Ilegalizar a las asociaciones que enaltecen el franquismo nunca ha sido fácil, pero el ministerio de Cultura ha dado un paso definitivo para terminar por vía judicial la Fundación Francisco Franco (FNFF). El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha firmado el procedimiento de acuerdo con la ley de memoria democrática y ha comunicado a la fundación el acuerdo por su extinción. Se trata de un paso previo al cierre de la entidad franquista, fundada en 1976. Después de medio siglo de democracia, ningún gobierno ni institución ha logrado cerrar las puertas de una entidad que ensalza la figura de un dictador y, algo excepcional en Europa, conserva mucha documentación. Por el momento, han enviado la notificación a la fundación, que tiene diez días para responder y realizar las alegaciones. Luego estará en manos de un juez poner punto y final a la larga vida de esta fundación.

Se abre el telón. El portavoz de Més por Mallorca, Lluís Apesteguia, recuerda a la presidenta balear. Marga Prohens, del PP, que rompió el pacto para mantener la ley de memoria democrática tras el acuerdo al que habían llegado en diciembre con los partidos de izquierda. El Govern Balear ha apoyado ahora una propuesta de Vox para derogarla. La presidenta Prohens responde al diputado Apesteguía que "el dictador Franco murió antes de que usted y yo naciéramos, y los únicos que charlan son los de la izquierda". Se cierra el telón.

Una veintena de turistas se detienen por indicación de su guía frente al edificio de la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Con un paraguas típico de este tipo de tours señala tres placas situadas en la fachada del puesto de trabajo de Isabel Díaz Ayuso. Una de ellas recuerda a los caídos en el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 contra los franceses, otra a las víctimas del atentado del 11-M y, finalmente, la más reciente, a los fallecidos durante la pandemia. "Si hubiera una que recordara las torturas que sufrimos, los guías deberían explicarlo a la fuerza", reflexiona en voz alta Ángela Gutiérrez (Badajoz, 1952) mirándoles a una distancia prudencial. A esta militante antifranquista, el edificio, reconocible para cualquier persona que haya visto las campanadas en un canal de ámbito estatal –por ser su reloj el que guía el ritual del cambio de año–, le recuerda cada vez que pasa por delante un momento traumático de su vida. Estuvo detenida tres veces y sufrió agresiones físicas y psicológicas por parte de la policía del régimen.

Joan Busquets Virgen (Barcelona, ​​1928) es el último maqui catalán vivo y sigue batallando para que se le reconozca como luchador antifascista. Escribió cartas a Felipe González y, después, José Montilla, cuando presidían respectivamente el gobierno español y la Generalitat. Nunca obtuvo respuesta alguna. En 2010 se encerró con medio centenar de compañeros en el Memorial Democràtic para reivindicar un reconocimiento jurídico. Tampoco lo ha obtenido, pero no se rinde: ahora pide una indemnización en España de un millón de euros. Exiliado en Francia desde 1974, este martes ha ido a Barcelona para pedir ese reconocimiento.

¿La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) tiene los días contados? Después de medio siglo de democracia, es una cuestión que ha ido aflorando, pero hasta ahora ningún gobierno ni institución ha conseguido cerrar las puertas de una fundación que ensalza la figura de un dictador y, algo excepcional en Europa, conserva mucha documentación . Esta mañana, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado a través de las redes que ha puesto en marcha "las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la FNFF". Sin embargo, el gobierno español no puede de forma unilateral eliminar la fundación, sino que será una decisión que tomarán los jueces.

La ley de memoria democrática española, aprobada en octubre del 2022, parecía que podía abrir la puerta a que finalmente la justicia cediera y se pudieran investigar los crímenes de la dictadura. Se han presentado más de un centenar de querellas en todo el Estado, exigiendo la investigación judicial de los crímenes del franquismo, al considerar que son crímenes contra la humanidad. Sin embargo, tan sólo una de estas querellas ha sido admitida a trámite. La justicia sigue siendo un muro y también lo es cuando se llama a la puerta del Tribunal Constitucional (TC).

Con una sola línea, la juez de Aoiz (Navarra), Ana José Añón Montón, ha despachado la querella que habían interpuesto en octubre trece familiares de presos de guerra republicanos y la asociación Memoriaren Bideak: no lo ha admitido a trámite al considerar que los crímenes han prescrito. Todo ello, pese a que la Fiscalía había informado de ello favorablemente. La jueza ni siquiera ha entrado a valorar si los hechos denunciados pueden calificarse o no de crímenes de guerra y contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles.

EH Bildu salvará la ley de memoria democrática del gobierno español. Los abertzales han anunciado este martes un acuerdo para apoyar a la normativa que los socialistas sacaron del cajón la semana pasada para acelerar su tramitación y que estuviera a punto para que se aprobara en el pleno extraordinario del Congreso del 11 de julio. El apoyo de EH Bildu, que ha acordado con el ejecutivo estatal declarar "ilegales e ilegítimos" los tribunales franquistas y la "nulidad" de todas sus resoluciones y condenas, sería suficiente para que la ley saliera adelante, porque el PNV, el PDECat, Más País y Compromís también votarán a favor. La normativa, pues, podría salir adelante sin el apoyo de ERC.

El gobierno español no hará caso de buena parte del informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el proyecto de ley de memoria democrática porque considera que el enaltecimiento del franquismo no forma parte de la libertad de expresión. La ley saldrá adelante y la previsión es que entre en el Congreso este julio y se inicie la tramitación en septiembre. El gobierno español seguirá con su proyecto de prohibir la Fundación Francisco Franco por hacer apología del franquismo. La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, lo confirmó ante las preguntas de la diputada de EH Bildu, Isabel Pozuelo: “Las leyes las elaboran las Cortes Generales y somos los legisladores los que tenemos la primera y última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país". Calvo recordó que el informe del CGPJ no es vinculante y que tiene partes que el gobierno español puede compartir pero que hay otras cuestiones que "ni comparte ni compartirá". Y uno de los aspectos que no compartirá es precisamente el del enaltecimiento del totalitarismo: "Decir que el enaltecimiento del totalitarismo, que es el fascismo de la dictadura de Franco, forma parte de la libertad de expresión es vilipendiar a las víctimas". Y añadió: "Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario".