Si todo va bien en esta verbena de San Juan, San Andrés de la Barca purificará los malos espíritus con las hogueras y también estrenará los murales gigantes que, durante estos días, están pintando a siete artistas en diferentes rincones de esta localidad del Baix Llobregat. El objetivo no es solo tener un impacto estético en las paredes medianeras en las que intervienen los muralistas, sino que la idea es "recuperar y reivindicar la identidad local" a través del arte, según explica Ramon Ferrer, técnico de Cultura del Ayuntamiento.

Este lunes, el comité de empresa de los trabajadores de RDM en Castellbisbal vuelve a estar convocado en una reunión que habrían preferido evitar. Será el segundo encuentro con la dirección de la compañía italiana de embalajes de cartón para tratar el despido de los 237 trabajadores de la planta, afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que cuelga sobre sus jefes desde enero. El cierre de esta fábrica se ha topado con el rechazo frontal de los sindicatos, el ayuntamiento del municipio y también el de Sant Andreu de la Barca –de donde son unos setenta de los empleados–, que recelan de las intenciones de la propiedad de hacer caja con los terrenos.

Hoy, Oriol Junqueras y Xavier Trias declararán ante la comisión del congreso sobre la operación Catalunya. Buena suerte. Ya saben que la operación Catalunya es una suma de actividades fuera de la ley organizadas o amparadas, toleradas e ignoradas por el gobierno de Mariano Rajoy que incluyen la construcción de pruebas falsas, el espionaje y el uso de dinero público, y sin que la justicia española haya movido un dedo para investigarlo, porque antes que justicia es española.

Cada septiembre desde hace siete años, los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca que fueron señalados el 1-O reviven el calvario judicial que sufrieron cuando se les acusó de haber vejado a los hijos de guardias civiles. ¿La razón? Si los nuevos alumnos los buscan en Google, los primeros resultados que aparecen son los de la causa judicial contra ellos, que quedó archivada. También el artículo donde El Mundo publicó su nombre, apellidos y fotografías y que terminó en una portada que la entonces líder de Cs, Albert Rivera, utilizó para señalarlos como "maestros separatistas". En noviembre de 2024 se cerró la última carpeta judicial abierta contra los docentes, que lamentan el "desgaste personal" y "sufrimiento enorme" a lo largo de estos años, donde se han sentido solos y sin el apoyo ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Ahora quieren que se haga justicia en dos flancos: por un lado, borrando la huella digital "infame" de las acusaciones contra ellos en internet y, por otra, logrando una reparación moral del daño que incluya un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que expresan en las aulas.

Tras ganar en el 2019 en votos y concejales, ERC sufrió un grave batacazo en las últimas elecciones municipales. Los republicanos perdieron más de 300.000 votos, se quedaron sin las alcaldías de Lleida y Tarragona y se hundieron en Barcelona. El revés lo notaron sobre todo en el área metropolitana, donde la pérdida de soporte fue generalizada. La formación liderada por Oriol Junqueras, sin embargo, hizo el sorpasso en Sant Andreu de la Barca, donde el PSC gobernaba desde las primeras elecciones democráticas. Se trata del municipio donde nueve profesores del Institut El Palau fueron acusados ​​de un delito de odio contra hijos de guardias civiles por sus intervenciones en clase tras las cargas del 1-O. Una causa que fue archivada aunque una de las docentes sí tendrá que ir finalmente a juicio.

“Lote 1.520, tres licitaciones, 35 euros” y el nombre de una persona. Por 35 euros, alguien se acaba de llevar un arma. La cantilena se repetía este lunes sin cesar, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, en una sala medio vacía con una veintena de personas. Se tienen que adjudicar 2.439 lotes y cada uno corresponde a un arma: escopetas, pistolas, revólveres, carabinas y fusiles. Es la última subasta de armas que la Guardia Civil hace en Sant Andreu de la Barca –como pasará en el resto de comandancias del cuerpo– porque en 2020 se cambió el reglamento estatal.

La mujer que el lunes cortó el pene del propietario del bar donde trabajaba, en Sant Andreu de la Barca, ingresará en la prisión de manera provisional y sin fianza, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La mujer declaró que actuó en defensa propia para repeler una agresión sexual del hombre, y que no era la primera vez que intentaba abusar de ella. Después de examinar la investigación del caso que han hecho los Mossos, sin embargo, la magistrada no ha avalado esta versión. Según ha podido saber la ACN, había discrepancias de consideración entre la versión de la acusada y los indicios y las pruebas recogidos. Tampoco cuadran los testigos, algunos de los cuales han explicado que la mujer y el hombre se presentaban como matrimonio.

Un hombre se ha presentado pasadas las dos de la madrugada a la sede de la policía local de Sant Andreu de la Barca con una herida en el pene. A continuación ha entrado una mujer que ha asegurado que le había cortado el pene con un cuchillo porque él la quería violar. La policía ha avisado al SEM, que ha trasladado al herido –propietario de un bar del municipio– al Hospital de Bellvitge, donde lo han operado de urgencia. En cuanto a la mujer –que trabaja en el bar–, los Mossos d'Esquadra la han llevado a la comisaría de Martorell y la han detenido por un delito de lesiones. Ahora la policía investiga si la mujer ha actuado en defensa propia, como afirma, para protegerse de una agresión sexual que habría intentado el herido. Ella manifiesta no era la primera vez que la forzaba a tener relaciones.