El viernes, la Conferencia de Presidentes autonómicos quedó eclipsada por el desprecio de Isabel Díaz Ayuso en las lenguas cooficiales del estado. Algunos medios hicieron hincapié en la actitud conflictiva de la presidenta de Madrid. En Cuatro, por ejemplo, resumían el titular con un "Isabel Díaz Ayuso intenta reventar la Conferencia de Presidentes autonómicos". También definían su conducta como "un desplante al presidente catalán y vasco". Para ilustrar el contexto de esta situación incluían el comentario de Salvador Illa en el que hablaba de la riqueza de las lenguas del país: "Entender esto es entender España", y lo calificaban de "toda una pulla en Ayuso".

La legislatura ha llegado a un punto de degradación que no tiene posible retorno. Pero es un error. El ejercicio de la oposición y el control del gobierno debería ser compatible con el diálogo y la disposición a llegar a acuerdos en beneficio de la comunidad. Y no es así. Ya se han quemado todas las naves y se han derribado todos los puentes. Sólo queda la campaña electoral permanente y el griterío ambiental. Lo pagaremos. En muchos aspectos, con la degradación del sistema y una pérdida generalizada de la confianza en los partidos y sus dirigentes. La alternancia en el poder no debería seguir la pauta de la destrucción previa del adversario. Pero la experiencia y la práctica política demuestran que en estos decenios de democracia en España se ha ido instalando la convicción de que sólo se prospera y se provocan cambios de ciclo por la vía de las políticas de tierra quemada.

La Conferencia de Presidentes de Barcelona de este viernes no pasará a la historia precisamente por su utilidad. Se trata de un formato que sólo puede funcionar si existe una mínima lealtad institucional y voluntad política de llegar a acuerdos transversales, dos ingredientes que hoy han desaparecido totalmente del panorama político español. La tensión que se respira en Madrid se ha trasladado por un día a Barcelona y los varones populares, si bien han participado con corrección, se han negado a suscribir ningún acuerdo y han aprovechado la ocasión para pedir elecciones anticipadas a Pedro Sánchez, que ya les ha dejado claro que piensa agotar la legislatura. O sea, que el bloqueo institucional entre las comunidades autónomas populares y el gobierno español seguirá siendo, de momento, la norma. Una situación que sólo tiene unos perdedores, que son los ciudadanos de esos territorios.

Este viernes se celebra en Barcelona la Conferencia de Presidentes, un encuentro que tuvo lugar en un clima de alta tensión entre el ejecutivo del presidente español, Pedro Sánchez, y el PP, que pidió convocar elecciones anticipadas. La tensión ha planeado sobre la cita: nada más empezar, se ha producido un momento crispado entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Mónica García, ministra de Sanidad. Ayuso también ha dado la nota a media reunión, cuando ha decidido abandonar la sala después de que se hablara catalán y euskera. Previamente había protagonizado una apretón de manos tensa con el presidente de la Generalitat y anfitrión del encuentro, Salvador Illa.

El PP es un partido hostil en la lengua catalana, y en el 2025 debemos oír cosas como "Si hablan en catalán me levanto y me voy" (Ayuso, Madrid) o "Es un poco rídículo" el uso de los auriculares (Moreno Bonilla, Andalucía es que la lengua es que normalmente la Isla y Ayus se encuentran ambos. Pero cuando Isla hace de presidente y Ayuso hace de presidenta están ostentando la representación pública, él de un país con lengua propia y ella de una comunidad autónoma.

El PP tendrá un problema de relato el próximo fin de semana. El domingo se manifestará en Madrid bajo el lema "Mafia o democracia", pero el viernes sus principales líderes se reunirán en Barcelona con el capo de esa supuesta mafia, Pedro Sánchez. Es cierto que han logrado imponer sus puntos al orden del día, pero éste no era el objetivo de la maniobra: lo que buscaban desesperadamente los varones populares era una excusa para plantar a Sánchez y no tener que hacerse la foto con él. Sin embargo, la plantada también tenía una contraindicación, y es que suponía plantar también al rey de España.

Se acerca el fin de año y nada permite augurar cambios importantes en una dinámica política que se caracteriza por la distancia insalvable que separa a los dos grandes partidos estatales, los que han protagonizado la gobernación de España a lo largo de las últimas décadas. El sistema está envarado, rígido, sin margen de maniobra por operaciones de Estado que puedan generar confianza entre los ciudadanos, bastante hartos de oír hablar de corrupción y de informativos en los que los personajes que se llevan las primeras imágenes y titulares son los implicados en investigaciones judiciales compareciendo ante los jueces.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado este viernes, aprovechando la conferencia de presidentes, el pistoletazo de salida al que será sin duda una de las grandes batallas del próximo año: la de la financiación autonómica. Recordamos que España lleva una década con su sistema caducado. Desde entonces ningún gobierno se ha atrevido a proponer un modelo alternativo, aunque sobre el papel todas las autonomías critican al actual, que data del acuerdo entre el conseller Antoni Castells y la ministra Elena Salgado de 2009, que había de ser revisado a los cinco años. Como ha ocurrido siempre, ha tenido que ser Catalunya la que tire del carro y ponga propuestas sobre la mesa. En ese caso, las coordenadas de la batalla se basan en dos acuerdos de los socialistas con ERC. El primero es producto del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y marca que el Estado debe hacerse cargo del 20% de la deuda de la Generalitat. El segundo forma parte del pacto de investidura de Salvador Illa, y fija que Cataluña deberá recaudar todos los impuestos (empezando por el IRPF del ejercicio 2025) y que la solidaridad estará limitada por el principio de ordinalidad.

La guerra en Ucrania sobrepasa la dinámica de confrontación habitual de la política española. Pedro Sánchez primero reclamó unidad por la pandemia y ahora el conflicto bélico en el este de Europa le ha dado un nuevo argumento para intentar diluir la oposición. Más o menos, lo ha conseguido: el incremento de precios y la crisis humanitaria han provocado que el presidente español y los de las comunidades autónomas hayan aparcado las diferencias con el objetivo de encontrar soluciones. Incluso el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ocupado la silla de Catalunya en la Conferencia de Presidentes celebrada este domingo en la isla de La Palma una década después de que Artur Mas lo hiciera por última vez de manera presencial. Sin embargo, el líder catalán ha evitado la fotografía con Felipe VI y se ha ausentado del encuentro previo con el monarca.

A Pedro Sánchez se le han alineado las piezas para marchar de vacaciones con una batería de noticias positivas para intentar insuflar optimismo y esperanza a la segunda parte de una legislatura marcada por la pandemia e intentar así remontar en la mayoría de encuestas, que ya dan la victoria al PP de Pablo Casado. Pese a la quinta oleada y el aumento de muertes en lugares como Catalunya, la Moncloa quiere transmitir que ya estamos al final de la crisis del coronavirus. Y de momento lo está certificando de la mano de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), donde se ha reactivado la creación de puestos de trabajo -sobre todo entre los jóvenes-; el aumento de hasta un 2,8% del PIB el segundo trimestre; y la "medalla de oro en vacunación", en palabras del propio Sánchez el jueves, después de haber superado el Reino Unido en porcentaje de personas con pauta completa: un 55%.

Una hoja con dos párrafos breves. Esto es lo que el gobierno español ha transmitido a última hora a las comunidades como orden del día de la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el viernes en Salamanca con la única ausencia confirmada del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. La organización del encuentro está siendo duramente criticada sobre todo por los líderes del PP, que descartan dar un paso atrás después de criticar la ausencia catalana pero a la vez rechazan las formas con las que la Moncloa ha organizado el cónclave, puesto que solo dará cinco minutos de intervención a cada presidente autonómico mientras que el presidente español, Pedro Sánchez, podrá hablar tanto tiempo como quiera.