Unas 400.000 personas del área metropolitana de Barcelona viven en hacinamiento, en habitaciones realquiladas y pisos compartidos. A partir del último informe FOESSA con datos de 2024, Cáritas Barcelona detalla que en las ciudades incluidas en esta diócesis, la precariedad social es más alta que en el conjunto de Cataluña y el Estado, aunque la mejora económica y las ayudas sociales han hecho disminuir la pobreza extrema a la mitad (6%) respecto a los datos del mismo estudio de 2018.

Catalunya ha recuperado parte del pulso del mercado laboral después de la pandemia, pero existe una bolsa preocupante de 1,4 millones de trabajadores a los que el trabajo no les libra de vivir atrapados en una situación de pobreza y sin oportunidades de ascenso social. "La precariedad laboral es la nueva normalidad para una parte de la sociedad", según Cáritas, que en un informe sobre exclusión y desarrollo social que ha elaborado con la Fundación FOESSA a partir de entrevistas a 140.000 hogares de todo el Estado y de todas condiciones socioeconómicas. El trabajo concluye que la mejora global de los indicadores de la macroeconomía no se deja notar en el día. miembros están ocupados, y ni siquiera logran redondear el mes los que tienen la suerte de acceder a prestaciones sociales

Si existe un factor que marca las probabilidades de ser pobre en Cataluña es el del origen. Haber nacido fuera de los límites de la Unión Europea casi multiplica por tres el riesgo de exclusión social, el término con el que la sociología define una vida marginal y con privaciones de necesidades básicas: el 52,7% de los extranjeros no comunitarios son pobres, frente al 20,7% de los nacidos en España, según el informe de los indicadores sociales Insocat, elaborado por la federación ECAS. Y si al lugar de nacimiento se le añade el factor del género, la fotografía de la pobreza tiene nombre de mujer, de mujer migrante.

Al final, todas las mujeres se reconocen en las historias de las demás. "¡Somos tan iguales, no nos han pasado cosas tan distintas!", repiten. Son una veintena y tienen en común que tuvieron que dejar su tierra para emigrar a Catalunya y se han instalado en Can Padró, barrio de Cornellà de Llobregat acostumbrado a acoger a migrantes. Como los que llegaron a los 60 procedentes de Extremadura o Andalucía y quienes, a partir de este nuevo siglo, proceden de América Latina. Hoy este grupo heterogéneo –por procedencia y también por generación– se ha encontrado en una sala de la asociación de vecinos en una actividad que organiza Cáritas para promocionar, precisamente, el conocimiento y la interacción entre vecinas que seguramente si no fuera por espacios como éste no coincidirían.

Cuando la familia de Natalia S. llegó a Cataluña desde Colombia sólo encontraron un techo de realquilados en el piso de un matrimonio amigo por 450 euros al mes. "Era una solución para pasar los primeros días o semanas, antes de instalarnos por nuestra cuenta", explica esta administrativa residente en Reus. Pero las semanas se hicieron meses y ahora lleva más de dos años compartiendo la pequeña habitación con su madre y la cama con su único hijo, un niño de ocho años, una situación que hoy ya ve "como una condena que se puede alargar para siempre". No hay datos de cuántas personas deben vivir en habitaciones compartidas, pero sí se tiene constancia de que es una modalidad que ya hace tiempo que ha dejado de ser sólo para jóvenes y estudiantes, y que cada vez es más "una solución permanente para familias como la de Natalia. Lo corrobora el informe Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social, elaborado por Cáritas de Barcelona y el Observatorio de la Vivienda Digno de Esade.

El Centro ecuménico Abraham se inauguró en 1992 para acoger los distintos credos que coincidían en las Olimpiadas de Barcelona. Tres décadas después, el emblemático edificio, junto al cementerio de Poblenou, tiene una parte inutilizada que, según Cáritas, podría ser una buena opción para reconvertirla en viviendas sociales para personas que han perdido la casa. Como este espacio, la entidad diocesana afirma que tiene y ha propuesto varios, pero que en muy pocos casos los ayuntamientos han aprobado el cambio de uso.

Quizás no deberíamos recurrir a neologismos importados para poner nombre a prácticas tan viejas como el ir a pie. El washing (literalmente, “hacer la colada”) es el tradicional lavado de cara. Normalmente, se aplica a la promoción de una marca para vender producto. El propósito del marketing washing se resume, lisa y llanamente: cuanto mejor imagen, más beneficio. Dado que las tendencias de consumo se asocian a los valores sociales dominantes, los departamentos del ramo están siempre dispuestos, para que la marca no quede descolgada. Ahora bien, si el público detecta inconsistencia o gesticulación (dicho de otro modo postureo), incoherencia o manipulación —lo que, desde tiempos inmemoriales, se conoce como tomadura de pelo— puede producirse el efecto contrario. Hay riesgo de respuesta adversa en el ecoblanqueo (green washing) por parte de empresas (Repsol acumula denuncias) o bancos (Santander, BBVA, CaixaBank...) “sostenibles”, cuando informes solventes destapan las engañas o el volumen de inversiones en combustibles fósiles; pero también en otros ámbitos de la llamada esfera woke, la conciencia social de que alguien equipara, despectivamente, a la “corrección política”. En este sentido, se identifica como pink washing la adhesión aguada al Orgullo como una moda; rainbow washing, el uso engañoso que estados como Israel hacen de la reivindicación LGBTIQ; o purple washing, la defensa sectaria que hacen, del feminismo, algunos grupos de ultraderecha.

Las dificultades para encontrar una vivienda asequible y las condiciones laborales precarias son los dos ingredientes básicos para explicar el incremento de la pobreza y la polarización social creciente "entre quienes cada vez quieren más y quienes cada vez tienen mucho menos". El diagnóstico lo ha hecho este martes el presidente de Cáritas Catalunya, Francesc Roig, en la presentación del informe del pasado año en el que se advierte que la brecha de la desigualdad es cada vez más ancha, mientras se constata la ineficacia de medidas como el ingreso mínimo vital y la renta garantizada, que sólo llega al 10% de las 245.665 personas atendidas por la entidad. "No basta con trabajar para superar la pobreza", ha subrayado Roig.

En 2023 Cáritas atendió en el conjunto de Cataluña a 250.000 personas. Es una cifra récord –detallada en la memoria que la entidad presentará el 9 de julio– que evidencia que la población que vive en el umbral de la pobreza sigue escalando. "El incremento va in crescendo. La situación social está cada vez más deteriorada", alerta al ARA Francesc Roig, presidente de Càritas Catalunya. Ahora bien, la labor de Cáritas, así como la de las entidades del tercer sector social que luchan contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades, choca con un obstáculo: el retraso en los pagos de las subvenciones públicas de la Generalitat.

La población que vive en el umbral de la pobreza sigue escalando y sólo el año pasado Cáritas Barcelona atendió a 44.526 personas. En los últimos años, la situación de vulnerabilidad ha crecido tanto que la entidad diocesana alerta de que ha llegado “al límite” de su capacidad para atender a población vulnerable y seguir el ritmo del crecimiento de la pobreza, que afecta no sólo a las personas que están en paro sino también a las que tienen un trabajo estable con contrato. “Hemos tocado techo. No podemos crecer al ritmo que crecen las necesidades sociales, tenemos el barco lleno y la gente de alrededor se sigue ahogando”, han advertido este jueves en la presentación de su memoria anual.

Hace meses que las entidades avisan y repiten la frase como un mantra: "Estamos viviendo un choque social sin precedentes y un claro aumento de la desigualdad". Este jueves Cáritas ha alertado que la crisis social derivada de la pandemia, la alta inflación y los precios de la vivienda está llevando un número cada vez más alto de familias a la precariedad y ya hay prácticamente un 30% de los catalanes que viven en exclusión social. La entidad ha atendido 12.560 familias durante 2021 en el área de Barcelona. En total, más de 27.500 personas, según refleja la memoria anual de la entidad, presentada esta mañana en Barcelona.

“El problema de la vivienda no se está dimensionando bien”. “Las estadísticas oficiales no recogen toda la casuística y, por lo tanto, no son fieles a la realidad”. “Hay miles de personas viviendo realquiladas, en infraviviendas o en pisos y locales insalubres”. Las entidades sociales catalanas hace meses que intentan levantar la voz para hacer llegar estos mensajes. Avisan que la bola se está haciendo demasiado gorda y que el parque público de pisos es alarmantemente pequeño en relación con la cantidad de gente que necesita ayuda.

Las estadísticas se quedan cortas y el problema del acceso a la vivienda no se está dimensionando correctamente. Este es el mensaje que ha querido trasladar este martes por la mañana Entidades Catalanas de Acción Social, ECAS, que asegura que en Catalunya hay como mínimo 25.000 personas que viven en la calle o en pisos de emergencia, en albergues para personas sin hogar o migradas, que salen de instituciones penitenciarias sin ninguna alternativa o bien que reciben ayuda a largo plazo por su situación de sinhogarismo. "Las cifras oficiales están totalmente infraestimadas; hay que abrir la mirada sobre qué es el sinhogarismo", ha dicho Ferran Busquets, vocal de pobreza de ECAS y director de la Fundación Arrels.

Cada año se recogen en Catalunya 166.000 toneladas de ropa. La mayoría se tira a los contenedores de resto y los residuos textiles acaban incinerados o en el vertedero. Solo el 10,6% de los tejidos se recoge en contenedores separados y, por lo tanto, hay alguna oportunidad de que acaben reciclados o reutilizados. Pero el negocio de la ropa no para de crecer. Entre el año 2000 y el 2015 la venta de indumentaria se ha duplicado a escala planetaria, en un crecimiento muy por encima del PIB global. Y a la vez la ropa que adquirimos cada vez nos la ponemos menos: un informe de la Fundación Ellen McArthur indica que ahora, cuando tiramos una pieza, la hemos llevado un 36% menos que en 2000. Es más, casi un 40% de la ropa que tenemos los catalanes en el armario no nos la hemos puesto ni una vez durante el último año, según la Agencia de Residuos de Catalunya.

Una cinta transportadora repleta de camisetas, pantalones o vestidos que alguien los ha descartado del armario. Miles de prendas de ropa pasan cada día por delante de los ojos de Sete, una de las trabajadoras de la planta de tratamiento de residuos textiles que tiene la Fundación Formació i Treball (dependiente de Cáritas) en Sant Esteve Sesrovires. A las instalaciones llegan las toneladas de ropa y calzado que salen de los contenedores naranjas de la entidad Roba Amiga donde, con suerte, van a parar los residuos textiles cuando sus propietarios dan por acabada su vida útil. Cada día pasan por las cintas transportadores unas 130.000 prendas de ropa, el equivalente a 35.000 kilos. Ella hace una rápida inspección ocular y un primera triaje: el algodón, a la pila del algodón; los sintéticos a otra caja; las piezas infantiles separadas de las de adultos, y los complementos, en otro compartimento.

885.000 personas de la diócesis de Barcelona viven en situación de exclusión social, cosa que representa alrededor de un tercio (el 32%) del conjunto de la población de la zona. Es la alerta que ha dado este martes Cáritas, que, a través de un estudio hecho en colaboración con la Fundación Foessa, ha constatado que ahora hay 300.000 personas más en situación de precariedad que antes del estallido de la pandemia. La conclusión del informe es que por ahora uno de cada tres habitantes de la región de Barcelona tiene dificultades para acceder a derechos básicos como la vivienda, la alimentación o la calefacción. 

En la vida de Paula Carrasco y sus dos hijas de 6 y 17 años el covid marca un antes y un después. El punto en el que se les rompe la vida y que tienen que recurrir a la ayuda asistencial para poder pagar el alquiler y llenar la nevera. “Nunca hasta ahora había necesitado ayuda de nadie pero me encontré con que no tenía ingresos y teníamos que vivir”. Son la cara de la caída en el pozo de muchas familias con hijos menores, un colectivo que Cáritas alerta que es el más vulnerable. El 40% de estos núcleos están ahora mismo en exclusión social, un porcentaje que crece hasta el 50% cuando se trata de familias monomarentales, como la de Carrasco, que "tienen dificultades para llegar a final de mes y no tienen ingresos para gastos imprevistos", explica Míriam Feu, responsable de análisis de Cáritas Barcelona.

La pandemia ha sido más dura que la crisis financiera, hasta el punto que ha abocado a la pobreza un tercio más de ciudadanos en España. La parada de la actividad económica y la destrucción de ocupación han arrastrado desde el 2018 a más de dos millones de personas a la pobreza extrema. Ya hay seis millones de ciudadanos del Estado que tienen problemas para comer, pagar la casa o los suministros básicos. Cáritas y la Fundación Foessa han radiografiado la situación y alertan que el llamado escudo de protección –los ERTE y el ingreso mínimo vital–, que el gobierno español levantó de urgencia para dar respuesta al cierre de empresas, es totalmente insuficiente para garantizar un mínimo de condiciones.

La crisis del coronavirus se ha ensañado especialmente con la población más vulnerable. Este jueves Cáritas ha hecho público su balance anual. El año 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, el número de hogares atendidos por la entidad aumentó un 26%, hasta un total de 272.702 personas que recibieron asistencia. La emergencia económica y social que se arrastra desde el año pasado no solo ha hecho aumentar el número de personas atendidas por la entidad, sino que su perfil es todavía más vulnerable. Según el presidente de Càritas Catalunya, Francesc Roig, casi la mitad de los atendidos no tienen una vivienda digna y en el 55% de los hogares donde han entrado los voluntarios de Cáritas la situación de pobreza era severa.

Explica que recibió la noticia de que había una vacuna contra el coronavirus para ella con un “¡Ya era hora!”, porque asegura que no estaba segura de que “'se acordasen de la gente de la calle”. Por edad, a Concepción Fuentes –21 años en la calle con sus padres cuando era pequeña y los últimos ocho en un piso de la Fundació Arrels– le tocaría vacunarse con los de la generación que están entre los 40 y 49 años, pero no se decidió a dar el paso hasta que hace unos días la ONG la avisó de que convertía su sede del barrio del Raval en un punto de vacunación efímero. “Estoy contenta porque nos ponen la Janssen, que yo no quería la AstraZeneca”, afirma, mientras hace cola esperando que le toque su turno.