El agua se filtra tantas veces que acaba siendo pura, tan depurada que no hidrata y que ni siquiera es buena para beber. El agua que llega a los laboratorios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC), ubicados en un sótano de la Ciudad de la Justicia, es ya más limpia que la de cualquier casa. Aun así, pasa por otros dos filtros antes de llegar a la máquina millonaria que analiza las muestras de orina, sangre, mocosas, líquidos... y te dice qué sustancias hay. Cocaína, alcohol, cafeína, anfetaminas. Un químico analiza todos los resultados, que en unos meses serán claves para resolver un homicidio, una agresión sexual o, simplemente, una muerte accidental. El ambiente es de laboratorio: estéril y pulcro, pero con muchos ordenadores, probetas y microscópicos. Incluso existen duchas en medio de los despachos para evitar la contaminación del espacio.

En una semana dos trabajadoras de la cárcel de Brians 2 han denunciado haber sufrido acoso sexual por parte de dos internos. Tal y como ha denunciado el sindicato CSIF, los hechos ocurrieron el 14 y el 19 de julio en el mismo centro penitenciario de Sant Esteve Sesrovires.

La edad media de los trabajadores de las prisiones catalanas ronda los 50 años. Es, pues, una plantilla envejecida, que no ha crecido mucho en los últimos años y que ve, desesperada, cómo el relevo generacional se hace con cuentagotas. Muchos de los trabajadores, los sindicatos calculan que unos 700, tendrían ya la edad para poder acogerse a un trabajo que evitara el desgaste, sobre todo físico, que supone el contacto con los internos, pero no hay suficientes plazas de este tipo y, por tanto, se mantienen activos en primera línea hasta la jubilación. Ésta es, según las fuentes consultadas, una de las razones que explicarían que desde el 2018 se hayan triplicado las bajas laborales entre los funcionarios de prisiones. Los datos, obtenidos a través de transparencia, llegan sólo hasta octubre de este año, y demuestran que en 2024 ha habido incluso más bajas que en los mismos meses de los años 2020 y 2021, que fueron los más fuertes de la pandemia y en los que, por tanto, hubo un alud de bajas.

Marzo ha sido un mes convulso en las cárceles. El 14 de marzo de 2024 será un día especialmente recordado en la historia penitenciaria catalana: en la cárcel de Mas de Enric un interno asesinó a la cocinera del centro, el primer trabajador penitenciario fallecido en manos de un preso en cuarenta años. Bajo el lema "Todos somos Núria", el nombre de la trabajadora asesinada, la plantilla y los sindicatos iniciaron unas movilizaciones inauditas –que todavía duran–, bloquearon las cárceles y encerraron a los presos en las celdas más de 24 horas . Para los trabajadores, el crimen de Mas de Enric fue la gota que colmó un vaso que hacía tiempo que se estaba llenando de un aumento exponencial de las agresiones. Y el mes más convulso en las cárceles también ha sido uno de los que ha registrado más agresiones: según ha podido saber el ARA, este marzo se han cometido 79 agresiones de presos a funcionarios, el doble que en febrero y 28 más que en marzo de 2023. Es la cifra más alta de los últimos doce meses.

Que los cuchillos en las cocinas o cutters en los talleres estén atados a las mesas con una cadena para que el preso no pueda utilizarlo fuera de su zona de trabajo. O que en las neveras de las prisiones cada vez haya más comida de cuarta gama. Es decir, verduras, frutas y otros alimentos ya cortados para que los internos no tengan que manipularlos tanto. Éstas son algunas de las medidas, según ha podido saber el ARA, que el departamento de Justicia ha propuesto este viernes a los sindicatos de prisiones en una reunión para mejorar la seguridad en los centros penitenciarios; unas negociaciones que detonaron después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric, que murió apuñalada por un interno que trabajaba en la cocina hace un mes.

La reunión de este martes, la primera entre los sindicatos de prisiones y el departamento de Justícia desde el asesinato de la cocinera de Mas de Enric a manos de un interno, se había mantenido en secreto. Tanto que ni la propia plantilla, según fuentes de los funcionarios de los centros penitenciarios, lo sabía. Después de que durante tres semanas los sindicatos hayan plantado sistemáticamente a la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, y al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y sólo hayan accedido a reunirse con la vicepresidenta, Laura Vilagrà, el relevo del director de Mas de Enric significó un punto de inflexión. El cambio se ha materializado este martes, cuando a las 9.30 h los representantes de los trabajadores han entrado por la puerta de la sede del departamento y se han encontrado con el secretario general de Justicia, Jordi Martinoy, y representantes de la secretaría de Administración y Función Pública.

Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, ha entrado de lleno a la campaña presidencial de su padre. Después de una larga investigación de cinco años, el Departamento de Justicia ha llegado a un acuerdo con él por el cual se declarará culpable de dos delitos fiscales menores y evitará así una condena mayor por el cargo de posesión de armas cuando sufría una drogadicción. Como resultado del pacto, Biden aceptará la libertad condicional.