El CGPJ avala el informe que enmarca la apología del franquismo dentro de la libertad de expresión

MadridEl Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado el informe que cuestiona algunos puntos de la nueva ley de memoria democrática. El pleno celebrado este lunes ha dado luz verde con 15 votos a favor y seis en contra al documento elaborado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea, que entre otras cosas cuestionaba que se quieran castigar actos y organizaciones que hagan apología del franquismo. En su informe subrayan que, si no hay una "humillación a las víctimas", la exaltación de la dictadura tendría que estar amparada en la libertad de expresión. Y también rechazan que se tipifique con una infracción muy grave el hecho de que no se tomen medidas para impedir manifestaciones franquistas, argumentando que iría en contra del derecho de reunión.

La tónica general, sin embargo, no es contraria al anteproyecto de la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, sino que se hacen precisiones. A pesar de haberse aprobado, en el pleno han aflorado muchos matices. Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado a favor del informe, pero elaborarán un voto concurrente en el que expresarán sus dudas sobre la prohibición de la apología del franquismo. Fuentes consultadas por el ARA apuntan que Cuesta ha expresado durante el pleno una opinión en sintonía a las intenciones de Calvo, que se encaminan a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. En la órbita progresista, la vocal Concepción Sáez –propuesta por Esquerra Unida– ha votado en contra del documento y ha hecho una defensa cerrada de la norma gubernamental. Ha anunciado así un voto particular al informe en el que, explican las fuentes consultadas, expondrá un planteamiento incluso más ambicioso que el del ejecutivo.

Otro elemento relevante del informe es el concepto de víctimas. El pleno considera que se corre el riesgo de que se tutele de "manera asimétrica" la dignidad de las diferentes víctimas en función de su procedencia. Más allá de esto, se establece que esta definición se mueve en el plano "administrativo", porque el "derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal". En este sentido, se abre un debate sobre la "nulidad" de los juicios franquistas. El anteproyecto de Calvo incorpora este término, pero se especifica que no representaría ninguna responsabilidad civil y patrimonial para el Estado. La mayoría del CGPJ avala el concepto de nulidad –supera el de ilegitimidad de la ley de memoria histórica del 2007–, pero advierte de que hay una cierta contradicción: en el ordenamiento jurídico el concepto de nulidad sí conlleva un régimen de responsabilidad.

Cinco vocales propuestos por el PP han votado en contra del informe: Juan Martínez Moya, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías y José Antonio Ballestero. Los tres primeros han anunciado la presentación de un voto particular discrepante y los dos últimos otro. El texto de Ballestero y Macías exuda un posicionamiento contrario a la conveniencia de elaborar esta ley y se opone a la nulidad de los juicios de los tribunales de la época de la dictadura.

La función del Valle de los Caídos

El voto particular de los otras vocales conservadores, en cambio, se centra en la función del Valle de los Caídos, según las fuentes consultadas. Calvo plantea que se convierta en un "cementerio civil de los dos bandos", pero Díaz, Fernández y Moya sostienen que esto va en contra del Concordado del 1953 con la Santa Sede, que establece que los lugares de culto son competencia de la Iglesia. En el informe aprobado no se entra a valorar este punto, pero los impulsores creen que sí se puede modificar el sentido del Valle de los Caídos.

La división dentro del pleno sobre la ley de memoria democrática es notoria y ya se evidenció cuando los dos ponentes originales tuvieron que renunciar por falta de acuerdo. Cuesta y Ballestero eran los encargados iniciales de elaborar el informe, pero lo dejaron correr por las discrepancias. Los votos discordantes entre ellos así lo reflejan. La redacción pasó después a manos de Bach y Olea, que sí consiguieron una propuesta conjunta. El informe del CGPJ no es vinculante, como tampoco lo era el que elaboró el Consejo Fiscal hace unos días y que también causó división. De hecho, se aprobó gracias al voto de calidad de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Calvo, con todo, podrá llevar el texto al consejo de ministros ya como proyecto de ley y, una vez aprobado, entrará en el Congreso.