El tiempo de cuenta atrás para la votación del decreto con las medidas de vivienda que el gobierno español ha aprobado para afrontar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio ha desencadenado en un llamamiento por parte de colectivos sociales y partidos de izquierda a los inquilinos a pedir "ya" la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los términos y las condiciones del contrato en caso de que este finalice antes del 31 de diciembre de 2027. Esta es una de las medidas estrella del decreto que, a la espera del resultado de la votación en el Congreso, está en vigor (el límite temporal para que sea votado son 30 días hábiles desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado).

¿Por qué la administración pública debe seguir adjudicando contratos como si sólo importara el precio, cuándo podría hacerlo con criterios que también mejoren la vida de las personas?

Dicen que después de la tormenta siempre sale el sol, pero en el País Valenciano, desde el fatídico 29 de octubre, las nubes negras no esparcen. Y si la gestión de la DANA por parte del gobierno valenciano ha sido controvertida, también empieza a serlo la reconstrucción de los daños. Los contratos que ha firmado la Generalitat Valenciana con diferentes empresas para hacer frente a los destrozos comprometen a Carlos Mazón, señalado para no suspender su agenda y llegar casi tres horas tarde a la reunión del Cecopiomientras él estaba en una comida con la periodista Maribel Vilaplana.

Luis entró en la empresa de transporte donde trabaja con un contrato temporal. Pero cuando en febrero pasado se aprobó la nueva reforma laboral, que ponía límites al uso generalizado de esta modalidad, la compañía le ofreció pasar a ser fijo discontinuo. "Es un negocio muy cíclico que tiene momentos de muy poca actividad", explica al ARA. El balance que hace de estas nuevas condiciones es que cuenta con dos meses sin trabajo –en los que cobra el paro– y que el dinero de menos que gana en estos periodos lo compensa con más tiempo para irse de vacaciones y estudiar. No obstante, reconoce que la situación no es tan fácil para algunos de sus compañeros, mayores que él y con hijos, que preferirían la estabilidad de un contrato fijo a jornada completa. "Yo venía de otros trabajos en los que no tenía ni dos semanas de vacaciones. Ser fijo discontinuo también tiene sus ventajas, al menos tienes garantizada la plaza y te tienen que despedir con mejores condiciones que cuando era temporal", defiende Luis. La empresa, de hecho, le ha prometido que lo hará indefinido a tiempo completo en "cuatro o cinco años".

La figura del concurso público es por naturaleza controvertida. La administración tiene que contratar a un privado para la prestación de un servicio y el solo hecho de elegir a uno entre muchos a partir de unas condiciones que, en principio, todos cumplen, no siempre es fácil. Por lo tanto, que los concursos públicos acaben en denuncia no es deseable pero es habitual. Ahora bien, cuando a lo largo de los años todos los grandes contratos de una administración en una tipología de servicio concreta han sido denunciados o incluso han recibido algún tipo de requerimiento de un organismo de control, la sospecha de mala praxis aparece en escena. Y, si el conflicto, la denuncia o el requerimiento se refieren repetidamente a una falta de concurrencia, a unos obstáculos a la libre competencia, la sospecha coge consistencia. Es lo que ha pasado con los contratos de transporte en autobús del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), tal como explicábamos en una amplia información en la edición en papel de este domingo.

"Estamos alimentando una bomba de relojería". El alerta es del economista Ernest Poveda ante "el abuso" de los contratos temporales que monopolizan desde hace años el mercado laboral español y que se centran sobre todo en los puestos de trabajo menos calificados. Los datos le dan la razón. Según el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE), durante los primeros siete meses de este 2021 la duración media de los contratos es de menos de dos meses, concretamente es de 54,1 días. La cifra es más alarmante –asegura el economista– si se tiene en cuenta que la crisis económica del covid no ha tenido ningún impacto, puesto que si se compara con las de los últimos años incluso es un poco superior. En 2007, cuando se venía de una época de bonanza económica, la duración media de un contrato era de 78,6 días; en 2013, en plena crisis financiera, bajó hasta 53,3 días, y en 2019, antes de que estallara la pandemia, llegó a mínimos históricos al bajar por primera vez del umbral de los 50: 49,1 días. "Se ha cronificado y abusado de la temporalidad y esto provoca una inestabilidad en muchos trabajadores, que encadenan un contrato tras otro, lo que afecta directamente a la economía y sobre todo al consumo, porque una persona que está en esta situación no se plantea comprar una vivienda o un vehículo", ejemplifica.