Este domingo se han cumplido cinco años de la fuga de España del rey emérito Juan Carlos para instalarse en Abu Dhabi. La marcha se produjo tras la polémica por la investigación de sus finanzas y las presuntas irregularidades de sus negocios personales. La decisión se comunicó en plena pandemia de la cóvid-19 y, de momento, no volverá a España. Sí está prevista la publicación de un libro de memorias con un título muy significativo: Reconciliación.

Leemos en el ARA que Juan Carlos I "ha decidido demandar a su examante Corinna Larsen" diez días después de demandar al "expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla". Echa un trozo en la olla.

Que el rey de España sea la persona más protegida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no es cuestión únicamente de seguridad. Las últimas revelaciones en forma de fotografías y audios sobre la relación que mantuvieron Juan Carlos I y la vedete Bárbara Rey ponen de manifiesto que los servicios secretos del Estado, si fue necesario, también han dedicado recursos económicos a encubrir la vida extramatrimonial de la exmonarca. Es imposible cuantificar cuánto dinero el Estado ha tenido que asumir para tapar escándalos, pero los autores del libro El jefe de los espías (Roca, 2021), basado en las notas del ex director del Cesid –antiguo CNI– Emilio Alonso Manglano (1981-1995), publicaban el pasado domingo en el diario Abc que la actriz recibió más de 600 millones de pesetas (unos 3,5 millones de euros) a cambio de no publicar material sobre la relación que había mantenido con Juan Carlos.

La tercera entrega del podcast con el que Corinna Larsen revela todo tipo de intimidades sobre su extinta relación con el rey emérito español Juan Carlos I se ha publicado hoy con un título provocador: Envidia. Bajo este epígrafe, una de las amantes del rey emérito de España más conocidas por su affaire explica que cuando llevaba cinco años de relación con el monarca este le hizo una propuesta que habría cambiado el panorama real español: le pidió matrimonio.

La Fiscalía suiza ha archivado el caso de los 65 millones de euros que Juan Carlos I dio a Corinna Larsen. El fiscal investigaba si se había cometido un delito de blanqueo de dinero y de cobro de comisiones irregulares por la falta de transparencia en la donación. ¿Y qué ha pasado? Pues que el fiscal no ha encontrado la prueba, y sin prueba no hay delito. Pero están todos los indicios. Miren si están que el fiscal, al cerrar la investigación, ha escrito: “A finales de la instrucción, el ministerio público ha considerado que el uso de una fundación, así como de sociedades a nombre de los diferentes protagonistas, demuestra una voluntad de ocultación”. “Las cantidades, el origen de los bienes, la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias, las supuestas donaciones sucesivas (primero del rey de Arabia Saudí a favor de Juan Carlos I y después de este último a favor de Corinna), así como la cronología de los hechos, constituían indicios contra los acusados”, añade. Con todo, “no habiendo podido establecer una relación suficiente entre la cantidad recibida de Arabia Saudí y los contratos sobre la construcción del AVE, la Fiscalía ha cerrado parcialmente el procedimiento”. 

El fiscal suizo Yves Bertossa ha archivado la causa en la que investigaba a la ex amante de Juan Carlos I Corinna Larsen y a los gestores de la Fundación Lucum, la sociedad panameña a través de la cual el emérito había depositado los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí en 2008 a una cuenta del banco Mirabaud, en Ginebra. Un dinero que, en junio de 2012, el anterior monarca español dio irrevocablemente a la empresaria. También estaban investigados los gestores Arturo Fasana y Dante Canonica, administrador de la fundación establecida en Panamá, paraíso fiscal.

¿Forma parte Juan Carlos I de la casa real española? Es la pregunta que, de forma indirecta y a través de los servicios diplomáticos del Foreign Office, tiene que formular al ministerio de Exteriores español el juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, antes de decidir el futuro de la demanda civil que presentó en diciembre de 2020 la examante del monarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Corinna alegaba unos presuntos delitos de acoso, espionaje y amenazas, en los que se utilizaron incluso los servicios de espionaje españoles, el CNI, que habrían tenido lugar desde 2012, después de que ella pusiera fin a la relación, una vez salió a la luz pública, a raíz del accidente de caza del todavía monarca en Botsuana, el abril de aquel mismo año. En función de la respuesta que dé el gobierno español, y si admite o no la inviolabilidad del emérito en territorio británico, el juez Nicklin dará luz verde a la continuidad del proceso o la vetará definitivamente.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein contrató en 2019 a un equipo de tres abogados para elaborar una demanda civil por acoso, seguimiento ilegal y difamación contra Juan Carlos I en el Alto Tribunal de Justicia británico, que finalmente fue presentada el 29 de diciembre de 2020, y cuya tramitación tuvo lugar la semana pasada. Uno de los tres abogados que firman la demanda es James Lewis, quien fue seleccionado en 1998 por la Fiscalía de la Corona británica para representar a España en la solicitud de extradición del exjefe de Estado chileno, el exdictador Augusto Pinochet. Más recientemente, en 2020 y 2021, representó al gobierno de Estados Unidos en los tribunales británicos en el juicio para lograr la extradición del periodista creador de Wikileaks, Julian Assange. Los otros dos abogados de Corinna son Jonathan Caplan y Adam Chichester-Clark.  

Hace esta semana un año -el 3 de agosto-, el rey emérito Juan Carlos I decidía abandonar España. Empezaba su autodestierro en Abu Dabi bajo protección de su amigo, el jeque Jalifa bin Zayed Al Nahayan, presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), quien ordenó preparar para él una villa en la isla de Nurai, en pleno Golfo Pérsico. 

Cuando faltan pocos días para que se cumpla un año de la fuga de Juan Carlos I de España, aumentan los frentes judiciales contra el rey emérito. No porque la fiscalía española haya avanzado en su investigación sobre las comisiones del AVE a la Meca –que presumiblemente cerrará–, sino porque la ex amante del rey Corinna Larsen ha hecho efectiva la amenaza lanzada ya a principios del año pasado de demandar por la vía civil Juan Carlos I ante la justicia británica por "vigilancia ilegal".

El primer fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, que investiga la transferencia de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) de Arabia Saudí a la fundación Lucum del entonces rey de España, Juan Carlos I, el 8 de agosto de 2008, llegará a Madrid el 30 de junio próximo, según ha podido confirmar el ARA. Bertossa se reunirá el 1 de julio con el teniente fiscal Juan Ignacio Campos y su equipo en el Tribunal Supremo.