Nueva legislatura: ¿y la justicia qué?

¿Por qué la justicia siempre es la gran olvidada de la política? En las 25 páginas del acuerdo de investidura entre PSC y ERC no hay ninguna referencia a las políticas públicas de justicia. Tampoco hay rastro en las 13 páginas del pacto con los Comuns. Alguien podría decirme que estos dos documentos son acuerdos de carácter genérico que no entran en detalles sectoriales. Muy bien. Pues vayamos al debate de investidura del pasado 8 de agosto. Más de seis horas con intervenciones de todos los grupos parlamentarios. Ninguna mención. Nadie. Olvidados por todos. Esta es nuestra realidad.

Hago esta introducción porque me resisto a normalizar esa invisibilidad que sufrimos, que no es cosa de ahora sino que viene de hace años. Y lo planteo así, de forma dura, porque pienso que este es el primer reto que todos debemos superar. Estaremos de acuerdo en que la salud, la educación, la vivienda, la seguridad, la economía o la transición ecológica son ejes del estado del bienestar, pero también lo son la justicia y todas las políticas públicas que tienen que ver con el turno de oficio y el derecho a defensa, con la violencia de género y la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, con resolver el colapso de los juzgados o, en definitiva, con todo lo que sea construir un modelo de justicia cercano, ágil y eficaz.

Desde la abogacía catalana queremos que la constitución del nuevo gobierno de la Generalitat sea una oportunidad para avanzar. Ya he tenido la ocasión de felicitar al president Salvador Illa y al nuevo conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y ponerme a su disposición para trabajar con estos objetivos. Y lo vuelvo a hacer ahora públicamente. Nuestra mano estará siempre tendida, porque queremos formar parte de las soluciones. Por tanto, recibimos el nuevo gobierno con confianza y la máxima predisposición al diálogo y la colaboración porque también, modestamente, nos hacemos nuestra la expresión unir y servir como motor de nuestras acciones.

Esta es una legislatura que deberá dar respuestas. La abogacía lleva demasiado tiempo arrastrando asignaturas pendientes. Y no sorprendo a nadie si aquí menciono de nuevo la situación de la justicia gratuita. Las penosas condiciones de los abogados y abogadas del turno de oficio requieren medidas urgentes porque si no, no solo estamos maltratando a 6.000 compañeros y compañeras, sino que estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad de un sistema que es estratégico para garantizar que todo el mundo tenga acceso a la justicia. Hace años que lo reivindicamos. Ningún otro colectivo profesional podría permitirse que en los últimos 14 años se haya incrementado su salario un misérrimo 3,9%, cuando solo la inflación en ese mismo período supera el 32%. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo perdido y, sobre todo, dar estabilidad al sistema para que esto no vuelva a ocurrir. Este debe ser uno de los primeros temas que debemos poner sobre la mesa, y no tengo ninguna duda de que compartiremos la diagnosis y encontraremos el remedio.

Igualmente, también creo que compartimos con el nuevo gobierno la necesidad de poner fin al colapso judicial con la creación de nuevos juzgados e impulsando métodos adecuados de resolución de conflictos como la mediación, que permitan frenar la judicialización de muchos litigios. De la misma forma que ya hemos manifestado nuestra oposición a la propuesta para centralizar los juzgados de violencia machista que, en las condiciones en las que se ha planteado hasta ahora, supondría un retroceso en la atención a las víctimas.

La lista de temas a abordar daría para varios artículos y tendremos tiempo durante esta legislatura para comentarlos. Pero sí que me gustaría hacer una última mención a un tema que para el Consejo de la Abogacía Catalana es fundamental. Me refiero a la lengua catalana. Una de nuestras misiones fundacionales implica promover el uso del catalán en la justicia y es una excelente noticia la creación del departamento de Política Lingüística y, aún más, que esté encabezado por el conseller Francesc Xavier Vila, con quien ya hemos tenido honor de trabajar durante su etapa al frente de la secretaría de Política Lingüística. Aquí el reto que tenemos delante también es mayúsculo, pero es un buen punto de partida que la lengua catalana esté en el centro del debate político y que la administración se dote de más herramientas para promover su uso.

Esta sería, de forma muy resumida, nuestra carta de presentación al nuevo gobierno. Con toda la exigencia que siempre hemos mantenido en defensa de la abogacía catalana, pero con la máxima lealtad, respeto y colaboración. Y, sobre todo, con la esperanza de que, ahora sí, sea el turno de la justicia.