Pasan unos minutos de las 8 de la mañana y la estación de metro de la L1 de Fabra i Puig está a rebosar. Llega el metro –que ya está bastante lleno– y apenas absorbe a todos los pasajeros que había en el andén, que ahora queda limpia. Pero la imagen dura poco. Segundos después, una nueva ola de gente, prácticamente un centenar de personas, atraviesa los turnos de acceso y baja al andén. Al rato, otro grupo se añade. En cuestión de minutos, el andén vuelve a estar en el límite hasta que pasa otro convoy. La escena recuerda la cadencia de las colas de un parque de atracciones o los cruces imposibles de Tokio y se repite incansablemente cada 3 minutos. Es decir, el tiempo que tarda en pasar el metro en hora punta.

Foment del Treball se plantea llevar al Tribunal Constitucional la regulación de la compra especulativa de vivienda pactada entre el PSC y los Comunes. Lo ha anunciado el presidente de esta patronal, Josep Sánchez Llibre, durante la asamblea celebrada este lunes en Barcelona. "El reciente pacto entre el Gobierno de la Generalitat y Comunes es la socialización de la propiedad privada, es un atentado contra la propiedad privada, es una medida que no cabe en nuestra sociedad. Si es necesario, promoveremos la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad contra esta medida, que hallamos letal para la economía y la sociedad catalana". Y ha añadido que "no se pueden cambiar las normas del juego desde una esquina ideológica, pensando en propaganda o en quedar bien".

Ante la falta de apoyos parlamentarios, el gobierno español decidió dejar para después del verano la negociación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Es una de las grandes promesas de la legislatura actual, sobre todo para quien ha hecho bandera desde el primer minuto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al tiempo que cara visible de Sumar, el socio minoritario del gobierno de coalición.

El presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha calificado este lunes de "decepcionante", "insuficiente", "inapropiada" y "precipitada" la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC, el regulador estatal de la competencia) que autoriza a la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell. "Pedimos al gobierno del Estado y al presidente del gobierno [Pedro Sánchez] que paralice esta operación", ha dicho Sánchez Llibre.

El Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del gobierno español en el que se encuentran representantes patronales y sindicatos, ha emitido su dictamen sobre el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanas, con un total de 54 votos a favor y 2 votos en contra. Los representantes del órgano han discutido hasta último momento las conclusiones del informe para tratar de alcanzar una posición de consenso sobre una cuestión que, de hecho, separa a empresarios y sindicatos –hay que recordar que los primeros ni siquiera se han sumado al texto que UGT y CCOO firmaron con el ministerio de Trabajo el pasado mes de diciembre–. Precisamente, en el informe se critica al gobierno español por haber pedido un dictamen preceptivo (no es de obligado cumplimiento) sobre la reducción de la jornada laboral con tan poco margen de tiempo (el anteproyecto se está tramitando por la vía de urgencia): "Se abordan una serie de cuestiones de gran complejidad e importancia que requieren un debate tranquilo y en profundidad", se apunta en el informe.

El hasta ahora presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete (Barcelona, ​​1963), repetirá en el cargo en los próximos cuatro años, al ser la única candidatura presentada. Las elecciones de la patronal, que estaban convocadas para el 27 de febrero, no será necesario celebrarlas finalmente porque no se ha presentado ninguna otra candidatura. Este miércoles, la junta electoral ha ratificado la reelección de Cañete tras completar los trámites establecidos por el reglamento electoral y los estatutos de Pimec.

La reducción de la jornada laboral comienza su andadura para ser aprobada en el Congreso. O no. La falta de consenso social, que se ha visto reflejada en los meses de negociaciones entre el ministerio de Trabajo y el de Economía, volverá a ponerse de manifiesto. Los sindicatos llevan semanas dando luz verde a la propuesta. Las patronales, en cambio, se ponen las manos en la cabeza; de hecho, la respuesta de la CEOE a la propuesta de reducción de jornada fue que necesitaríamos trabajar 41,2 horas a la semana para compensar la baja productividad respecto a la media europea.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al PSOE de incumplir el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas, es decir; media hora menos a la semana. Díaz se ha quejado de que el partido de gobierno de España "defiende lo mismo que la patronal".

Si algo afecta al grueso de los trabajadores en el Estado es el convenio colectivo, es decir, el pacto al que llegan los representantes de los empleados (normalmente a través de los sindicatos) y los de los empresarios (mediante las patronales) sobre las condiciones de trabajo, tales como el establecimiento y la distribución de la jornada, el salario o el procedimiento a seguir en caso de discrepancia entre trabajador y empresa. Ahora, el ministerio de Trabajo ha actualizado y publicado cifras sobre el alcance concreto de este tipo de acuerdo dando a conocer su tasa de cobertura o protección: un 91,8% de los trabajadores de todo el Estado en 2023 , según datos publicados este miércoles por la tarde.

El nulo contacto de los últimos días entre sindicatos y patronales por la revisión de los salarios dejaba entrever que la negociación no pasaba por su mejor momento. El bloqueo se ha vuelto a constatar este viernes después de que la CEOE haya rechazado en una reunión interna la última propuesta de CCOO y la UGT. La patronal apuesta por aumentar un 8% los salarios en los próximos tres años, es decir, repartir el incremento hasta el 2024 y hacerlo según la situación del sector y la empresa, como ha avanzado Expansión y confirman fuentes próximas a los empresarios al ARA.

España da un paso más para conseguir que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea el 60% del sueldo medio. El gobierno español aprobará un incremento del SMI hasta los 1.000 euros al mes en 14 pagas y sería retroactivo, es decir, que ya se aplicaría desde el 1 de enero. Esto sitúa el Estado en séptima posición dentro de la Unión Europea con el salario mínimo más alto y deja Bulgaria y Letonia como los dos únicos países que no han tocado su SMI este 2022. 

Un paso más para la entrada en vigor de la reforma laboral. El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde al real decreto ley del nuevo marco normativo en materia laboral, después del acuerdo entre gobierno español, sindicatos y patronales y que modificará algunos de los artículos del actual Estatuto de los Trabajadores. "Se pasa página a la precariedad laboral", ha defendido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros. La norma entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que todo indica que será mañana miércoles, si bien después se trasladará al Congreso de los Diputados donde le espera el pulso político. Ahora bien, no todos los cambios que recoge el texto entrarán en funcionamiento de manera inmediata. En algunos casos, trabajadores y empresas contarán con un periodo de tiempo para hacer la transición.

"Hasta ahora los resultados [de las negociaciones] han sido excelentes, pero no podemos pecar de optimismo". Así se pronunciaba el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a principios de septiembre. Una predicción que desde ayer lunes, con el 'no' de la patronal al mecanismo de equidad intergeneracional y al refuerzo de los ingresos para hacer sostenible el sistema de pensiones, toma todavía más sentido. De hecho, este es el segundo gran pacto, después del del aumento del salario mínimo este 2021, del cual los empresarios se desmarcan, hecho que deja tocado el acuerdo sobre la reforma laboral, el otro gran tema pendiente. ¿El motivo? Que las reticencias de los empresarios no permitan un consenso a tres bandas entre gobierno español, sindicatos y patronales. Un escenario que, a pesar de que no es obligatorio, Bruselas siempre ve con mejores ojos.

Apolítica, agresiva y sin complejos. Así se autodefine Patronal Catalana, la nueva entidad empresarial que se ha presentado en sociedad este jueves y que se ha planteado el objetivo de llegar a los 90.000 socios. Esto le permitiría ser considerada entidad representativa y, como tal, ser un agente social que pueda, por ejemplo, participar en la negociación colectiva.