La espiral de la pobreza atrapa a 2,5 millones de jóvenes
Uno de cada diez ciudadanos de entre 18 y 29 años en el Estado sufre una exclusión social grave, según un estudio de Cáritas
BarcelonaA nivel macroeconómico, España va como un cohete. De hecho, hace unos meses, la OCDE señalaba al Estado como la economía avanzada que más crecerá este año, con una previsión de hasta el 2,6% de crecimiento. Pero mientras las grandes cifras brillan, para muchos niños y jóvenes el relato del crecimiento económico suena lejano, casi irreal. Su realidad es otra: la de la precariedad, la vivienda inaccesible y las oportunidades que se esfuman. Desde 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de crecer, y hoy se consolida como una auténtica brecha generacional. Así lo advierte el IX Informe Foessa, elaborado por Cáritas y presentado este miércoles.
La fundación señala que la infancia emerge como el grupo más castigado: los menores representan un tercio de toda la exclusión grave, y su tasa de pobreza sube hasta el 29%, la más alta de todos los grupos de edad y una de las más elevadas de Europa. Los jóvenes son uno de los otros dos grupos más castigados.
Ya son 2,5 millones de jóvenes en el Estado los que están atrapados en una precariedad estructural que se ve en altas tasas de temporalidad, parcialidad involuntaria y sueldos bajos. Los jóvenes de entre 18 y 29 años forman una generación marcada por dos sucesivas crisis: la del 2008 y la pandemia de la cóvido. Un 11% de esta población vive en exclusión grave, lo que supone un incremento del 83% respecto a 2007.
Además, los jóvenes acceden a su primer puesto de trabajo en peores condiciones y con sueldos entre un 15% y un 30% inferiores a los de las generaciones anteriores. "No es una crisis juvenil, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos, fractura la cohesión social, amenaza el estado del bienestar y deteriora nuestra salud democrática", ha explicado Raúl Flores, coordinador del informe.
La organización advierte de una "cronificación alarmante" de la desigualdad y subraya que "el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo", porque el origen familiar determina más que el mérito las posibilidades de movilidad social. Los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en la pobreza que los progenitores formados. Además, el informe alerta de que tener la ESO ya no es suficiente para escapar de la pobreza: el verdadero cortafuegos se encuentra ahora en los niveles postobligatorios –bachillerato y formación profesional–, lo que multiplica los riesgos para quien no completa estos estudios.
Contracción de la clase media
El informe, elaborado a raíz de una encuesta en 12.289 hogares de todo el Estado y por un equipo de 140 investigadores, constata que España es el país europeo con una de las tasas de desigualdad más altas y está atravesando un proceso inédito de fragmentación social. La clase media se contrae, y muchas familias se desplazan hacia estratos inferiores. La integración social se erosiona, y la exclusión grave afecta a 4,3 millones de personas.
Los principales factores de la exclusión social en España son estructurales. Entre ellos destacan la falta de una vivienda digna y la precariedad laboral, que afecta a casi la mitad de la población activa. Pese a las dificultades, tres de cada cuatro hogares en exclusión grave activan estrategias de inclusión: buscan trabajo, se forman, amplían sus redes o ajustan los gastos. De hecho, un 77% de estas familias lo intentan, frente al 68% registrado en 2021.
"El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y exclusión –esa idea que viven de prestaciones sin buscar soluciones– es falso. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema", instó.
El estudio también señala el traspaso ecológico de esta crisis social. Los hogares con mayores ingresos consumen hasta tres veces más energía y hasta cuatro veces más en transporte privado que los de rentas bajas, generando emisiones desproporcionadas. El resultado es una paradoja: existen unas "élites climáticas", con consumos sobredimensionados, y 1,8 millones de hogares en vulnerabilidad energética que no pueden mantener el hogar en condiciones térmicas adecuadas.
Entre sus recomendaciones, la fundación propone un sistema integrado de políticas públicas que prevenga la desigualdad desde su origen y aborde de manera estructural el problema de la vivienda. Esto pasa por ampliar el parque de alquiler social y regular el mercado para contener subidas abusivas de precios. También reclama políticas laborales que transformen el empleo, erradiquen la precariedad y generen trabajos verdes y de cuidados, y dignifiquen especialmente estos últimos.
