Cuando la consejera misma de Educación califica el fiasco de PISA como “muy grave”, cuando admite que el problema se podría haber solucionado a tiempo, cuando revela que el Estado avisó en siete ocasiones del error en la muestra, casi está todo dicho.Es más: cuando el desastre le cuesta el cargo a la número dos del departamento, se le abre un expediente disciplinario a un alto cargo por “omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas” y se abren dos expedientes más por faltas graves a dos funcionarios por un “presunto incumplimiento de sus obligaciones y deberes como funcionarios públicos”, es pertinente preguntarse qué ocurre, en el departamento de Educación, porque no estamos ante errores, sino ante actitudes, actitudes sostenidas en el tiempo, tan sostenidas (¡siete avisos!) que nos sumamos a la hipótesis formulada hoy en nuestro editorial de que no fuera mala fe. ¿Era cuestión de dejar fuera de la muestra a alumnos que probablemente obtendrían malos resultados? ¿Era cuestión de proteger al Gobierno del desprestigio de una caída a los puestos aún más bajos de la clasificación escolar europea? ¿O un intento de hacerle daño, teniendo en cuenta que el presidente Illa puso el foco en el informe PISA solo estrenarse como presidente, cuando firmó un acuerdo de colaboración con la OCDE en enero de 2025 para mejorar las competencias de los alumnos catalanes a cuatro años vista y reconducir los resultados del sistema educativo? Pues no solo no ha habido ninguna reconducción, sino que ha habido un fracaso internacional de nuestro Gobierno, un ejecutivo que venía a demostrar buena gestión, opuesta a la afición independentista de toda una década que se daba por perdida. 

"El mundo local necesita apoyo". El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, pronunció estas palabras en el Parlament durante el debate para aprobar un fondo extraordinario que, sumado al fondo de cooperación local, eleva hasta 170 millones la cifra que la Generalitat ha inyectado a los entes locales este año. Este dinero debe permitirlo pagar facturas en un momento en que los precios de los suministros suben y los intereses a pagar a los bancos siguen subiendo. La necesidad de recurrir a este tipo de mecanismos para garantizar los servicios esenciales en los municipios pone de manifiesto uno de los grandes problemas que enfrenta el mundo local: la falta de un marco de financiación estable, previsible y suficiente para hacerse cargo de los servicios que ofrece.

En el último trimestre de 2024 se celebró en Nueva York la cumbre anual de la ONU dedicada a reflexionar sobre los retos de futuro ya intentar generar nuevos consensos mundiales entre los estados que gobiernan el planeta. El resultado de la cumbre fue la aprobación de un documento con 56 propuestas, una moción por un Pacto Digital Global y una Declaración sobre la importancia de las generaciones futuras. Entre las 56 propuestas, hay 19 que desde varios ángulos tratan de fortalecer la orden de gobernanza mundial existente, empezando por cambios profundos en las propias Naciones Unidas. Como suele ser habitual en documentos de este tipo, la ONU demuestra ser consciente de buena parte de los problemas y sus debilidades, y el texto está lleno de buenas intenciones. Sin embargo, más allá de la buena fe, y que muchas de las propuestas se quedan más bien cortas, los avances tangibles esperables son aún más escasos. Y eso que la percepción ampliamente compartida es que no tenemos más remedio que poner manos a la obra y que se nos acaba el tiempo para hacerlo.

"Barcelona tendrá un aeropuerto intercontinental y los aeropuertos de Reus y Girona estaciones de alta velocidad que las conecten". Este es el titular del acuerdo conseguido este lunes entre el gobierno central, la Generalitat y Aena para dar luz verde a la ampliación del aeropuerto de El Prat. Después de meses de un debate público caldeado, que ha enfrentado a las fuerzas económicas catalanas y Aena contra movimientos ecologistas, vecinos y ayuntamientos del área metropolitana, esta tarde se ha anunciado que el acuerdo que desbloquea una inversiones previstas de 1.700 millones de euros en la primera infraestructura de Catalunya