"Reverendo mosén, soy la madre superiora de la congregación, desearía que traspasase dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia". La carta, escrita en clave por Marta Ferrusola, se hizo viral en 2017, antes incluso de que las cosas empezaran a hacerse virales. La esposa del expresidente Jordi Pujol daba órdenes para transferir dinero entre las cuentas de la familia en Andorra. Y este miércoles ha llegado el turno de declarar precisamente al "reverendo mosén". Josep Maria Pallerola, que fue el primer gestor de los Pujol en Andorra, ha reconocido ante el tribunal que le bautizaron como "el mosén" porque tenía "cara de cura". Ha sido el fiscal Fernando Bermejo quien ha puesto sobre la mesa la famosa nota manuscrita que Ferrusola envió a la Banca Reig. "Recuerdo que me decían mosén un poco en tono de broma", ha confesado Pallerola.

Desde que el tribunal del juicio del caso Pujol aceptó que José Manuel Villarejo y otros miembros de la policía patriótica declararan como testigos, había mucha expectación –más mediática que judicial– para saber qué explicarían. Tenían que responder sobre las maniobras que hicieron para obtener de manera ilícita información bancaria de la familia del expresidente de la Generalitat –que fue filtrada a El Mundo– y sobre la génesis de la causa penal –que arrancó hace más de diez años a raíz de una denuncia de Vicky Álvarez, examante del primogénito, animada por Villarejo. Sin embargo, los cuatro testigos que han declarado han aportado pocas concreciones y pocas certezas y, en cambio, han hecho una exhibición de evasivas y se han dedicado a sembrar muchas sombras de duda.

La operación Catalunya es el origen "ilícito" de la causa contra los Pujol. Esa es la tesis de que las defensas de la familia del expresidente brindan estos días en el juicio en la Audiencia Nacional. El tribunal, de hecho, ha aceptado que la cúpula de la policía patriótica deba declarar como testigo en el proceso. Y este jueves se ha publicado una nueva evidencia de su papel en la causa contra los Pujol. Se trata de un audio de 2017, difundido por Eldiario.es, en el que el excomisario José Manuel Villarejo certifica que Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola y persona clave en el origen de la causa contra la familia, cobraba de la Policía Nacional. Lo dice, además, en una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

La policía patriótica ha vuelto a aparecer en el juicio de la familia Pujol Ferrusola. Si el lunes y el martes las defensas denunciaron la "contaminación" de la operación Catalunya en la génesis de la causa y el "pecado original" de la investigación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han querido levantar una frontera entre las cloacas del Estado y el juicio que arrancó el lunes en la Audiencia Nacional. "No se ha manipulado ninguna prueba con finalidades espurias, y han sido obtenidas con pleno respeto de los derechos de los acusados", ha asegurado el fiscal Fernando Bermejo. Y riñó a los abogados por haber agitado "rumores políticos" e "hipótesis no acreditadas" por convertirlos en causas de nulidad y por haber intentado que el tribunal entre a valorar "supuestas maniobras e irregularidad ajenas a los hechos juzgados". "No se pueden introducir cuestiones de índole política en una cuestión procesal, jurídica y sustantiva como es la investigación y el enjuiciamiento de unos delitos", remachó.

La primera jornada del juicio en la familia Pujol Ferrusola deja dos imágenes para la historia: el expresidente de la Generalitat siguiéndole telemáticamente desde su casa y sus siete hijos sentados en el banquillo de los acusados. Y pone de manifiesto dos hojas de ruta diferenciadas y complementarias en la estrategia de defensa: un enfoque que resalta la falta de competencias de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y la prescripción de los delitos por los que se les acusa y un planteamiento que pone énfasis en el impacto que tuvo la operación Catalunya.

El excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo compareció este martes ante la justicia andorrana para testificar en el marco de la investigación contra el expresidente español Mariano Rajoy por la operación Catalunya. En su declaración, el excomisario se ratificó en su versión de los hechos y aseguró que el exdirigente popular forzó la operación para intervenir la Banca Privada de Andorra (BPA) como represalia porque la entidad financiera no quiso colaborar con él para hundir a los líderes del Proceso. Precisamente, la juez andorrana quiere aclarar si Rajoy y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz presionaron a directivos de la BPA para que facilitaran información de políticos independentistas a la policía patriótica, en el marco de la operación Cataluña.

La comisión de investigación en el Congreso sobre las cloacas del Estado está detenida. Al menos en cuanto a las comparecencias. Las últimas fueron en mayo, poco antes de que estallaran los casos Leire Díez y Santos Cerdán, y aunque hay varias acordadas, pero pendientes de realizar, hace cinco meses que en la comisión no declara nadie. Pese a la rebaja en la actividad, este martes ha aprobado una nueva prórroga para seguir trabajando más allá del 24 de octubre, cuando debería finalizar su actividad. Hasta ahora, en la comisión han declarado mayoritariamente políticos y personas clave de la época de los gobiernos de Mariano Rajoy, pero queda pendiente que se acepte la comparecencia de perfiles con responsabilidades a partir de 2018, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa y cuando se produjeron la mayoría de casos de espionaje con Pegasus.

Pedro J. Ramírez (Logroño, 1952) es uno de los periodistas españoles más influyentes del período democrático y también de los más controvertidos. Ahora publica su segundo volumen de memorias (Puede decir la verdad, Planeta), donde defiende decisiones tan polémicas como sus portadas con acusaciones falsas contra dirigentes independentistas.

El año pasado, la justicia española puso trabas a la investigación judicial andorrana de la operación Catalunya con un archivo de la comisión rogatoria. El Mundo ya la que ha tenido acceso el ARA se vuelve a activar la causa en la que se pretende la imputación del expresidente español Mariano Rajoy y los ex ministros del Interior y de Hacienda Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro. La juez Stéphanie Garcia ha vuelto a emitir las comisiones rogatorias en España, a la autoridad judicial competente, para citar a los responsables políticos y judiciales de la rama andorrana de este supuesto entramado contra el independentismo.

Hoy, Oriol Junqueras y Xavier Trias declararán ante la comisión del congreso sobre la operación Catalunya. Buena suerte. Ya saben que la operación Catalunya es una suma de actividades fuera de la ley organizadas o amparadas, toleradas e ignoradas por el gobierno de Mariano Rajoy que incluyen la construcción de pruebas falsas, el espionaje y el uso de dinero público, y sin que la justicia española haya movido un dedo para investigarlo, porque antes que justicia es española.

La última vez que Oriol Junqueras había acudido a una sesión formal en el Congreso fue el 21 de mayo del 2019, hace casi seis años, cuando en prisión preventiva pudo acudir al hemiciclo a tomar posesión como diputado. Duró poco, porque se repitieron las elecciones españolas ese año y él ya había sido elegido eurodiputado. Este lunes ha podido expresarse ampliamente en la cámara baja durante su comparecencia en la comisión de investigación de la operación Catalunya, donde ha querido lanzar un mensaje al PSOE: "Tienen el deber político y moral de presentar a la Fiscalía las conclusiones de las evidencias que aquí se han aportado y de las mentiras que se harán justo [esto convencido."

No hace ni dos meses que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presumía desde el Congreso de haber limpiado las cloacas del Estado desde donde durante el último gobierno de Mariano Rajoy se había hecho la guerra sucia contra el independentismo, lo que se conoce como operación Catalunya con toda la maniobras que este lunes. el exalcalde de Barcelona, ​​Xavier Trias, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras. ¿Se han erradicado las prácticas irregulares en las fuerzas de seguridad del Estado? Sánchez. En tiempos de pandemia, Marlaska destituyó al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid por haberse negado a informar de la investigación al entonces delegado del gobierno español, José Manuel Franco.

Artur Mas se querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal por la operación Catalunya y también el espionaje con Pegasus El expresidente también ha incluido en la querella al exsecretario de estado de Seguridad Francisco Martínez y altos mandos Eugenio Pino y Marcelino Martín-Blas. Asimismo, ha incorporado en el listado de querellados a los ex directores del CNI, Félix Sanz Roldán y Paz Esteban, además de los responsables de la empresa que comercializó el software para el espionaje con Pegasus, NSO trata de estar detrás de vista personal, político y alterar los resultados electorales". Con todo, no descarta que en el transcurso del proceso judicial pueda ampliar la querella al expresidente español Mariano Rajoy y la exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, quien considera que estaban al caso de todo. De entrada, Maslic ha presentado la entrada falsedad de funcionario público en documento oficial, malversación de recursos públicos, revelación de secretos por parte de funcionarios públicos y lesión de derechos fundamentales. donde ha recordado que entre 2012 y 2015 es cuando se le empezó a espiar a través del teléfono móvil, pero que esto duró hasta el año 2020. "El objetivo era lo mismo, combatir ideas y cargarse personas e ideas políticas. Empezaron con la operación Catalunya y continuaron con Pegasus [...], L'' destruir fundamentalmente era Convergència", ha asegurado.

En espera de la querella de Artur Mas y de otros afectados por la operación Catalunya que puedan dar el paso, la comisión de investigación abierta en el Congreso acumula protagonistas de la guerra sucia contra el Proceso con el horizonte judicial en el punto de mira. A ojos del independentismo, las nulas consecuencias en los tribunales para el gobierno de Mariano Rajoy es una anomalía, una anomalía que ahora el PSOE también denuncia. "Esta comisión acabará con varios compañeros suyos desfilando por los juzgados. Hay cientos de informes, notas, que se han quedado guardados en cajones y acabarán saliendo. Quien la hace, que la pague", espetó el portavoz socialista Manuel Arribas a la exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santa.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas explica en la entrevista que el ARA publica este domingo que ya ha presentado la querella por la operación Catalunya que anunció el lunes en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. La querella tiene dos patas. La primera es todo lo que hace referencia a la publicación de noticias falsas a través de la llamada "policía patriótica", una maniobra orquestada por el excomisario José Manuel Villarejo por encargo de la cúpula del PP, según prueban los audios facilitados por el propio expolicía. Y la segunda hace referencia al espionaje con Pegasus del que Mas fue víctima entre 2015 y 2020, según el laboratorio canadiense especializado.

Artur Mas (Barcelona, ​​1956) visita la redacción del ARA la misma semana que ha anunciado, desde el Congreso de los Diputados, la presentación de una querella por la operación Catalunya. Aún tiene presente la dureza de algunas intervenciones en la comisión de investigación.

La España sempiterna, idéntica a sí misma, lo deEspaña y yo somos así, señora (frase atribuida a menudo a Ortega y Gasset, pero que en realidad procede de una obra teatral de Eduardo Marquina de título significativo, En Flandes se ha puesto el sol) se manifestó el lunes, por partida doble: por un lado, con la comparecencia de la exvicepresidenta española Soraya Sáenz de Santamaría, y por otro, en el rechazo por parte del Tribunal Supremo de la querella contra el rey Juan Carlos por cinco delitos fiscales, presentada meses atrás por un grupo de fiscales y jueces retirados, algunos de ellos.

En el curso de su sólida intervención en el Congreso, el presidente Mas dijo no entender la "cobardía" de Mariano Rajoy o de Soraya Sáenz de Santamaría y, en general, de todos aquellos responsables políticos que, habiendo instigado, financiado o permitido la operación Catalunya, o que habían cooperado con ella, van diciendo que la operación Catalunya no existió. "No entiendo su cobardía, huyen como conejos", dijo Artur Mas, con muchas ganas de decirlo.

En 2012, en medio de la crisis financiera más dura que había sufrido Europa en un siglo, Cristóbal Montoro fue el ministro de Hacienda que dijo: "Los hombres de negro no vendrán a España". La ocurrencia fue recibida por los medios españoles como una broma, pero a Bruselas no les hizo demasiada gracia. Eran los tiempos de la prima de riesgo disparada, del incumplimiento sistemático de los compromisos de déficit por parte del gobierno español y de las incertidumbres tras la reestructuración del sistema bancario0, mente, ya que de aquel proceso de supuesta limpieza surgió todavía la gran estafa definitiva, la de Bankia (al frente de la cual había otro exministro del PP, en este caso de Economía, Rodrigo Rato) El sucesor de Rato en Economía, en el gobierno de Rajoy, era Luis de Guindos, que se negó siempre a admitir que España se negó a admitir que. 000 millones de euros como de un "préstamo en condiciones muy favorables". Mientras se negociaba el rescate, Rajoy animaba a Guindos como si fuera un delantero del Madrid, con un mensaje de móvil del que dio befa a medio planeta: "Aguanta. España no es Uganda". En efecto, la economía de Uganda había crecido un 17,5% entre 2008 y 2012, mientras que la española se había contraído un 2,5%. Trajes de negro, de rosa o con estampados, una troika de representantes de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo (que tutelaba directamente al Banco de España) pasó a controlar la economía española. A esta tríada se sumó también la Autoridad Bancaria de la Unión Europea, dado lo que se llamó el "carácter especial" del rescate. El mensaje de fondo era que el gobierno español no era de fiar.

Empezaré por el final: la democracia, a pesar de sus evidentes limitaciones, sigue siendo el sistema de gobierno que trata a las personas con más dignidad. Y a partir de ahí, hablamos de algunos abusos del sistema que le hacen desesperante.