Tribunales

Suiza archiva la investigación sobre la donación de 65 millones de Juan Carlos I a Corinna

El fiscal Bertossa exonera a la ex amante del emérito y los gestores de la fundación donde depositaron el dinero de Arabia Saudí

ARA
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Joan Carles I en una imagen de archivo.

MadridEl fiscal suizo Yves Bertossa ha archivado la causa en la que investigaba a la ex amante de Juan Carlos I Corinna Larsen y a los gestores de la Fundación Lucum, la sociedad panameña a través de la cual el emérito había depositado los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí en 2008 a una cuenta del banco Mirabaud, en Ginebra. Un dinero que, en junio de 2012, el anterior monarca español dio irrevocablemente a la empresaria. También estaban investigados los gestores Arturo Fasana y Dante Canonica, administrador de la fundación establecida en Panamá, paraíso fiscal.

Según informa Europa Press, el fiscal de Ginebra ha cerrado el caso y exonera así a los investigados, entre los cuales no constaba Juan Carlos I. Bertossa indagaba si se había cometido un presunto delito de blanqueo de capitales y de cobro de comisiones irregulares por la falta de transparencia en la donación de 65 millones de euros del rey emérito a Corinna. La noticia la ha avanzado Okdiario, que destaca que el fiscal ha resuelto que el regalo del rey saudí, Abdalá bin Abdulaziz, a Juan Carlos I no estaría vinculado a comisiones ilegales por las obras del AVE a la Meca.

La resolución suiza llega antes de que la Fiscalía del Tribunal Supremo español haya cerrado las diligencias sobre la fortuna en el extranjero no declarada del emérito. Ya hace semanas que se da por hecho que el ministerio público las archivará, si bien una de las tres investigaciones se ha prorrogado a la espera de analizar el contenido de una comisión rogatoria solicitada al fiscal suizo Yves Bertossa. Es la relacionada con un fondo multimillonario escondido en la isla de Jersey.

En paralelo, en Londres ha arrancado el juicio sobre presunto acoso sufrido por Corinna Larsen. La ex amante de Juan Carlos I denunció que había sido sometida a presiones del director del CNI, Félix Sanz Roldán, cuando se torció la relación entre los dos y se temía que pudiera divulgar información comprometida sobre el emérito. Especialmente después del accidente de Botsuana de 2012 y, en posterioridad a su abdicación, el emérito redobló la ofensiva reclamando a Larsen que le devolviera los 65 millones de euros. Una petición que ella rechazó.

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