El Tribunal de Cuentas también pica el corteza a Junts ya la difunta Valents (además de Aliança Catalana)

BarcelonaAliança Catalana ha suspendido su primer examen ante el Tribunal de Cuentas: el ente fiscalizador ha detectado irregularidades graves en cuanto a su financiación en las elecciones que situaron a Silvia Orriols al frente de la alcaldía de Ripoll. No es, sin embargo, la única formación catalana a la que pica la corteza en el informe sobre el gasto electoral de las municipales de 2023. Juntos por Cataluña –bajo la marca Compromís Municipal– y Valents –el partido que fundó Eva Parera tras la asustada de Manuel Valls de Barcelona– también incurrieron en presuntas irregularidades sancionables. Un par de candidaturas locales catalanas también podrían recibir sanciones por malas prácticas: son Alternativa per Olèrdola y Ara Decidim Ripollet.

¿Qué es lo que reprocha el Tribunal de Cuentas a Junts? Pues que haya superado el límite de gasto permitido en los comicios municipales en 314.659,73 euros, un 22,91% más de lo legal. Es una infracción muy grave, según lo establecido por la ley orgánica de financiación de partidos, y por la que podría recibir una multa de entre el doble y el quíntuplo del exceso. El informe también alerta de un gasto de publicidad exterior demasiado elevado, un 1,66% superior a la permitida. También identifica otras irregularidades que, en este caso, no son sancionables; por ejemplo, haber pagado a los proveedores fuera del plazo establecido por ley. Por todo ello, se le aplica una reducción de la subvención electoral de un 10% del importe de estos gastos.

Los reproches del Tribunal de Cuentas a Valientes son el último clavo en el ataúd de esta formación: el partido entró en concurso de acreedores y el juez, a 1 de enero de 2024, decretó su disolución. En el informe, los miembros del Tribunal de Cuentas le reprochan el desbarajuste en sus cuentas. No ha justificado gastos por valor de 95.000 euros ni ha presentado la documentación que le ha pedido el tribunal, lo que supone una infracción leve de la ley de financiación de partidos por falta de colaboración. El ente detecta la misma falta de justificación en los gastos de los envíos electorales, por valor de 353.082,15 euros, que el partido nunca llegó a recuperar al no lograr representación. También señala donaciones económicas irregulares –sin dar nombre, apellido, DNI o domicilio– y aportaciones de 43.500 euros "cuya procedencia no ha quedado del todo acreditada". De ahí que y por haber pagado tarde a los proveedores, se le aplica una penalización del 10% en la reducción de la subvención electoral.

Otro caso sorprendente es el de Alternativa per Olèrdola: ha superado en un 770,6% el límite de gasto que tenía permitido (427,24 euros). Además, se saltó en un 332% el límite de gasto en publicidad en prensa y radio, invirtiendo 283 euros cuando sólo podía destinar 85. Ambas son infracciones muy graves. Lo mismo les ha ocurrido a Ara Decidim Ripollet –que se le ha saltado en un 19,5%.

Pagar tarde a los proveedores tiene castigo

Más allá de estos partidos, no existe otra formación catalana que haya cometido irregularidades sancionables, según el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, tanto el PSC (bajo la marca Candidatura de Progreso) como los Comunes (bajo la marca Confluencia) y el PDECat (bajo la marca Ara Pacte Local) han visto reducida en un 10% la subvención de gastos por haber pagado tarde a los proveedores. Lo mismo le ha ocurrido a Tot x Terrassa, el partido de Jordi Ballart, al que el Tribunal de Cuentas llama la atención en cuanto a su tesorería: hizo pagos "de naturaleza no electoral", por valor de 7.700 euros, con la cuenta bancaria de que los partidos deben abrirse únicamente para pagar y recibir las ayudas por los comicios.

Esquerra (bajo la marca Acuerdo Municipal) y la CUP (Alternativa Municipalista) son las dos únicas candidaturas que no han cometido ninguna irregularidad y, por tanto, no se han visto penalizadas en la revisión de la subvención por parte del Tribunal de Cuentas.