El Govern se saltó el Estatut con el decreto ley para duplicar la tasa turística pactado con Esquerra i Comuns. Es la conclusión a la que ha llegado el Consejo de Garantías Estatutarias, que ha analizado la normativa que doblaba este impuesto y habilitaba a los municipios a establecer un recargo de cuatro euros para destinar más recursos a políticas de vivienda. El dictamen, que no es vinculante, es fruto de una queja presentada por Junts, que acusó al Govern de querer gobernar "a golpe de decreto", al margen del procedimiento legislativo ordinario, y pretender aprobar unos presupuestos "por la puerta trasera". El grupo de Carles Puigdemont también impugnó una serie de modificaciones fiscales sobre las que el órgano de garantías llama también la atención al ejecutivo catalán: entre otros, la bajada del IRPF en las rentas inferiores a 33.000 euros, que no cumple el requisito "de extraordinaria y urgente necesidad" que justifica que el Gobierno legisle vía decreto ley, en lugar de presentar un proyecto en el Parlament.

Primer aval constitucional al decreto del Govern para facilitar, a través del Institut Català de Finances (ICF), los avales para las fianzas millonarias (en total, 5,4 millones) que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a 34 ex altos cargos de la Generalitat por la acción Exterior entre los años 2011 y 2017. El aval en cuestión ha venido del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), que ha validado por unanimidad la vía gubernamental a pesar de pedir dos modificaciones que el Parlament, por mayoría, ha incorporado a través de una proposición de ley: que la implicación de la ICF sea "excepcional" y "limitada en el tiempo" y que quede claro que los afectados tienen que devolver el dinero a la Generalitat en caso de sentencia firme.