los gigantes de internet han ejercido un fuerte lobi que ha logrado retrasos en la implementación de leyes clave y ha logrado excepciones beneficiosas.
A pesar de los esfuerzos de la UE por imponer reglas claras para proteger la privacidad y los derechos digitales, las empresas tecnológicas han encontrado múltiples formas de esquivar las normativas. La promesa de aplicar el RGPD de forma rigurosa, por ejemplo, se ha quedado en gran parte en papel mojado. Pese a las grandes sanciones impuestas a gigantes como Meta, la compañía ha continuado desafiando a la normativa con modelos de negocio que dependen de la explotación masiva de datos. Su sistema de Pay or Okay, que obliga a los usuarios a aceptar la vigilancia publicitaria o pagar por su privacidad, es una de las estrategias con las que intenta eludir el RGPD. La verdadera aplicación de estas multas, cuando las hay, ha sido, en muchos casos, débil, y las empresas siguen operando con prácticas que infringen las normativas de protección de datos y privacidad.
El problema fundamental radica en la carencia de un sistema de ejecución eficaz, pero sobre todo en la resistencia activa de las grandes empresas. En muchos casos, las plataformas siguen extrayendo nuestros datos personales manipulando el consentimiento mediante dark patterns. Interfaces engañosas, opciones preseleccionadas y flujos de diseño confusos presionan a los usuarios para que acepten la vigilancia publicitaria sin una elección realmente libre. Además, existen múltiples evidencias que siguen recopilando y procesando datos incluso cuando los usuarios intentan limitarlo a sus configuraciones. Lo hacen para alimentar sus sistemas de recomendación, que favorecen contenido perjudicial como discursos de odio, desinformación... Las publicidades personalizadas siguen siendo una de las principales herramientas para maximizar los ingresos de estas compañías, a expensas de nuestra privacidad y seguridad en internet.
El poder de los tecnobros. El fenómeno de los tecnobros –empresarios tecnológicos que se ven a sí mismos como visionarios disruptivos– se ha consolidado como un elemento clave en la resistencia a la regulación y forma parte de un amplio espectro de narrativas neoliberales y conservadoras que incluyen ideologías de extrema derecha. Detrás de la retórica de estos empresarios se esconde una visión peligrosa: una defensa sistemática de la desregulación no sólo para maximizar sus ganancias, sino también para socavar la protección de derechos fundamentales. Los tecnobros se han convertido en aliados estratégicos de fuerzas políticas que abogan por la negación de derechos básicos para millones de personas. En el contexto estadounidense, esta postura se alinea con el rechazo de derechos laborales, sociales y humanos, buscando desmantelar las protecciones que defienden a las comunidades más vulnerables. Más allá de las fronteras estadounidenses, estas narrativas se extienden a la negación de derechos digitales, como la privacidad y protección de datos personales, favoreciendo modelos de negocio basados en la explotación masiva de datos, sin importar las consecuencias sociales o políticas.
Esto se traduce en una lucha no sólo contra la legislación digital, sino contra cualquier forma de regulación que busque proteger la dignidad humana frente a los intereses corporativos.
En este escenario, la desregulación se presenta no sólo como una cuestión económica, sino como un ejercicio de poder político, que despoja a los ciudadanos de su capacidad para exigir derechos. La UE debería reforzar la aplicación de sus normas y sellar las rendijas que permiten a las grandes tecnológicas seguir explotando los datos personales y evadir su regulación. Además, debe hacer frente a la presión de EEUU, que insiste en debilitar estas normativas a favor de los intereses de Silicon Valley. Sin un mecanismo de ejecución eficaz y sanciones realmente disuasivas, las estrategias de manipulación, la desinformación y el abuso del poder digital seguirán debilitando los derechos fundamentales y consolidando el dominio de varias empresas sobre la vida de millones de personas.
