La Comisión Bilateral Generalitat-Estado que se ha celebrado este lunes en Barcelona debía servir para solemnizar que el gobierno español hacía suyo el acuerdo de investidura de Salvador Illa firmado hace un año entre ERC y el PSC. Aquel acuerdo tenía dos grandes patas: por un lado, el compromiso que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) debe recaudar a la larga todos los impuestos, empezando por el IRPF en el ejercicio 2026, y por otro, un nuevo sistema de financiación para todas las comunidades autónomas que respete el criterio de ordinalidad. Pues bien, al final ni lo uno ni lo otro se dan por seguros en el acuerdo firmado entre ambos gobiernos.

La propuesta de "financiación singular" para Catalunya que la Generalitat puso hace un tiempo sobre la mesa no encuentra adeptos o, como mínimo, no encuentra entre el resto de gobiernos autonómicos. Así se ha evidenciado este lunes, tras un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el órgano que agrupa a las comunidades autónomas que comparten el modelo de financiación autonómica de régimen común–, donde la consellera de Economía en funciones, Natalia Mas, ha asistido personalmente para explicar el planteamiento catalán presentado en marzo.

El modelo de régimen común de la financiación autonómica vuelve de nuevo –si es que se ha ido nunca– al tablero de juego de la política y, en concreto, al tablero que ERC y el PSOE comparten. Si hace casi un año, los republicanos reclamaban "bilateralidad fiscal" a cambio de investir a Pedro Sánchez presidente del gobierno español, hoy sitúan como una línea roja la idea de una "financiación singular" si Salvador Illa quiere sus votos por ser investido presidente de la Generalitat.

El actual modelo de régimen común de financiación autonómica no gusta al gobierno de Pere Aragonès, que siempre ha denunciado que deja a Catalunya infrafinanciada. Pero para resolver esta caja de Pandora, la Generalitat descarta, de entrada, participar en un debate con el resto de comunidades autónomas. Es una cuestión "bilateral", insistía Aragonés la semana pasada. Y ésta será precisamente una de las reclamaciones catalanas para la investidura de Pedro Sánchez, al menos desde el bloque de ERC. Es una posición que dista de la que defendió el propio Aragonès en el 2019, en el marco de unas conferencias en el Círculo de Economía, donde se abría a abordar la reforma del sistema sin condicionarlo a que la negociación fuera bilateral.

La cuestión no es si en España se espía. Obviamente que se espía. Como en todos los países europeos del entorno. Como tantas veces, en España, la verdadera cuestión es con qué impunidad se actúa contra el otro. Es decir, qué coste democrático se paga cuando se traspasa y se violenta la ley y qué control democrático se ejerce sobre el poder. Está claro que la extralimitación de los servicios secretos y la actividad en las cloacas serán tan intensas como superficiales sean las consecuencias de conculcar derechos ciudadanos como el secreto de las comunicaciones o la defensa y la expresión de las ideas disidentes.

El nivel de conflictividad institucional entre el Estado y el gobierno de Catalunya ha sido una constante desde la restauración de la Generalitat en 1980 -Catalunya ha sido protagonista en un 34,4% de los litigios en el Tribunal Constitucional-, pero el grado de acuerdos entre Madrid y Barcelona no siempre ha sido el mismo para intentar resolver estos problemas extrajudicialmente. Es decir, no siempre ha habido la misma voluntad de esquivar los tribunales. Este año, la conflictividad competencial se mantiene, pero el número de pactos entre la Generalitat y el gobierno español para intentar evitar el enfrentamiento en el Constitucional se ha vuelto a situar en los mismos umbrales que antes del referéndum del 1 de Octubre. A pesar de que esto no significa que se acaben impidiendo los recursos (el Estado o la Generalitat siempre se reservan el derecho de impugnar en un plazo de nueve meses), es un indicador de la relación entre los dos gobiernos: por un lado nos dice que el gobierno español sigue cuestionando las competencias de la Generalitat -fuentes conocedoras aseguran que “no dejan pasar ni una”-, pero a la vez que intenta esquivar el alto tribunal.

El proceso de negociación que los gobiernos catalán y español abrieron en septiembre con la reanudación de la mesa de diálogo será largo. A pesar del margen de dos años de confianza que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, arrancó a JxCat y la CUP en sendos acuerdos de investidura, las dos delegaciones acordaron trabajar sin plazos. Entre otros motivos, después de constatar y reiterar públicamente que las posiciones de partida están muy alejadas en ambos lados de la mesa, donde de momento solo sentaron consellers de ERC. “Ni referéndum ni amnistía son posibles”, remarcó una vez más el presidente español, Pedro Sánchez, mientras Aragonès aseguró que la Generalitat ya trabaja en los “detalles jurídicos” para plantear cómo sería una nueva votación sobre la independencia.

En la película Mr. & Mrs. Smith, Angelina Jolie y Brat Pitt son un matrimonio modélico que esconde un secreto capital: los dos son espías y trabajan para lados enfrentados. La situación es sostenible hasta el día que -ya se lo imaginan- reciben el encargo de eliminarse el uno al otro y descubren -oh, sorpresa- que su compañero de viaje es al mismo tiempo la persona que les hará la vida imposible. Esquerra y Junts per Catalunya ya hace mucho tiempo que descubrieron que eran socios pero también enemigos íntimos -como tan bien retratan los compañeros Oriol March y Joan Serra en su último libro-, a pesar de que esto no ha sido impedimento para seguir juntos e, incluso, renovar los votos in extremis el pasado mes de mayo.

Una vez confirmada la fecha –el próximo 2 de agosto en Madrid–, después de un tira y afloja entre la Generalitat y el renovado ejecutivo de la Moncloa, el debate sobre la Comisión Bilateral pasa ahora por los temas que se tendrán que tratar. Si el Govern el mismo día que se concretó la fecha ya avanzó que quería abordar cuestiones vinculadas al ingreso mínimo vital del Estado, las infraestructuras y la economía, este martes la ministra de Política Territorial y portavoz de la Moncloa, Isabel Rodríguez, ha especificado que se hablará de becas, cercanías y la situación del catalán en el panorama audiovisual. De momento, pues, la única coincidencia entre los dos gobiernos es que se hablará de infraestructuras, a pesar de que el ejecutivo español lo limita a los trenes y el catalán, en cambio, quiere ir más allá y tratar temas como la ampliación del aeropuerto de El Prat.