Igualdad

La ley trans da el primer paso en firme en medio de la polémica

El consejo de ministros aprueba el anteproyecto después de duras negociaciones entre el PSOE y Podemos

ARA
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Participantes en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Barcelona, en una imagen de archivo

BarcelonaEl consejo de ministros ha aprobado este martes la nueva ley trans y de derechos LGTBI, una norma que permitirá a cualquier persona pedir el cambio de sexo en el Registro a partir de los 14 años sin la necesidad de un informe médico ni de contar con testigos. El anteproyecto legislativo no se ha salvado de la polémica: el borrador del texto generó las primeras grietas entre el gobierno de coalición del PSOE y Podemos porque los socialistas –como algunas organizaciones feministas– consideraban que la normativa podía poner en peligro la lucha por la igualdad de las mujeres. Aún así, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado el trámite ejecutivo de este martes de "día histórico".

Montero ha asegurado que la ley sitúa a España "a la vanguardia europea en el reconocimiento de las personas trans y LGTBI", porque da "un paso de gigante" en sus derechos. Consciente de la polémica que ha generado esta ley en algunas organizaciones feministas, la ministra ha querido hacer un llamamiento a "eliminar todas las discriminaciones". "Nos hace una sociedad mejor, más libre y feminista", ha añadido. Montero ha defendido que esta legislación se apruebe "de urgencia" en el Congreso y en el Senado para que se pueda empezar a aplicar: "Como toda ley es mejorable, pero pienso que es un buen texto que contará con un amplio apoyo". El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho que la ley recoge los derechos y también las obligaciones de los poderes públicos de "mover obstáculos".

De momento la nueva legislación reconoce por primera vez la autodeterminación de género y permite cambiar de sexo en el Registro Civil solo con la declaración de la persona interesada, que tendrá que confirmar la decisión tres meses después de haber presentado la primera solicitud. Para evitar fraudes, el anteproyecto establece un mecanismo que hace que las personas que ya hayan pedido una vez el cambio necesiten una autorización judicial para volverlo a hacer.

La posibilidad de cambiar de sexo se ofrece a partir de los 14 años, dos más de lo que planteaba el ministerio de Igualdad en el primer borrador. Los niños de 12 y 13 años necesitarán una autorización judicial para modificar la mención en el Registro del sexo, pero cualquier menor podrá cambiar el nombre sin necesidad de informes.

Equiparación de derechos

El texto hace que de una vez por todas en el Estado se deje de considerar enfermas a las personas trans, permite la filiación de los hijos de las madres lesbianas y bisexuales sin necesidad de matrimonio y garantizará el acceso de lesbianas, bisexuales y trans a tratamientos de reproducción asistida. Por eso Montero ha asimilado esta aprobación con la de la ley del matrimonio homosexual en España, ahora hace dieciséis años.

El anteproyecto también prohibirá las terapias de conversión que buscan hacer cambiar la orientación sexual de una persona, la identidad o la expresión sexual, así como las cirugías de modificación genital de bebés intersexuales, y establecerá un régimen de infracciones y de sanciones de entre 200 euros y 150.000 euros para casos de discriminación del colectivo LGTBI.

Una negociación con rendijas

El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos incorporaba en la aprobación de la ley trans otra ley contra la discriminación de las personas LGTBI, pero finalmente se han juntado las dos iniciativas. De hecho, la negociación no se ha escapado de la polémica porque la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo (PSOE), consideraba que la libre determinación de género podía perjudicar a la lucha por la igualdad de las mujeres, la misma opinión que defendían algunos colectivos feministas que creen que el sexo es una realidad biológica inmutable.

Las diferencias hicieron que el mayo pasado el PSOE se abstuviera cuando llegó al pleno del Congreso una proposición de varios grupos de izquierdas regulando la libre determinación de género que no salió adelante, porque también recibió los votos en contra del PP y de Vox. El PP ya ha avanzado que está "en contra" de la autodeterminación de género y ha considerado que el anteproyecto aprobado por el consejo de ministros "provocaría un alto nivel de inseguridad jurídica".

Reacción

Las principales asociaciones LGTBI se han mostrado satisfechas por la aprobación del anteproyecto, a pesar de que esperan introducir mejoras durante la tramitación parlamentaria. Este sábado saldrán a la tradicional marcha del Orgullo con el lema "Los derechos humanos no se negocian, se legislan: ley integral trans ya".

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