El 80% de las denuncias que reciben los Mossos d'Esquadra y las policías locales por ocupaciones de viviendas corresponden a pisos vacíos propiedad de grandes tenedores o fondos de inversión. Según los datos que publica este sábado el ACN, las ocupaciones han caído en torno a un 18% durante los primeros 10 meses de este año en comparación con el mismo periodo del anterior, si bien se han registrado más intentos frustrados.

De forma altruista y sin condiciones, Àlex Puy Ampurdanés, de 55 años, ha acogido en su casa a cuatro de las personas que habían ocupado el antiguo cuartel de la Guardia Civil en Sabadell. "Si a mí me hubiera ido siempre bien a la vida, quizás no se me hubiera ocurrido acoger a nadie. Pero con mi experiencia, no podía decir que no", argumenta. Àlex también vivió durante años en la calle y si lo logró es porque alguien le ayudó, asegura.

La propuesta de desalojos exprés ha protagonizado un debate en el Congreso esta semana, sólo unos días después de un pronunciamiento de la Audiencia de Barcelona para fijar un criterio común ante las ocupaciones. Más allá de las medidas que hasta ahora han captado más la atención, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha presentado una propuesta para habilitar a las comunidades de vecinos para actuar por la vía civil si no lo ha hecho el propietario ante un empleo que genere problemas de convivencia o salubridad. Se trata de una solución "muy transversal" que va más allá del ámbito penal, según defiende el decano del Colegio, Jesús Sánchez.

La ofensiva que presentó Junts hace un mes contra las ocupaciones de pisos ha dado un primer paso en el Congreso este martes. Con el voto a favor de PSOE, PP, Vox y PNV, se ha abierto camino una proposición de ley que introduce modificaciones en la legislación civil y penal para desalojar de forma expreso en 48 horas. "El sentido común debería impedirnos justificar que, para garantizar el derecho humano a una vivienda, podamos conculcar el derecho humano a no ser privado arbitrariamente de nuestra propiedad", argumentó la diputada de Junts Marta Madrenas, quien admitió que existe un discurso "alarmista" sobre las ocupaciones, pero que eso no obsta para que sea un problema "grave" y "está grave".

Cuando los Mossos d'Esquadra llamaban a la puerta, de repente un bebé empezaba a llorar. A veces había dos niños, incluso tres. En el piso parecía que vivía una familia, con algunos muebles colocados estratégicamente, migajas sobre la mesa, juguetes por el suelo y madres con criaturas en sus brazos rogando para que no los desahuciaran. Pero todo era un montaje. La policía, viendo a una familia vulnerable, no podía ejecutar el desalojo y se iba. Poco después, bebés, madres y muebles también abandonaban el piso. Unos días más tarde entraba una nueva familia y pagaba un alquiler para vivir. Estas sí que eran familias vulnerables, sobre todo inmigrantes sin papeles a los que les había costado mucho encontrar un techo. Pensaban que, por fin, habían tenido un poco de suerte, pero eran víctimas de una estafa. Los que se hacían llamar propietarios de aquel piso eran de una mafia que pocos días antes lo habían ocupado y ahora lo realquilaban.

“Dos chicos se peleaban con una navaja en la esquina. Parecían dos gallos. Me ha dado tanto miedo que me he ido corriendo”. Antònia pasaba este mediodía por la calle Blesa de Barcelona, en el barrio del Poble-sec, cuando se ha encontrado esta trifulca que ha acabado con los dos implicados heridos y trasladados a un centro sanitario, sin lesiones de gravedad –uno estaba herido en el glúteo y el otro en la pierna–. Según fuentes policiales, los dos hombres se conocían y son conocidos de la zona. Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión y no consta ninguna detención. En la acera de la esquina se podían ver las manchas de sangre una hora después del doble apuñalamiento. Los restos de sangre llegaban hasta unos metros más arriba, ante un portal metálico muy alto pintado con grafitis, donde alguien ya ha echado cubos de agua para hacerlas desaparecer.

“Casellas [vicealcalde de Seguridad], te felicito, que bien que actúas” y “Queremos mejoras, no somos un barrio de tercera” son las dos pancartas que, desde hace un mes, encabezan las protestas organizadas por la Associació de Veïns de la Marca de l'Ham de Figueres. Cada jueves y cada viernes cortan la circulación de la vía para reclamar más seguridad al Ayuntamiento: “Tenemos una cuarentena de casas ocupadas, un edificio donde se consume droga y la gota que hizo derramar el vaso fue el acoso sexual que sufrió una vecina. No estamos seguros en el barrio”, resume el presidente de la entidad, José Garrido. Por el contrario, el vicealcalde de Seguridad, Pere Casellas, asegura que en esta zona de la ciudad "no hay más inseguridad que en otros puntos de Figueres, ni hay más tráfico de drogas ni se cultiva más que en cualquier otro lugar": "Lo tenemos constatado con datos", recalca.

Las organizaciones por el derecho a la vivienda han mandado un mensaje claro al nuevo Govern de Pere Aragonès, tan solo doce horas después de la toma de posesión del republicano como president de la Generalitat y en medio del debate sobre cuál tiene que ser el papel que tienen que tener los Mossos d'Esquadra en este tipo de actuaciones. Activistas del movimiento por la vivienda han ocupado de buena mañana la sede de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para protestar contra un desahucio en el Bloc Llavors, un conocido edificio de la calle Lleida, en el barrio del Poble-sec, en Barcelona.