Hace 522 días que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la ley de amnistía, tras una negociación convulsa entre el PSOE y Junts y los intentos del PP de torpedearla en el Senado. Sin embargo, los líderes del 1-O siguen sin haberse beneficiado en su totalidad por las reticencias del Supremo en aplicarla al delito de malversación. Ahora bien, tanto ellos como el resto de encausados ​​por el Proceso comienzan a ver la luz al final del túnel: el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se ha pronunciado esta semana avalando el gran grosor de la norma. Hace reproches menores, como que el tiempo de dos meses que se dio para aplicarla —y que muchos tribunales igualmente no han cumplido— es insuficiente, pero defiende la finalidad de "reconciliación" política y social.

En abril hubo el primer aviso, y finalmente la sanción ha llegado: el Tribunal de Cuentas ha impuesto a Junts dos multas por haberse saltado la legislación electoral sobre campañas en las elecciones municipales de 2023. Tras supervisar la contabilidad electoral de Compromiso Municipal, la marca municipalista de los junteros, el ente fiscalizador ha determinado que rebasó los límites de gasto que la ley. Y la suma total que el partido de Carles Puigdemont debe pagar sube hasta los 383.317,96 euros.

Daniel de Alfonso, ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), fue destituido en 2016 por estar vinculado supuestamente con la guerra sucia contra el independentismo. Su nombre quedó cuestionado a raíz de la publicación de unas conversaciones, mantenidas a las puertas de la celebración de la consulta del 9-N, en las que conspiraba con el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz para fabricar informaciones que incriminaran a dirigentes de Convergència e Esquerra. Una vez fuera del organismo, salió a la luz que De Alfonso y otros dos ex altos cargos de la OAC cobraron sobresueldos a través de asignarse trienios "indebidos" —que ascienden a 200.000 euros— y con otros conceptos añadidos a sus nóminas, como un complemento de calidad. Es lo expuesto este lunes la abogada de Antifraude y la Fiscalía en un juicio al Tribunal de Cuentas, que ahora tendrá que dirimir si ha quedado acreditada la responsabilidad contable de De Alfonso y le condena a devolver el dinero.

La escena se produce jueves por la mañana en el patio de Floridablanca, en el Congreso de Diputados. Un grupo de personas se acerca al portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y piden hacerse una foto de grupo con él. Los visitantes también saludan a Macarena Olona, la secretaria general del grupo parlamentario. En general, los dirigentes de Vox son vistos como estrellas del rock por sus votantes, y ellos actúan como tales en la cámara baja, incluso imitando estrategias tan propias de la izquierda como la de lucir camisetas reivindicativas en la tribuna, al más puro estilo Mónica Oltra o David Fernández. Así, la diputada Carla Toscano, hizo su intervención contra la ley de libertad sexual llamada la del “solo sí es sí” con una camiseta con el lema “Not me too”, en referencia al movimiento de solidaridad feminista contra las agresiones sexuales. El caso es que Vox le tiene minada la moral al PP en el Congreso y nada de lo que hacen los populares se entiende sin tener en cuenta este componente.

El 6 de julio el consejo ejecutivo dio luz verde al decreto que autorizaba al Institut Català de Finances (ICF) a avalar las fianzas de la causa del departamento de Exteriores en el Tribunal de Cuentas. Tres meses después se ha agotado el plazo para que el gobierno español lo impugne y, por lo tanto, se suspenda de manera automática para la admisión a trámite del Tribunal Constitucional. Ayer, jueves 7 de octubre, era el último día para que la Moncloa pidiera un dictamen al Consejo de Estado y lo llevara al TC para intentar invalidar el movimiento que hizo la Generalitat, que tenía como objetivo evitar que una treintena de ex altos cargos tuvieran que embargar su patrimonio para hacer frente a un pago de 5,4 millones de euros. Por ley, el ejecutivo del Estado tiene tres meses para impugnar y a estas alturas ya se ha acabado el plazo para suspender la norma –el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó el decreto el día 7 de julio– e impedir que se aplique a corto plazo.

La decisión más tensa que hasta ahora ha tomado el nuevo Govern va camino de los tribunales: la Fiscalía ya estudia el aval del Instituto Catalán de Finanzas a la treintena de investigados por la causa de Exteriores. El ministerio público ha aceptado este miércoles la denuncia que le presentó Ciudadanos por un presunto delito de malversación de fondos públicos y ha encargado a la Fiscalía Provincial de Barcelona que abra diligencias de forma inmediata.

Al final, a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas los avalará el Institut Català de Finances. Mientras tanto, el Govern continúa buscando un avalador entre algún banco extranjero, porque los bancos españoles no quieren saber nada.

El 22 de julio del 2016 el Tribunal de Cuentas publicó un extenso informe en el que analizaba la acción exterior de las diferentes comunidades autónomas en el periodo 2011-2014. Visto con ojos actuales resulta muy interesante comprobar cómo aquel informe, al cual ha tenido acceso el ARA, no cuestionaba la acción exterior de las autonomías, incluida la de la Generalitat de Catalunya, y se limitaba a hacer recomendaciones en el sentido de reforzar las sinergias entre el Estado y las comunidades para evitar duplicidades o aumentar los controles.

Finalmente, el Govern ha encontrado la fórmula jurídica para cubrir las fianzas (totalmente exorbitantes) impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 cargos y ex cargos de la Generalitat a los cuales se responsabiliza de la acción exterior de la Generalitat entre 2012 y 2017. El conseller de Economía, Jaume Giró, explicó ayer que el consejo ejecutivo había aprobado la creación de un fondo de riesgos dotado con diez millones de euros al cual se puedan acoger todos los servidores públicos, con el objetivo de cubrir los perjuicios económicos que se puedan derivar del ejercicio de sus competencias. De entrada este fondo dependerá del Institut Català de Finances, pero a la larga se creará una entidad externa que vendrá a ser como una aseguradora pública que cubrirá todo aquello que queda fuera de los seguros privados que tiene contratados la Generalitat.

No se pierdan esta información que hoy publica el diario El País. La firma el periodista Josep Maria Brunet, que hace muchos años que vive en Madrid y se ha especializado en tribunales. Resulta que de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas que pueden arruinar a una cuarentena de cargos de la Generalitat, hay tres que no están de acuerdo con que tengan que devolver los 5,4 millones de euros por gastos indebidos.

El procedimiento del Tribunal de Cuentas por la acción exterior de la Generalitat contra 41 cargos y ex cargos del Govern, que tendrán que depositar una fianza conjunta de 5,4 millones de euros en los próximos días, es un auténtico monumento a la ignominia, un escándalo que hace bajar unos cuántos escalones la calidad de la democracia española. De hecho, la forma de proceder recuerda mucho a la de los regímenes autoritarios y dictatoriales, que aplicaban la justicia de manera retroactiva contra los defensores de la democracia acusándolos de "rebeldes".

La concesión de los indultos solo afecta a los 9 condenados a penas de prisión en el juicio del Procés que se hizo en el Tribunal Supremo en la primera mitad del año 2019. Por lo tanto, deja fuera todo el resto de causas abiertas contra miles de personas, unas 3.000 según los cálculos de Òmnium Cultural, y que se mantienen vivas en diferentes juzgados e instituciones de la administración del Estado, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas. Desactivarlas será uno de los retos de la nueva etapa de diálogo entre el gobierno español y el catalán. Este es un resumen de las principales causas pendientes: