La Generalitat busca familias con hijos que tengan derecho a cobrar una prestación por niño y que, por diversas razones, no la reciban. Es una de las medidas que plantea el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS), que hace unos meses recibió el encargo de la consejería de Derechos Sociales de encontrar fórmulas para reducir la tasa de pobreza infantil, situada en el 34% y que, en palabras de la consejera Mònica Martínez Bravo, es "persistente y superior" a la media de la Unión Europea (20%), e incluso de España (29,2%). De hecho, sólo la supera Bulgaria (35%).

El gobierno español impulsó el ingreso mínimo vital (IMV) durante el pico de la pandemia de Covid-19 para intentar "erradicar la pobreza y favorecer la participación en el mercado laboral y la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad". Cinco años más tarde, la Autoridad Independiente de Responsabilidad (Airef) considera que esta medida estrella del ejecutivo de Pedro Sánchez no ha cumplido al menos uno de sus propósitos. El organismo detectó que la prestación reduce la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales (un 12% menos) y disminuye el número de días trabajados a 0,6 mensuales (un 11% menos). Son las principales conclusiones del análisis anual de esta ayuda que publica el Airef y que, por primera vez, se centra en su impacto en el empleo.

En un año, en el 2026, la Generalitat abrirá una ventanilla única para gestionar tanto el ingreso mínimo vital (IMV), la prestación creada por el gobierno español durante la pandemia, como la catalana renta garantizada de ciudadanía (RGC). Pero después del verano ya se pondrá en marcha la nueva plataforma virtual para atender a los expedientes de esta última prestación. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha avanzado que hoy por hoy, su departamento está trabajando en cuestiones técnicas para que las personas que tienen derecho a cobrar estas ayudas sociales tengan que sufrir menos trámites y menos burocracia.

En junio Maria Ruiz (nombre ficticio) recibió una carta del departamento de Derechos Sociales de la Generalitat en la que le reclamaba que devolviera 19.886,92 euros correspondientes a ayudas sociales indebidas que había recibido desde mayo del 2020 al mes de abril. Desde entonces, la mujer sufre un cuadro de angustia: “Y ahora qué hago, ¿cómo lo pago?”. El caso de Ruiz es uno de los 9.500 beneficiarios de prestaciones sociales que la conselleria ha detectado que cobraron un dinero que, con la ley en la mano, no les correspondía y, por tanto, les pide que les devuelvan.

Tras meses de negociaciones, el esperado traspaso del ingreso mínimo vital (IMV) se ha oficializado finalmente este miércoles en el Palau de la Generalitat. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el consejero de Derechos Sociales en funciones, Carles Campuzano, han firmado el convenio que debe llevar a la Generalitat a gestionar esta prestación social que paga el gobierno español. ¿Cómo se concretará? ¿Cómo va a convivir con la renta garantizada de ciudadanía (RGC), la prestación que gestiona la Generalitat?

No es en vano que esta semana se hayan desbloqueado algunos de los acuerdos que ERC y PSOE habían cerrado en los últimos meses, especialmente en la negociación por la investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas quieren los votos de los republicanos para investir a Salvador Illa i Esquerra ha puesto como condición imprescindible el cumplimiento de los pactos firmados hasta ahora, aparte de la línea roja de la financiación singular. ¿Cuáles son los acuerdos que se han desbloqueado esta semana y cuáles quedan pendientes?

Esta semana se ha publicado la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2023, una radiografía de cómo vive la ciudadanía y cómo llega a fin de mes. Y no es sólo un ejercicio informativo, de saber cómo mejora o empeora nuestro bienestar, sino una de las herramientas más útiles que tenemos para diseñar mejores políticas. Si los instrumentos públicos que definimos no se adaptan a las necesidades reales de la ciudadanía, poco podrán realizar para mejorar su calidad de vida.

Mujer, de 46 años y nacionalidad española. Éste es el retrato robot del grueso de los titulares que actualmente perciben el ingreso mínimo vital (IMV) en Cataluña. En total, este mes de febrero la Seguridad Social ha abonado 53.726 prestaciones a hogares (titulares) del Principado que han beneficiado a 172.534 personas, según datos publicados este jueves por el ministerio de la Seguridad Social, que por primera vez aportan información actual y no información acumulada de la prestación desde su puesta en marcha en 2020. Del conjunto de titulares de las prestaciones, 28.610 son mujeres (53%), de nacionalidad española (34.639 prestaciones) y de media tienen 46 años (el grueso de las prestaciones por titulares recae en la franja de edad de entre 36 y 45 años). En promedio, los hogares catalanes que en febrero han recibido esta prestación percibieron 458 euros.

Las prestaciones sociales como la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital no sacan de la pobreza a las pocas familias que llegan a recibirlas. Lo constatan cada día las entidades sociales, que llevan tiempo reclamando un cambio en el modelo de ayudas, primero para que lleguen a todo el mundo simplificando sus criterios y trámites, y después para garantizar su eficiencia. Con uno de cada cinco catalanes en riesgo de exclusión sociales, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña –que reúne a 35 federaciones y grandes organizaciones que representan a 3.000 entidades sociales contra la pobreza– propone aumentar entre 100 y 200 euros el importe mensual de la renta garantizada.

El ingreso mínimo vital (IMV) está llegando a los más vulnerables, pero es una prestación que se ha "estancado". Así lo concluye la Autoridad Fiscal (Airef) en su segunda opinión sobre la prestación publicada este miércoles. El organismo independiente que dirige Cristina Herrero señala que el número de beneficiarios del IMV se mantiene en 284.000 hogares, es decir, en el 35% de los hogares que podrían recibirlo (800.000 es el objetivo que se marcó el ministerio de la Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá). Además, la Airef vuelve a detectar que hay un gran número de familias que tendrían derecho a la prestación, pero que no la solicitan (es lo que en inglés se denomina non-take-up): 470.000 familias (58%). Este conjunto, pues, dibuja un escenario muy similar al de hace un año, cuando la Airef presentó la primera opinión sobre esta prestación aprobada en plena pandemia de coronavirus, en junio de 2020.

El 23 de mayo del año pasado, Pedro Sánchez se colocaba ante la cámara para hacer una comparecencia que empezaba a ser habitual. La de ese sábado era para explicar que ya se veía el final del túnel. Hablaba de una pandemia que se volvería a complicar después del verano y que todavía no había hecho flotar todas sus consecuencias, pero que ya dejaba entrever importantes heridas económicas. Era en este contexto cuando el presidente del gobierno anunciaba la inminente aprobación del ingreso mínimo vital (IMV), una ayuda que, según dijo, podía “amparar a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza severa” y que beneficiaría “a cerca de 850.000 hogares”. Un año más tarde, el importe ha llegado solo a un tercio de esta previsión y apenas a una de cada diez personas en situación de pobreza extrema.