La Generalitat reclama bilateralidad fiscal como condición para investir a Sánchez

MadridEl actual modelo de régimen común de financiación autonómica no gusta al gobierno de Pere Aragonès, que siempre ha denunciado que deja a Catalunya infrafinanciada. Pero para resolver esta caja de Pandora, la Generalitat descarta, de entrada, participar en un debate con el resto de comunidades autónomas. Es una cuestión "bilateral", insistía Aragonés la semana pasada. Y ésta será precisamente una de las reclamaciones catalanas para la investidura de Pedro Sánchez, al menos desde el bloque de ERC. Es una posición que dista de la que defendió el propio Aragonès en el 2019, en el marco de unas conferencias en el Círculo de Economía, donde se abría a abordar la reforma del sistema sin condicionarlo a que la negociación fuera bilateral.

La reforma de la financiación autonómica –pendiente de actualizarse desde el 2014– ha resurgido a las puertas de una posible investidura de Pedro Sánchez, donde tendrán un papel clave tanto ERC como Junts. Incluso el PSC ha iniciado el melón de condonar la deuda autonómica de la Generalitat y el resto de comunidades autónomas. Más allá de esa relación de tú a tú que exige el ejecutivo catalán, son los partidos los que tendrán la última palabra. De hecho, en sus programas electorales del 23-J ya hacían referencia a ello, aunque de forma general. ERC y Junts coinciden en que es necesario un nuevo sistema. Junts va más allá y apuesta porque el Estado compense la infrafinanciación de años anteriores, así como incorporar el "coste de vida" en el cálculo y respetar el principio de "ordinalidad": si Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta, también debe ser la tercera en recibir.

Por el contrario, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reiteraba hace unos días que una negociación así debe ser con todas las comunidades y con “todos los partidos políticos”, incluido el “principal partido en la oposición”, en referencia al PP.

14 años de la última reforma

Han pasado catorce años de la última reforma del sistema de financiación de régimen común (2009). Entonces, se acabó aceptando un texto –no exento de quejas– por parte de las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El nuevo documento actualizaba el modelo del 2001. Sin embargo, previamente había habido una negociación entre la Generalitat, entonces bajo la batuta del tripartito (PSC, ERC e ICV) y el Estado. Por el lado catalán, el timón lo llevaba el conseller de Economia, Antoni Castells (PSC). No era la primera vez que el gobierno catalán lideraba ese debate. Nueve años atrás, en el 2001, lo hacía Convergència i Unió, a través de Francesc Homs, con el PP de José María Aznar y el PSOE.

“La idea de cambiar de modelo cada cinco años me parece errónea. No hay país que lo haga. Hay que reformar y actualizar, eso sí. Y el actual necesita reformas profundas”, reflexiona Antoni Castells, en una conversación con el ARA. El ex conseller reconoce que "la poca transparencia [por los fondos que se añadieron al sistema] y los incumplimientos del gobierno español han acabado creando unos efectos indeseados". También añade el impacto de crisis financiera.

Castells sí cree, sin embargo, que Catalunya debería "participar activamente de la reforma" para poder introducir cambios, como obtener más poder tributario.

El pequeño gesto de 2022

El último gesto que hizo la Generalitat en el marco de esta discusión fue en enero del 2022, cuando todavía no se había roto el gobierno de coalición. El consejero de Economía, Jaume Giró (Junts), contestaba a la propuesta inicial de Montero sobre la revisión de población ajustada. Era el primer movimiento serio del gobierno de Pedro Sánchez hacia todas las comunidades autónomas para intentar arrancar la reforma. Si ahora se reanudara la negociación, éste sería el punto de partida. También un informe que un grupo de expertos elaboró en 2017.

La población ajustada es una variable que refleja la necesidad de gasto de cada comunidad autónoma y, por tanto, cuántos recursos financieros necesita para prestar los servicios públicos bajo las mismas condiciones que el resto.

La Generalitat rechazó el concepto de población ajustada y defendía el "peso demográfico real", es decir, que se priorice el número de habitantes. Es una demanda compartida con aquellos territorios más poblados, como Andalucía o la Comunidad Valenciana. También se quejaba de que no se abordaban dos reivindicaciones históricas suyas: el nivel de renta y el índice de precios al consumo. En todo caso, apostaba por resolver primero el "desequilibrio" financiero de los últimos años; abordar la cesta de los impuestos autonómicos que, junto con recursos que aporta el Estado, nutren parte del sistema de financiación autonómica y, finalmente, incrementar la capacidad normativa de las comunidades sobre los impuestos.

Más allá de eso, el Gobierno no se ha mojado y la estrategia en los últimos años ha sido acompañar la negociación de una posible reforma, pero no liderarla.

"En el contexto actual veo muy difícil que la moneda de cambio para obtener el apoyo de ERC y JxCat en la investidura de Pedro Sánchez sea simplemente la reforma del sistema de financiación de régimen común", apunta Castells, que ahora observa desde fuera. "Si el sistema de financiación debe formar parte de ese acuerdo de investidura, solo se me ocurre alguna fórmula que vaya hacia algún tipo de pacto bilateral", añade. El marco de la negociación para la investidura abre la posibilidad a establecer, de nuevo, reuniones bilaterales que, más allá del modelo de financiación, acabarían tocando otras piezas del rompecabezas fiscal, como el déficit estructural que denuncia la Generalitat.

Sea como fuere, teniendo en cuenta que Catalunya forma parte del régimen común, se hace difícil (por no decir imposible) pensar que cualquier avance vinculado a la reforma del sistema esquive pasar después por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ocurrió en 2001 y 2009. Cualquier escenario fuera del régimen común implicaría reabrir el debate que inició Artur Mas sobre un "pacto fiscal" y que, en su día, recibió un no rotundo del gobierno español. De hecho, lo sigue teniendo porque tanto el PP como el PSOE han rechazado de forma contundente esta posibilidad.