La aprobación, hace veinte años, del matrimonio igualitario supuso para el colectivo LGTBI la conquista de un derecho civil, la "normalización" de las parejas del mismo sexo, y más aún de las mujeres lesbianas. Lo remarca el activista y artista Alpe Conceptes, que desde que era un adolescente, en el tardofranquismo, se había movido por el ambiente barcelonés –donde conoció a los que fueron los grandes referentes de la lucha del colectivo– y que, acogiéndose a la ley holandesa, había formalizado por notario la unión con su pareja hombre en el año 10. una ceremonia que acabó con una comida familiar. Años después, en el 2000, la pareja se separó y regresó al notario para rehacer sus respectivos testamentos. En ese momento, el matrimonio igualitario no estaba en la agenda social y Llucià Ainsa vivía su homosexualidad de puertas adentro, lejos de las reivindicaciones y de la lucha LGTBI.

El heraldista Armand de Fluvià, fundador del histórico Frente de Liberación Gay de Catalunya (FAGC), creado en 1975 poco antes de la muerte del dictador Francisco Franco, ha fallecido este viernes a los 92 años en Barcelona, ​​según ha informado el FAGC. El activista ha sido uno de los referentes en la lucha y la conquista de los derechos de los colectivos LGTBI, e impulsó la creación de diferentes entidades, como el Movimiento Español de Liberación Homosexual y el Casal Lambda de Barcelona. Licenciado en Derecho, acabó dedicándose a la heráldica, hasta convertirse en un referente catalán en este campo, con numerosas distinciones internacionales.

Los miles de manifestantes a favor de los derechos LGBTI que han recorrido este sábado el centro de Barcelona han aprovechado la atención con motivo del Día del Orgullo para enviar cuatro mensajes contundentes. El primero, que no quiere ser utilizado por Israel, presentado como el país de Oriente Medio más abierto con la diversidad de género, como “justificación del genocidio” contra la población de Palestina. El segundo, que es una necesidad urgente poder “plantar cara” a la crisis ecologista provocada por el cambio climático y la social causada por los problemas de acceso a la vivienda. El tercero, que el auge de la extrema derecha se está traduciendo en un incremento de agresiones al colectivo que a menudo quedan "impunes". Y, en cuarto lugar, que es imprescindible la aprobación de una ley trans catalana, paralizada por la convocatoria de nuevas elecciones, que blinde los derechos de este colectivo, a menudo migrante.

La Iglesia ortodoxa griega sigue profundamente molesta por la decisión del gobierno conservador y el Parlamento griego de legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo y reconocer a los niños de las parejas LGBTIQ+ y los nacidos a través de la gestación subrogada. Tres semanas después de este hito en el país heleno, el Santo Sínodo ha propuesto excomulgar a los diputados que apoyaron la ley y han asegurado que no bautizarán a los hijos de las parejas LGBTIQ+. Este tipo de exabrupto de los prelados griegos no es nada nuevo en Grecia: en el 2020, en plena pandemia de la cóvid ​​19, quisieron excomulgar al primer ministro Kyriakos Mitsotakis por haber propuesto que la comunión se dejara de hacer con la misma cucharilla en la boca de todos los fieles.

Una camarera del chiringuito Kaliua de Badalona ha denunciado que la despidieron por el mero hecho de tener pelos en las axilas. Disconforme por lo que consideraba una injusticia, la mujer llevó su caso al colectivo LGTBIQ+ Qaliu, que habla abiertamente de una "discriminación sexista". La chica ha asegurado a RAC1 que un cliente se quejó de que dejara ver sus pelos al vestir una camiseta de tirantes y fue entonces cuando la dirección del local le pidió que se tapara con una manga corta o directamente se depilara.

Inney Romero y Julián Parra llegaron el pasado 19 de mayo a Barcelona. Tuvieron que huir apresuradamente de su Venezuela natal después de haber sufrido amenazas y agresiones. Su crimen: defender los derechos de las personas intersexuales y haberse negado a avalar falsos títulos universitarios para "ministros, viceministros, jueces y diputados" afines al régimen de Nicolás Maduro. Hasta esta semana no han logrado una cita para pedir asilo político en España.

Después de un largo y tortuoso camino, la ley trans ha visto este lunes, finalmente, la luz. Justo en la vigilia del día que se celebra el Orgullo LGTBI, el consejo de ministros ha aprobado la normativa impulsada por el ministerio de Igualdad que pilota Irene Montero y que permitirá, entre otros, cambiar de sexo a partir de los 16 años sin que haga falta un informe médico o tener que pasar por un tratamiento hormonal, cosa que supone una "despatologización", según ha dicho la propia Montero en rueda de prensa. La ley reconoce, así, la libre determinación de género, no sin que haya generado división entre el movimiento feminista y entre los mismos socios del gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos. "Les personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por lo que son, sin miedo y sin culpa", ha defendido Montero.

El informe sobre la ley trans que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que estudiar el próximo 20 de abril se muestra contrario a algunas de las partes de la normativa, que ya provocó tensiones dentro del Gobierno español, y considera que algunas disposiciones contradicen el "derecho fundamental a la igualdad". El texto, elaborado por los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínea de Careaga y Wenceslao Olea, apunta que hay artículos de la ley que quiere impulsar el Gobierno español, bajo la batuta del ministerio de Igualdad, que implican una "discriminación indirecta de aquellas personas no contempladas en el ámbito de aplicación [de la ley], especialmente significativa hacia las mujeres no transexuales", según el borrador del informe.

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá en octubre un nuevo centro relacionado con el feminismo y la lucha contra la LGTBIfobia que irá destinado a promover nuevas masculinidades. Este nuevo espacio es una de las medidas que impulsa para luchar contra el aumento de agresiones LGTBIfóbicas y machistas. La primera cosa que ha hecho ha sido una campaña de visibilización con la colocación de alfombras con los colores del arcoíris a la entrada de las principales instalaciones públicas de la ciudad, así como a la entrada de algunos puntos del transporte público.

Del Orgullo a la denuncia en menos de un mes. La comunidad LGTBIQ+ saldrá a las calles el jueves 22 de julio en un llamamiento unitario inédito en los últimos 44 años, que da pistas sobre lo que está pasando en el colectivo. Hay miedo y mucha preocupación por el aumento de la violencia homófoba en los últimos meses, espoleada por los mensajes ultras que “legitiman” estos ataques. Es como si los homófobos hubieran salido del armario, a pesar de que la discriminación cotidiana hacia el colectivo siempre ha estado presente, y se supieran impunes.

El Partido Popular español se abstuvo este jueves en el Parlamento Europeo en la votación para pedir que se congele la llegada de fondos europeos en Hungría a raíz de la entrada en vigor de la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas. A pesar de que la mayoría del grupo popular en la Eurocámara votó a favor de la iniciativa, 12 de los 13 eurodiputados del PP (incluida su cabeza de filas, la catalana Dolors Montserrat) optaron por la abstención. El único que no lo hizo fue Esteban González Pons, vicepresidente del grupo, que sí que la apoyó.

Centros de salud de Uganda, Kenia y Tanzania, incluidos algunos que son financiados con ayudas extranjeras, ofrecen o dan referencias sobre proveedores de "terapias de reconversión" para reconducir la homosexualidad, la transexualidad, las personas intergénero y, en general, cualquier miembro del colectivo LGTBIQ+. Lo ha revelado el portal OpenDemocracy, después de una investigación de seis meses que demuestra también que donaciones económicas del Reino Unido y de la organización humanitaria USAid están vinculadas a hospitales en los que la “terapia de conversión” se recomienda y se aplica de forma habitual a personas del colectivo LGTBIQ+.

La capital de Georgia, Tbilisi, tenía que acoger este lunes por primera vez una marcha del Orgullo LGTBI. Pero, finalmente, los organizadores del acto lo han cancelado a raíz de las protestas violentas de grupos de ultraderecha (que han asaltado la sede de la entidad y han agredido a periodistas) y después de constatar que el gobierno, las fuerzas de seguridad y la influyente Iglesia ortodoxa georgiana les daban la espalda.

Ona se sienta alrededor de un grupo de amigos y amigas este sábado por la tarde en la plaza Universitat. En el centro, una pancarta con las letras a medio escribir. "Orgul" se puede leer. Ona, que charla con el resto de jóvenes, se dispone a escribir la última "l" de la palabra en catalán. "Queremos reivindicarnos", dice la joven, que lleva unas gafas de sol con el arcoiris y confiesa tener solo 12 años. "En el cole no nos han enseñado nada de eso", añade. Como ella, cerca de un millar de personas se han movilizado en el marco de la manifestación por la liberación LGTBI +, en un año en que los derechos del colectivo han estado más en el centro del debate que nunca: "Queremos reivindicar que nos respeten".

El gobierno húngaro ha dado este martes un paso más en su cruzada contra los derechos del colectivo LGTBI. El Parlamento del país ha aprobado una ley que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas o incluir contenidos que se considere que pueden promover la homosexualidad o el cambio de sexo entre los materiales escolares o los espacios televisivos orientados a los menores de edad, incluidos los anuncios. La ley ha sido aprobada gracias a la mayoría absoluta del Fidesz, el partido del primer ministro, Viktor Orbán, y ha recibido también el apoyo de la formación de extrema derecha Jobbik, mientras que el resto de la oposición ha optado por no participar en la votación.

La propuesta de ley trans registrada por ERC, Junts, la CUP, Compromís y Más País se debatirá finalmente este martes en el Congreso de Diputados, y lo hará con un PSOE dispuesto a facilitar la admisión a trámite, tal como ha avanzado Público y confirman al ARA desde la Plataforma Trans (implicada en la redacción del texto). Los socialistas tienen la voluntad de aplanar el camino cuando este martes se presente el borrador en la cámara baja. Ahora bien, para que el texto salga adelante será necesario que la predisposición del PSOE se traduzca en un voto favorable en caso de que el PP y Vox voten en contra, puesto que suman 141. Si no fuera así, no bastaría con una abstención socialista, a pesar de que en las últimas horas se está perfilando como la decisión final del grupo. Un interrogante que deja en manos socialistas la llave de la tramitación de una ley calcada a la impulsada por sus socios de gobierno desde el ministerio de Igualdad y que han bloqueado reiteradas veces.