Justicia concluye que el asesinato en Mas d'Enric era "difícilmente previsible"

Barcelona"Con el entendimiento de que el riesgo cero no existe, con la información recopilada hasta era difícilmente previsible el desenlace fatal del 13 de marzo". Ésta es la principal conclusión del informe interno que ha elaborado el departamento de Justicia sobre el asesinato de Núria, la cocinera de Mas de Enric, en manos de un preso el pasado 13 de marzo. El documento, que está explicando desde el Parlament la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, repasa las 14 evaluaciones que le practicaron en el interno desde que entró en prisión, en abril del 2016 por haber asesinado a una mujer con un arma blanca, el mismo método con el que mató a la cocinera de la cárcel. En todas estas evaluaciones, concluye el informe, los indicadores de riesgo eran bajos y tenía buena conducta.

Tal y como explicó el ARA, se prevé si un interno reincidirá con un algoritmo que se llama Riescambio. "El pronóstico de riesgo de violencia fue bajo a lo largo de toda la trayectoria penitenciaria, a excepción de la evaluación realizada en fecha 18 de mayo de 2020, que dio el resultado de riesgo medio. La última evaluación del Riescanvi se llevó a cabo a cabo el 13 de julio de 2023 y todos los parámetros de riesgo eran bajos", ha explicado Ubasart. El informe también describe cómo el preso había tenido buena conducta en todo momento y también había mostrado arrepentimiento. Desde el 2016, asegura el informe, sólo hubo un incidente: "El único incidente que protagonizó el interno en toda su trayectoria penitenciaria es la perpetración de un puñetazo a otro interno que manifestaba que le insultaba a fecha 31 de octubre de 2023. Inmediatamente, se hizo responsable de esta actuación ante los funcionarios sin presentar ninguna actitud violenta u hostil en contra de los mismos". Por esta agresión dejó de trabajar en la cocina dos meses, pero regresó en enero de este año al considerarse un hecho aislado. Núria y el preso trabajaron juntos tres años y nueve meses sin incidencias, según el informe.

Sin embargo, el informe señala que se le sancionó a 11 días de aislamiento por haber agredido a otro preso, pero esta sanción aún no se había ejecutado. Por tanto, después de haber pegado a otro interno, estuvo un día en aislamiento y hasta ahora no había cumplido ninguna otra sanción. "Somos conscientes de que siempre hay cosas que mejorar y que no podemos hacerlo solos", ha acabado diciendo la consellera, quien ha defendido que "conjurarse para que algo así no se repita nunca más" es "compatible con defender el modelo penitenciario catalán". "Vuelvo a tender la mano a todos los actores", ha dicho Ubasart en referencia a los sindicatos, que este miércoles se reunieron con la vicepresidenta, Laura Vilagrà, pero han plantado siempre a la titular de Justicia, de quien piden la dimisión. "El derecho a la protesta no puede poner en entredicho el funcionamiento de un servicio esencial como el penitenciario", avisó, sin embargo, Ubasart pese a la llamada al diálogo.

Manifestación a las puertas del Parlament

La consejera de Justicia, Gemma Ubasart, está compareciendo este jueves en la diputación permanente del Parlament para dar explicaciones sobre la crisis en las cárceles, tras una semana de protestas de funcionarios y sindicatos por la muerte la semana pasada de la cocinera de Mas de Enric. "Es un momento grave", ha empezado diciendo la consellera, y poco después ha añadido que asume "la responsabilidad en primera persona".

Ubasart, que comparece desde las 9.00h, ha llegado a la cámara catalana sobre las ocho y cuarto, pero no ha evitado toparse con las protestas de los trabajadores penitenciarios, que le han recibido con gritos de " asesina". Hasta ahora la consellera se ha negado a aceptar dimisiones, la condición que le piden los sindicatos para iniciar el diálogo. También le han dimitido los diputados de Junts, Vox, Cs y el PP. El PSC también ha pedido que se asuman responsabilidades, pero no han señalado directamente a la consellera. Por su parte, la CUP y los comunes han asegurado que las protestas de los trabajadores son "legítimas" pero han advertido al Gobierno de que debe velar por que esto no implique la vulneración de derechos fundamentales de la población penitenciaria.