Nada menos de lo esperado. Después de casi tres jornadas de conversaciones, Estados Unidos y China han acordado recortar los aranceles. El acuerdo, pendiente todavía de aprobación por parte de los presidentes americano y chino, ha sido anunciado por el propio Trump, que ha dado los primeros detalles: Estados Unidos aplicará un 55% de aranceles a los productos chinos; Pekín, por su parte, aplicará un 10% en los productos americanos.

La época de la cóvido fue, también, la época en la que se fraguó en el imaginario popular un nuevo diccionario relleno de palabras como pandemia, coronavirus, mascarillas e, incluso, chips y semiconductores. La escasez de componentes de microelectrónica, como estos chips, pasó a ser de repente un problema mundial y local. La sociedad aprendió entonces que estos componentes eran imprescindibles para sacar adelante la economía y empezaron a sonar las alarmas. Es aquí donde comienza la historia de Openchip, vulgarmente bautizada como la Nvidia catalana (y europea), aunque a sus responsables no les acaba de agradar esta definición.

La facturación a lo largo del año ha ascendido a la estratosférica cifra de 2.890 millones de dólares taiwaneses, lo que equivale a 85.180 millones de euros. En resumen: unas ventas de 233 millones al día. Hablamos de Taiwán Semiconductor Manufacturing (TSMC), fabricante mundial de microchips, que ha alcanzado en 2024 sus ventas récord, con una mejora del 34% respecto a 2023. La tendencia, además, está al alza: en diciembre, las ventas ascendieron a 8.199 millones de euros, un 57% por encima del registro del último mes de 2023. Esta euforia se ha traspasado también a la evolución bursátil: las acciones se han revalorizado un 88% en el último año, hasta alcanzar los 32,3 euros.

Generalitat y gobierno central han acordado impulsar, con el apoyo de la UE, el Trident: tres grandes proyectos de innovación en el ámbito de los chips. Uno avanzará en el desarrollo de chips que utilicen fotones en vez de electrones. Se ocupará de ello el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO). Otro, Openchip -liderado por el Barcelona Supercomputing Center (BSC)-, diseñará chips basados ​​en los principios de una arquitectura abierta (de nombre Risc-V) que nos garantiza la no dependencia de propiedad intelectual no europea. El tercero, Innofab –liderado desde el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2)– construirá, junto al sincrotrón Alba en Cerdanyola del Vallès, una sala blanca que debe permitir, además de lo habitual, explorar las posibilidades de materiales distintos del silicio –incluido el grafeno– como soporte de los chips. Los proyectos se refuerzan mutuamente y tienen en común tres elementos:

Los controles del gobierno de China en las exportaciones de materiales semiconductores han incrementado los temores en los países occidentales de escasez en la producción de chips y material óptico de defensa, según explica este martes el diario británico Financial Times. En plena guerra comercial con Estados Unidos y la Unión Europea –centrada sobre todo en el coche eléctrico–, Pekín ha limitado por razones de "seguridad e intereses nacionales" las ventas en el extranjero de germanio y galio, dos minerales necesarios para la fabricación de componentes electrónicos, por lo que se había duplicado su precio en Europa en el último año.

“La solidaridad americana es hoy más importante que nunca, en un momento en el que el mundo se debate entre la autocracia y la democracia”. Es el tuit que la portavoz de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, publicó justo al aterrizar en Taiwán, esta semana. Su controvertida visita en tierra taiwanesa lleva la bandera de la democracia en el marco discursivo, pero evidentemente el interés norteamericano por esta isla del Pacífico va mucho más allá: es la primera línea de defensa en la pugna con China por la hegemonía global. También es, claro, un territorio de alto valor geoestratégico para el futuro de Washington, que mira con recelo el creciente expansionismo comercial y rearme militar chino.

Alejandro Sánchez es uno de los pocos que han visto nacer y morir una fábrica de microchips en España. Todavía conserva recuerdos de una época en que la planta de la multinacional norteamericana AT&T producía 6.000 obleas de silicio a la semana en un polígono industrial en Tres Cantos (Madrid). Se había inaugurado en 1987 para cerrar en 2001. Ahora los mismos terrenos están abandonados, mientras el gobierno español intenta relanzar la industria a través de un PERTE de 12.250 millones de euros. “Cuando la fábrica cerró éramos un millar de personas con una formación que no se pudo aprovechar y nos dispersamos”, explica este doctor en física, que ahora trabaja en el Sincrotrón ALBA en Cerdanyola del Vallès. 

La compañía tecnológica Intel abrirá un laboratorio de diseño de microchips pionero en el Barcelona Supercomputing Center (BSC) que supondrá una inversión inicial, compartida con el gobierno español, de 400 millones de euros en un periodo de diez años, según ha adelantado este miércoles La Vanguardia. El nuevo laboratorio de procesadores RISC-V será realidad gracias al acuerdo conseguido con Intel en el marco del PERTE de los microchips, aprobado ayer por el ejecutivo y que cuenta con un presupuesto total de 12.250 millones de euros. 

“Nadie sabe nada… Más allá del hecho de que es mucho dinero”. Son palabras de una voz del sector de los microchips, habitualmente un gran olvidado en nuestro país, pero que vive semanas de convulsión desde el inesperado anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ahora hace un mes, de que la administración invertiría 11.000 millones de euros en un PERTE de microchips y semiconductores. 

La Comisión Europea dio ayer un paso adelante imprescindible para defender el estado de derecho europeo dentro de las fronteras de la Unión. Por primera vez en su historia ha bloqueado una cantidad del presupuesto comunitario para un país por haber incumplido una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no satisfecho la multa que se le había impuesto. En este caso se trata de un sospechoso habitual como Polonia, país al cual ya se había amenazado muchas veces y a quienes finalmente se le han restado 14,5 millones por haberse negado a cerrar una mina de lignito de Turów, cerca de la frontera con Chequia, tal como habían ordenado las autoridades europeas por los problemas medioambientales que estaba provocando en el país vecino. Se trata de una cifra modesta, casi simbólica, que responde a la multa de medio millón de euros diarios que impuso el TJUE hasta que Varsovia se avino a encontrar una solución pactada con Chequia sobre la mina. Pero, más allá de la cantidad en sí, la decisión es un poderoso mensaje, un aviso de lo que puede llegar a pasar, porque Polonia tiene pendiente de pago todavía una multa de 69 millones, en este caso por no querer dar marcha atrás con la reforma judicial, y, sobre todo, se está jugando el acceso a los fondos europeos.

No es solo el gas. La crisis de los chips es otro ejemplo que ha puesto en evidencia la dependencia europea de las grandes potencias mundiales en sectores indispensables. Por eso este martes la Comisión Europea ha presentado un plan para aumentar la producción de semiconductores en el continente europeo y reducir así la dependencia externa de potencias como las asiáticas. Bruselas quiere que Europa pase de producir el 9% de este preciado material actual al 20% en 2030, y para conseguirlo cree que habrá que invertir más de 50.000 millones de euros tanto públicos como privados.