El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en el primer examen en la extrema derecha de Aliança Catalana

BarcelonaEl Tribunal de Cuentas ha detectado incumplimientos legales e infracciones en su primer informe de fiscalización en el partido de extrema derecha Aliança Catalana. En su informe sobre los gastos de los partidos de las elecciones municipales del 2023, los que llevaron a Silvia Orriols a la alcaldía de Ripoll, señala que Aliança superó el límite de gasto electoral permitido y, además, recibió donaciones privadas que no cumplían todos los requisitos legales.

Según recoge Europa Press, a partir del informe, el partido de Silvia Orriols se gastó 3.516,15 euros en la campaña y superó en 359,62 euros el límite máximo de gasto electoral que tenía establecido por la ley orgánica del régimen electoral, lo que supone un exceso del 10,23%. Se trata de una irregularidad sancionable, de acuerdo con la legislación, y tipificada como muy grave en la ley de financiación de partidos. Por otra parte, el informe del Tribunal de Cuentas también señala que recibió una donación de 500 euros sin DNI, además de aportaciones del partido a la campaña electoral de un total de 3.024,85 euros que no cumplían con todos los requisitos legales que exige la ley. Asimismo, apunta un gasto de 1.070,14 euros que no ha sido justificado con ninguna factura.

Cobros y pagos en efectivo

Sin embargo, los avisos del informe del Tribunal de Cuentas no terminan aquí. Señala que Aliança Catalana no acreditó la apertura de una cuenta bancaria específica para los gastos de las elecciones municipales de 2023, lo que exige la ley orgánica del régimen electoral. De esta forma, apunta que todos los cobros (3.524,85 euros) y pagos (3.270,63 euros) que ha declarado se hicieron en efectivo, incumpliendo la legalidad.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas concluye que el ministerio del Interior, que es quien se encarga de financiar a los partidos a través de las subvenciones electorales tras los comicios, debe reducir la subvención enviada a Alianza. Por un lado, se le restan 7.049,70 euros –la ley marca que debe ser el doble de lo que no ha justificado correctamente–; y por otra, se le reduce la cantidad de 327,06 euros de la subvención, que se corresponde con lo que gastó de más.