Entre las décadas de los años cincuenta y los setenta, en plena dictadura de Franco, miles de extranjeros iban a España a pasar sus vacaciones de verano, deslumbrados por el turismo de sol y playa. Turistas de las democracias europeas que, ajenos a los estragos de la represión franquista, encontraban en la costa española un destino económico y con buen tiempo, ideal para esparcirse del trabajo. De esa convivencia problemática entre turismo y franquismo nace la exposición Vacaciones con Franco, que se puede visitar en el Bòlit Centro de Arte Contemporáneo de Girona hasta el 6 de octubre y en el Museo del Empordà de Figueres hasta el 22 de septiembre.

La decisión del Tribunal Constitucional de inadmitir un recurso de amparo de una víctima del franquismo, Francisco Ventura, que fue torturado por la policía durante el régimen ha vuelto a frustrar las esperanzas de los colectivos de memoria histórica, que esperaban que la aprobación de la nueva ley de memoria democrática permitiera investigar a aquellos crímenes y saltar el muro de la ley de amnistía de 1977. La resolución del TC, con mayoría progresista pero donde sólo dos magistrados se han desmarcado de la decisión, argumenta que la entrada en vigor de la nueva ley no supone ningún cambio respecto a la situación anterior. Y eso que el artículo 2.3 de la norma afirma que la ley de amnistía debe interpretarse de acuerdo con el derecho internacional y los derechos humanos, es decir, considerando que hay una suerte de delitos que no prescriben ni se pueden amnistiar, que son los de lesa humanidad, que incluye precisamente las torturas.

La derecha ultranacionalista española, es decir PP y Vox, y todo su constructivo entorno mediático, llevan días alterados a causa del informe de la ONU que critica las denominadas “leyes de concordia” impulsadas por distintos gobiernos autonómicos comandados por estos dos partidos. Más que criticarlas, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas lo que hace es describir la verdadera intención detrás de estas leyes, que no es otra que desactivar los trabajos de memoria histórica y dejar sin efecto la vigente ley de memoria democrática. De acuerdo con su informe, lo que buscan las leyes de PP y Vox es "invisibilizar las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial franquista, que omiten nombrar o condenar". Como consecuencia, ponen también en riesgo que el estado español cumpla con la legislación internacional en materia de preservación de la memoria histórica, especialmente en aquellos países donde se han cometido las mencionadas graves violaciones de los derechos humanos.

Hoy es 18 de julio, aniversario del golpe de Estado que inició una guerra. Una guerra entre hermanos resultado de la sangre caliente de los españoles; un enfrentamiento fratricida resultado de una personalidad nacional encendida; el duelo a garrotazos de Goya como metáfora visual del carácter español; una sociedad polarizada y crispada que caminaba hacia el desastre; La vaquilla muerta de Berlanga; el pasodoble de los Soldados de Salamina de Javier Cercas; libertad, libertad, sin ira libertad; la transición que cerró las heridas del pasado; millones de españoles corriendo delante de los grises; Almodóvar bailando Gran Ganga con McNamara; papá y mamá leyendo El País y tú leyendo El Pequeño País mientras esperabas los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla… Perdonen la sorna, pero esta sucesión de imágenes que les propongo son retales del relato memorialístico sobre la historia reciente de España. Y no es un relato cualquiera. Podríamos decir que es el relato hegemónico.

El pasado jueves se aprobó en el Congreso, después de un debate de alta tensión entre izquierda y derecha, la ley de memoria democrática, sin duda un paso muy importante respecto a la anterior ley de la época de Zapatero, pero que todavía se queda corta a parecer de muchos especialistas y entidades memorialísticas. En cualquier caso, el tono crispado del debate, y la promesa que ha hecho el PP de derogarla cuando llegue al gobierno, demuestra hasta qué punto España tiene un problema con su memoria histórica y, en concreto, con la dictadura del general Franco. Un buen ejemplo de esto es que incluso en territorios más antifranquistas como Catalunya se tardó décadas y décadas en quitar los monumentos del régimen de la calle. Visto con ojos de hoy resulta incomprensible que la sede de Capitanía General luciera un escudo franquista en su fachada hasta una fecha tan tardía como el 2010. Y aun así todavía quedan centenares de vestigios franquistas esparcidos por el territorio, algunos con un notable apoyo popular como el monumento franquista que hay en el Ebro a su paso por Tortosa.

Las ganas del PSOE por cumplir una de sus promesas electorales y aprobar una ley de memoria histórica, y a la vez no herir susceptibilidades, le han jugado una mala pasada. Primero dejó que Unidas Podemos anunciara el miércoles a bombo y platillo que los dos partidos habían pactado una enmienda que permitía esquivar la ley de amnistía y juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura. El PSOE, por boca de su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez, no tardó a echar agua al vino y advirtió que no era ninguna "panacea". Pero ha sido este jueves cuando el impulsor de la ley, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha admitido que la enmienda, que afirma que la ley de amnistía “se interpretará y aplicará en conformidad con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la condición de imprescriptibles y no amnistiables”, no supone ningún cambio real en el "sistema jurídico". Por lo tanto, lo que miércoles por la mañana eran grandes titulares de prensa, 24 horas después quedaba en prácticamente nada, una enmienda más simbólica que operativa.

El pasado día 28, Tv3 emitió un reportaje sobre la hija de Valentí Oliveras Valls, catalán deportado desde Francia a los campos de concentración nazis, muerto en el de Gusen en 1941, que acaba de ser indemnizada por el estado francés por su implicación en la deportación de su padre.