El envejecimiento de la población ha llevado al gobierno español a buscar soluciones para poder hacer frente a las pensiones. Por eso, desde hace años, en Madrid se busca incentivar un modelo híbrido que permita empezar a recibir la jubilación mientras se alarga la vida laboral. Es decir: un sistema que permita trabajar y ser pensionista de forma simultánea. Tras los múltiples fracasos, a partir del 1 de abril entrarán en vigor una nueva serie de cambios en la regulación que pretenden incentivar estas vías.

Una fría y otra caliente. Esa es la conclusión que se extrae del primer gran examen de la reforma de las pensiones que el gobierno español inició en 2020. Este lunes la Autoridad Fiscal (Airef) ha publicado los resultados de la prueba de fuego –el organismo tiene el mandato de evaluar cada tres años las medidas– y, si bien confirma que se cumple con la "regla de gasto" del sistema de las Airef, Cristina Herrero, en rueda de prensa. En cambio, el gobierno español ve en las conclusiones de Airef un aval a todos los cambios aprobados. De hecho, desde el ministerio de la Seguridad Social hablan de "éxito" de la reforma. ¿Por qué opinan tan distinto?

El ex ministro socialista y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, le dejó un encargo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuando elaboró ​​la última gran reforma de las pensiones: sería la encargada de analizar la sostenibilidad del sistema. Ahora ese momento ha llegado.

Uno de los retos que tiene España es el del gasto público del sistema de pensiones y, en particular, cómo se cubre en el medio y largo plazo teniendo en cuenta que en unos años se jubilará la generación del baby boom, la más numerosa. La Comisión Europea, online con lo que ya ha anticipado la autoridad fiscal (Airef), considera que a pesar de la reciente reforma del gobierno español harán falta más ajustes para cubrir el coste del sistema. Esto exigirá activar un mecanismo que pasa principalmente por un incremento de las cotizaciones sociales. Sin embargo, el Banco de España trata de reojo esta opción: "Sostener la financiación del sistema de pensiones exclusivamente en el incremento de las cotizaciones sociales podría ser perjudicial para el empleo y la competitividad de la economía española", advierte el organismo supervisor en un nuevo capítulo delInforme anual 2023, publicado este martes al mediodía.

Tras conocerse que las pensiones contributivas subirán un 3,8% el próximo año, la flamante ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz (PSOE), adelantó este martes que el ingreso mínimo vital (IMV) y las pensiones no contributivas se incrementarán en un 6,9%. Asimismo, también explicó que la pensión más baja de todas, la de viudedad con cargas familiares, se incrementará un 14% en 2024 y, finalmente, situó el incremento de las pensiones mínimas entre un 5% y un 7 %, según ha detallado en una entrevista en la agencia Efe.

Las pensiones contributivas incrementarán un 3,8% en 2024. Así lo anticipan desde el ministerio de la Seguridad Social, después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya dado a conocer el dato anticipado de la inflación interanual de este mes de noviembre, que se sitúa en un 3,2%. Sin embargo, fuentes del ministerio recuerdan que se trata de un dato pendiente de confirmarse por parte del INE y aunque es probable que no cambie, ya que la cifra anticipada suele coincidir con la confirmada, la revalorización definitiva de las prestaciones no se sabrá hasta el 14 de diciembre, cuando el INE publique el dato definitivo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes, en el marco de la negociación con los agentes sociales para culminar la reforma de las pensiones, que planteará subir progresivamente la pensión máxima y elevar la base máxima de cotización para favorecer la sostenibilidad del sistema.

Este no será un otoño tranquilo ni para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni para el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. A pesar de haber aprobado medidas estrella como la reforma laboral, las dos carteras tienen que recoger la negociación con sindicatos mayoritarios y patronales alrededor de varias reformas en materia laboral y de la Seguridad Social: desde un nuevo acuerdo para el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la segunda parte –no poco convulsa– de la reforma de las pensiones. Todo ello, en un contexto marcado por unos precios que continúan desbocados, con una previsión de inflación media para este 2022 de entre un 7% y un 8%, y unos salarios que, por el contrario, se mantienen estancados, lo que provoca una pérdida con cuentagotas del poder adquisitivo de muchos trabajadores. Estas son los trabajos pendientes de cara al nuevo curso:

El ministro de Inclusión y la Seguridad Social, José Luis Escrivá, celebraba todavía no hace un año un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del sistema de pensiones. El consenso, sin embargo, era sobre un primer bloque de medidas que, entre otras cosas, recuperaba la revalorización de las pensiones según el IPC y dejaba atrás el factor de sostenibilidad del PP aprobado en 2013. Escrivá dejó para la segunda mitad de este 2022 toda una segunda fase (y no poco polémica). Son los elementos más pesados, como por ejemplo los planes de pensiones públicos, que llegan precisamente este jueves al Congreso de los Diputados, y lo hacen en una votación muy ajustada. A esta norma, sin embargo, se suman otros que apenas se tienen que empezar a negociar y que tienen por objetivo "compensar" el gasto futuro. Eso sí, todas están comprometidas con Bruselas.

"El pacto de rentas ni existe ni se espera que exista". Así resumía el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el estado de uno de los planteamientos de Pedro Sánchez para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y, en particular, a la espiral inflacionista actual, marcada sobre todo por los costes energéticos. Un pacto que tendría por objetivo repartir los daños del choque actual entre empresas y trabajadores. Si bien parece que desde sindicatos, pero también patronales y gobierno español, ya han tirado la toalla para materializar este tipo de acuerdo, quien continúa confiando en ello es el Banco de España.

Luz verde del consejo de ministros para que los casi diez millones de jubilados que hay en España vean aumentar este año su pensión. Con la reforma del sistema, negociada con los agentes sociales y aprobada en el Congreso de Diputados, las pensiones contributivas, entre las cuales el subsidio por jubilación, se revalorizarán un 2,5%. El aumento es fruto de calcular el IPC medio entre el mes de diciembre de 2020 y el de noviembre del año pasado, tal como se acordó con los sindicatos y las patronales el verano pasado con el objetivo de dejar atrás el factor de sostenibilidad introducido por el Partido Popular en 2013 (provocaba aumentos anuales de un 0,25%). A grandes rasgos, la reforma deja la jubilación mínima en 721 euros al mes (10.104 euros al año), y la máxima en 2.819 euros mensuales en 14 pagas (39.474 euros al año).

A partir del 1 de enero de 2022 los pensionistas verán revalorizada su pensión contributiva un 2,5% por el impulso del IPC. El aumento es fruto de la nueva fórmula de revalorización que recoge el proyecto de ley de reforma de las pensiones y que tiene en cuenta la inflación interanual media de los 12 meses anteriores, es decir, desde diciembre del año pasado hasta noviembre de este año. Así lo acordaron gobierno español, sindicatos y patronales en verano, con lo que dejaron atrás el tope del 0,25% de la reforma del PP aprobado en un contexto de déficit en el Estado. Además, ese acuerdo recoge que, en caso de inflación negativa, los pensionistas no verán reducidos sus ingresos, sino que se mantendrán igual.

El gobierno español ha anunciado este lunes un acuerdo solo con los sindicatos para aumentar las cotizaciones a la Seguridad Social un 0,6% durante 10 años como medida excepcional para poder hacer frente a las pensiones de los llamados baby boomers (los nacidos entre finales de los 50 y finales de los 70). Las patronales CEOE y Cepyme han decidido desmarcarse del acuerdo y levantarse de la mesa sin presentar una alternativa. En un comunicado se han limitado a afirmar que la medida "es insuficiente, no garantiza el equilibrio del sistema y harán falta medidas adicionales en un futuro para asegurar su sostenibilidad".