El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha acusado formalmente al expresidente filipino Rodrigo Duterte de tres cargos de crímenes contra la humanidad. Afirma que estuvo involucrado en el asesinato de al menos 76 personas en el marco de su sangrienta guerra contra las drogas, en un proceso judicial que debía empezar este martes pero que se ha visto aplazado. "Duterte es responsable penalmente a título individual" de decenas de asesinatos como "coautor indirecto", indica el TPI en una hoja de cargos, redactada en julio pero publicada este lunes por la noche, según informa Efe.

La carrera del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, ha terminado. Este viernes ha anunciado que se aparta temporalmente del cargo hasta que finalice la investigación por un presunto caso de acoso sexual denunciado por una empleada del tribunal. Khan fue quien promovió la orden de detención internacional del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza. Establecido en 1998, el TPI pasa por el momento más delicado de su historia. En las últimas semanas reina un ambiente de miedo en los Países Bajos y han dimitido a altos funcionarios de este órgano judicial que se encarga de investigar y juzgar los crímenes de guerra y de genocidio de todo el mundo.

La decisión de Hungría de abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras recibir oficialmente a Benjamin Netanyahu no puede entenderse únicamente como un episodio más de la política exterior o como una expresión de apoyo puntual a Israel. Esta retirada –más que simbólica– representa un nuevo capítulo en la consolidación de una internacional del iliberalismo, un entramado de alianzas que articula complicidades entre proyectos autoritarios, profundamente ideologizados, que se refuerzan mutuamente en el desprecio al derecho internacional, a los mecanismos multilaterales y, sobre todo, a los derechos humanos.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de contra la humanidad, ha sido detenido por la policía a su llegada al aeropuerto internacional de Manila. El Tribunal Penal Internacional (TPI) le buscaba por haber violado repetidamente los derechos humanos con las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su "guerra contra las drogas".

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de contra la humanidad, ha sido detenido por la policía a su llegada al aeropuerto internacional de Manila. El Tribunal Penal Internacional (TPI) le buscaba por haber violado repetidamente los derechos humanos con las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su "guerra contra las drogas".

Activista palestina criada en Estados Unidos, Yasmeen El-Hasan (1998) es representante de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC en sus siglas en inglés), organización con implantación tanto en Cisjordania como en Gaza. Hace unos días estuvo en Barcelona invitada por Mundubat, Grain y la revista Soberanía Alimentaria. Atendió al ARA poco después de que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiera la orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha llegado a Mongolia en el marco de una visita de estado que desafía una orden de arresto internacional y que pone a prueba la neutralidad de las autoridades mongolas. Putin, acusado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra en Ucrania, exponiéndose a ser detenido, se ha reunido este martes por la mañana con el presidente mongol, signatario del Estatut de Roma, que le obliga a acatar el tratado internacional.

La semana pasada se anunció que el ejército israelí ha abierto 48 investigaciones contra soldados presuntamente implicados en la muerte de decenas de prisioneros palestinos detenidos en la Franja de Gaza durante el conflicto en curso. Pero contrariamente a lo que cabría esperar, ésta no es una buena noticia para la justicia en tiempos de guerra.

El artículo sexto del Estatuto de Roma, por el que se constituyó el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, da una definición jurídica de la palabra genocidio. Dice textualmente: “A efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”. Y los enumera: “a) Matanza de los miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que deban comportar su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de La Haya ha solicitado que se dicten órdenes de detención contra Netanyahu y contra los principales dirigentes de Hamás. El recorrido jurídico final de estas órdenes es incierto, entre otras cosas porque el TPI no está reconocido por los principales actores del orden mundial como Estados Unidos, Rusia, China e India. Putin tiene una orden de detención similar y no hace muchos días viajó a Pekín.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ya da por sentado que puede ser procesado como criminal de guerra por el Tribunal Penal Internacional (TPI). Este martes por la noche el propio primer ministro israelí advertía que no aceptaría ninguna injerencia de los jueces de La Haya: "Tienes que verlo para creerlo: el TPI se plantea emitir órdenes de detención contra altos cargos políticos y militares de Israel como criminales de guerra", anunciaba.

Para Andrí Kulchitski existe un episodio de la Guerra Civil Española que refleja lo que Putin hace cada día contra la población civil ucraniana: el bombardeo de Guernica. Y cuando recuerda aquella tragedia, inmediatamente le sale gritar “¡No pasarán!” Ésta es, de hecho, una de las expresiones antifascistas que se han recuperado en Ucrania desde la invasión rusa a gran escala. “Yo soy de otra generación. He leído y seguido mucho la dictadura de Franco. Me gustaba mucho Dolores Ibárruri”, dice este ucraniano. Con el bombardeo de Guernica se buscaba atemorizar a la población y perpetrar una masacre, lo mismo que hace el Kremlin contra la sociedad ucraniana, apunta Kulchitski. Esta estrategia del terror, la de lanzar bombas de forma indiscriminada en Ucrania, ha sido la respuesta rusa a la pérdida de territorio ocupado y al apoyo creciente que Zelenski ha ido recibiendo de Occidente.

¿Podremos juzgar alguna vez a Putin, sus ministros, mandos militares y todos aquellos que opten por cometer crímenes contra la humanidad?

“Esta conducta de Putin no puede quedar impune”, advirtió el 25 de febrero la ministra de Defensa española, Margarita Robles, el día siguiente a que el presidente ruso empezara la invasión de Ucrania. Bregada en las máximas instancias judiciales españolas, ya apuntaba que la guerra puede tener “consecuencias penales”. ¿Es plausible ver a Putin sentado en un banquillo de los acusados? No es imposible pero sí muy difícil, según los expertos consultados por el ARA. El 28 de febrero el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, comunicó que abría una investigación sobre los hechos que estaban teniendo lugar en Ucrania e instaba a los estados que forman parte del TPI –123– a dar también un paso para acelerar el proceso. Así lo hicieron un total de 39 países, entre los cuales España. El presidente, Pedro Sánchez, lo ha trasladado este domingo a los líderes autonómicos en la conferencia de presidentes que se ha celebrado en la isla de la Palma.

El excomandante serbio Ratko Mladic, denominado el Carnicero de Srebrenica por el genocidio en esta ciudad bosnia –la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial– y el asedio de Sarajevo, tendrá que cumplir la cadena perpetua a la que fue condenado en 2017. El Tribunal Especial para la Antigua Yugoslavia le impuso esta pena por los delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y este martes el Mecanismo Residual Internacional –que se encarga de los casos pendientes tanto de este tribunal como del que juzgó los crímenes cometidos en Ruanda– ha rechazado su apelación y ha confirmado la sentencia.