El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha salvado la primera bola de partido. Las mociones de censura que amenazan a su gobierno no se votarán hasta este jueves, pero los socialistas, que tienen la clave para salvar o tumbar al ejecutivo, han dejado entrever que no votarán a favor tras el anuncio de Lecornu de suspender la reforma de las pensiones. Durante su primera intervención en la Asamblea Nacional, el primer ministro se comprometió a poner en pausa la reforma del presidente Macron, la principal reivindicación de la izquierda.

El segundo gobierno liderado por Sébastien Lecornu, nombrado este domingo, ya ha durado más horas que el primero –que sólo estuvo vigente 14 horas–, pero puede pasar a la historia como el segundo más corto de la V República si prospera alguna de las dos mociones de censura presentadas este lunes por el Reagrupament Nacional (RN), la extrema derecha de Marine Le Pen, y por La Francia Insumisa (LFI), el partido considerado de izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon. Ambas mociones se votarán esta semana, probablemente el jueves, y no es improbable que una de las dos sea aprobada.

El nuevo primer ministro francés, François Bayrou, está dispuesto a revisar la reforma de las pensiones, que alargaba la edad de jubilación de los actuales 62 a los 64 años, una ley que impulsó el presidente Emmanuel Macron y que provocó una ola de protestas en la calle. Bayrou ha aceptado reabrir el debate de las pensiones para obtener el apoyo parlamentario de los socialistas y evitar depender de la extrema derecha de Marine Le Pen. Es su apuesta por intentar que su gobierno, en minoría en la Asamblea Nacional, sobreviva.

El nuevo primer ministro francés, François Bayrou, está dispuesto a revisar la reforma de las pensiones, que alargaba la edad de jubilación de los actuales 62 a los 64 años, una ley que impulsó el presidente Emmanuel Macron y que provocó una ola de protestas en la calle. Bayrou ha aceptado reabrir el debate de las pensiones para obtener el apoyo parlamentario de los socialistas y evitar depender de la extrema derecha de Marine Le Pen. Es su apuesta por intentar que su gobierno, en minoría en la Asamblea Nacional, sobreviva.

Van siempre en motos de gran cilindrada, vestidos de negro de pies a cabeza, y nunca se quitan el casco. A primer golpe de vista, cuesta reconocerlos como policías. Hasta que se bajan de la moto y sacan la porra para dispersar a manifestantes. Son los miembros de la brigada de represión de la acción violenta motorizada (Brav-M), una unidad que da apoyo a los dispositivos policiales en las manifestaciones en Francia y que está en el punto de mira por sus polémicas actuaciones en las protestas contra la reforma de las pensiones. No están en primera línea y solo actúan cuando hay disturbios y hay que dispersar a los manifestantes, a menudo en las manifestaciones no autorizadas. Es habitual verlos por encima de las aceras, con las motos, persiguiendo a manifestantes.

Francia está indignada. El día después de las primeras declaraciones del presidente Emmanuel Macron sobre la reforma de las pensiones tras ser adoptada por su gobierno, miles de franceses han vuelto a llenar las calles este jueves en la novena jornada de huelga general contra la reforma. La rabia y la indignación han aumentado en los últimos días por la negativa del ejecutivo a someter la reforma, que alarga la edad de jubilación hasta los 64 años, a votación en la Asamblea Nacional. Sindicatos y ciudadanos han salido en masa a la calle para dejar claro que la lucha continúa y que no pararán las protestas aunque el gobierno haya dado la reforma por cerrada. Según la policía, en todo el país se han manifestado casi 1,1 millones de personas, una cifra que los sindicatos elevan a 3,5 millones.

Llega la hora de la verdad. Después de semanas de movilizaciones históricas en las calles de Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente, Emmanuel Macron, este jueves la Asamblea Nacional debate y vota a partir de las tres de la tarde el proyecto de ley que alarga la edad de jubilación de los actuales 62 años hasta los 64. Es la medida más polémica de la reforma, la que ha generado las protestas y ha reducido la popularidad del presidente. Y Macron no tiene garantizado el apoyo del Parlamento: su grupo político, Renacimiento, no tiene la mayoría absoluta y depende de los votos de la oposición de la derecha tradicional, los Republicanos. La votación se anuncia muy ajustada y el resultado es incierto.

El gobierno francés no está dispuesto a dar marcha atrás en su intención de alargar la edad de jubilación pese a las protestas masivas en la calle. El tercer día de huelga general este martes no ha conseguido sumar a tantos manifestantes como el 19 y el 31 de enero, día en el que salieron a la calle casi 1,3 millones de personas, pero ha confirmado que la oposición a la reforma de las pensiones impulsada por el presidente del país, Emmanuel Macron, es importante. Según el sindicato CGT, casi dos millones de personas se han manifestado en Francia, una cifra que la policía rebaja a 760.000, la mitad que en la última huelga.

La inflación ha puesto en el punto de mira el sistema de las pensiones. Después de la reforma del gobierno de Pedro Sánchez, las prestaciones se vuelven a revalorizar en función del índice de precios al consumo (IPC) para garantizar el poder adquisitivo de los jubilados. La medida ya la aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pero después la tumbó el ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), que a cambio –y con el objetivo de recortar el déficit del Estado– aprobaba el factor de sostenibilidad: desde entonces las pensiones se revalorizarían como mucho un 0,25%, independientemente de la inflación. 

El anuncio esta semana de una gran manifestación organizada por los sindicatos CCOO y UGT y entidades sociales, a mediados de diciembre, para defender los servicios públicos y reclamar sueldos dignos, y de otra movilización de la Intersindical el 30 de noviembre para denunciar la precariedad del sector público, escenifican que la recta final del año y el comienzo del 2022 serán calientes. Encima de la mesa hay reformas y problemas endémicos que se tienen que resolver en pocas semanas para encarar con las máximas garantías la recuperación económica, con la ayuda de los fondos europeos, después del descalabro causado por la crisis del covid .

Era inevitable que más pronto que tarde se tuviera que reformar el sistema de pensiones del estado español, porque los números no salen. Y no había que esperar a que los primeros nacidos en la etapa del baby boom llegaran a la edad de la jubilación para saberlo, porque las proyecciones demográficas, como es obvio, se pueden hacer con décadas de anticipación.

Después del no al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y del no al incremento de las cotizaciones 0,6 puntos porcentuales para garantizar las pensiones de los baby boomers, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha hecho un llamamiento a la patronal CEOE para que se sume a los diferentes acuerdos que están pendientes antes de que acabe el año, como la misma reforma de las pensiones o la laboral. En cuanto a esta última, Calviño ha destacado que es "muy importante que sea un acuerdo tripartito [gobierno español, sindicatos y patronal] para que la reforma se ejecute de manera eficaz y perdure en el tiempo". En este sentido, la ministra ha insistido en que hay mucho en juego y ha lamentado que la patronal "no se haya sumado al acuerdo con los sindicatos" para aumentar las cotizaciones.

Los baby boomers han estado durante estas últimas semanas en boca de todo el mundo. ¿El motivo? La incertidumbre de cómo se conseguirá pagar las pensiones de la generación más numerosa. ¿Pero quién son? Los baby boomers son los nacidos entre finales de los años 50 y de los 70, cuando hubo un pico demográfico en España. Cada año nacían cerca de 700.000 bebés, mientras que a finales de la década de los 80 la cifra ya caía a poco más de 400.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De hecho, durante estas dos décadas nacieron más de 13 millones de bebés, más del doble que las dos décadas anteriores y 4,5 millones más que las dos posteriores.

La reforma de las pensiones será uno de los temas calientes de la agenda política de este otoño en España. Mientras el gobierno del Estado prepara la negociación con el resto de partidos, patronales y sindicatos, el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones es recurrente en el resto de Europa, donde la población envejece de manera rápida y las franjas de trabajadores más jóvenes llevan años con los salarios reales estancados o a la baja.

El ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha cerrado este lunes con los agentes sociales –las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT– un preacuerdo para la reforma de las pensiones que supone la derogación de la reforma del gobierno de Mariano Rajoy de 2013, y que se alinea con la reforma prevista en el Plan de Recuperación presentado a Bruselas. Un preacuerdo, al que ha tenido acceso el ARA, que tiene como puntos fundamentales la revalorización de las pensiones en función de la inflación, la supresión del factor de sostenibilidad (que vinculaba las pensiones a la esperanza de vida) y el objetivo de alargar la edad de jubilación real (la media es ahora de 64,6 años) hasta la legal (que está entre 65 y 66 años). Además, para reducir el déficit de la Seguridad Social, los gastos denominados impropios, como por ejemplo las pensiones no contributivas, irán a cargo de los presupuestos generales del Estado, que aportará un 2% del PIB, unos 21.000 millones de euros.