Faltan funcionarios jóvenes. La Generalitat alerta de que el 12% de los trabajadores de la administración catalana se jubilarán de aquí al 2030 y que necesita relevar las 30.000 plazas públicas que se liberarán durante los próximos cuatro años. Por ello, el Govern quiere aprovechar la reforma de la ley sobre la Escuela de Administración Pública de Cataluña que aprobará este próximo martes para mejorar y reforzar la captación de gente joven y fomentar que se presenten a las oposiciones de la Generalitat.

Hoy hace justo una semana, la Generalitat medio paralizó el país por el riesgo de unas tormentas nunca vistas. Es la segunda vez que ocurre en poco tiempo. Algunas personas malintencionadas y siempre negativas dijeron que este alarmismo desmesurado solo servía para cubrirse las espaldas sin tener en cuenta el caos ocasionado en ámbitos como la educación, la salud, etc. Yo no lo veo así: ante cualquier riesgo, por insignificante que sea, hay que actuar con radicalidad. Un amigo mío que trabaja en el Servicio de Alarmas Apocalípticas de la Generalitat (SAAG, con sede en la población ampurdanesa de Ultramort) me ha explicado que están terminando de redactar un informe donde se examina, con la máxima rigurosidad y los medios adecuados, la hipótesis de que un organismo gigantesco de origen indeterminado —conocido internacionalmente como Godzilla— pueda emerger en las costas catalanas. La directora del SAAG, Mònica Dàver, considera este escenario “extraordinariamente improbable... pero no imposible”: diversos elementos naturales e históricos permiten plantearlo como objeto serio de estudio. Y eso es lo que se está haciendo de momento con fondos europeos y perspectiva de género. La administración catalana ha dado prioridad absoluta al estudio. Las primeras sospechas surgieron a raíz de determinados registros localizados entre Ocata y Premià de Mar. En los últimos años, se han detectado microvibraciones submarinas que, según los expertos, podrían corresponder a movimientos tectónicos menores o, en un escenario extremo, a la presencia de un organismo enorme y potencialmente destructivo, tal como lo explicó el experto en criptozoología Cast Higat en el programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio. Los datos, a pesar de no ser concluyentes, han sido suficientes para que algunos investigadores del SAAG propongan estudiar el fenómeno con más detenimiento. Disponen de un presupuesto de 250 millones de euros. Otro factor que alimenta la hipótesis es la temperatura del Mediterráneo. El calentamiento, documentado por múltiples informes, ha favorecido la llegada de especies exóticas. A pesar de que ninguna de estas especies supera los dos metros, algunos científicos de renombre, como el doctor Tom Ackett, han especulado que un ecosistema alterado podría, en teoría, facilitar la aparición de organismos desconocidos de grandes dimensiones. Una parte de la comunidad científica rechaza la idea, pero admite que el Mediterráneo es un mar “más imprevisible de lo que parece”, sobre todo cuando el fenómeno de El Niño provoque la extinción de miles de especies vegetales y animales, la reaparición de otras que creíamos extinguidas y el hambre en el mundo.

El gobierno de Salvador Illa ha cumplido dos años, y es un buen momento para hacer un balance provisional. El PSC ganó las elecciones sobre todo porque instaló la creencia de que los gobiernos independentistas de los últimos años habían sido incapaces de gestionar adecuadamente la Generalitat, ya fuera por incompetencia o porque se ocuparon de otras aventuras. La buena conexión del PSC con el establishment empresarial, mediático y sindical del país le ayudó a proyectarse como una opción de rigor y profesionalidad, frente a los aventureros y aprendices (sic) que le habían precedido. La operación de construcción del relato fue todo un éxito, hasta el punto de que consiguió acomplejar a una parte del independentismo. En el entorno de ERC, sin ir más lejos, hubo quien asumió el relato del PSC sobre la incapacidad de gestión de su propio gobierno.

La Generalitat volvió el año pasado a batir un récord de gastos que pasan de un año a otro. Esta práctica, consecuencia de la insuficiencia presupuestaria, es decir, de unas cuentas públicas previstas que no permiten cubrir todo el gasto real, se disparó en 2025 hasta los 5.295 millones, un 12% más que el ejercicio anterior y más de la décima parte de todo el gasto no financiero del ejercicio.

El gobierno de la Generalitat ha tramitado recientemente en el Parlament el proyecto de ley de la dirección pública profesional, una iniciativa que constituye un pilar crítico y determinante para la transformación de nuestra Administración. Es muy posible que esta reforma no tenga la repercusión mediática de otras iniciativas legislativas. Sin embargo, su aplicación rigurosa puede incidir, de manera significativa, en la eficiencia del aparato institucional y en la mejora real de los servicios públicos. El principio que inspira esta reforma es establecer una línea de demarcación clara entre la responsabilidad política y la responsabilidad profesional de gestión.En cualquier sistema democrático consolidado, corresponde legítimamente a los gobiernos determinar las prioridades políticas y la hoja de ruta del país. El presidente y sus consejeros han de poder escoger a sus principales colaboradores de orientación política para definir el programa de gobierno, interpretar las demandas cambiantes de la sociedad, diseñar las políticas públicas y asignarles recursos presupuestarios. Esta función de decisión política no solamente es plenamente legítima, sino que resulta del todo indispensable para el funcionamiento democrático.Una cuestión bien diferente, sin embargo, es quién debe asumir la dirección ejecutiva necesaria para traducir estas prioridades políticas en resultados concretos. Dirigir hoy organizaciones públicas altamente complejas, administrar recursos económicos colectivos, liderar equipos humanos multidisciplinares, impulsar procesos de transformación digital o evaluar el impacto real de las políticas exige unos conocimientos técnicos, una trayectoria y unas competencias directivas muy específicas. Por este motivo, una parte muy sustancial de los actuales puestos directivos de la Generalitat y de su sector público institucional deberían dejar de depender de la confianza política o de la libre designación para pasar a ser cubiertos mediante procedimientos públicos, transparentes y competitivos. El proyecto de ley prevé que el futuro desarrollo reglamentario fije los criterios para delimitar qué cargos corresponden a la responsabilidad política y cuáles deben reservarse estrictamente a profesionales. No se trata de despolitizar la acción de gobierno, sino de profesionalizar la gestión de la Administración de manera estable y permanente.

Después de años de convocatorias y procesos de estabilización, la administración pública catalana ha alcanzado uno de los objetivos fijados por la ley 20/2021, que establecía reducir la temporalidad en la ocupación pública como paso previo a la reforma de la administración y a la mejora de los servicios públicos. Según datos a los que ha tenido acceso el ARA, la Generalitat ha registrado el nivel de temporalidad más bajo desde que hay datos en el banco de datos de ocupación pública, la herramienta que recoge la evolución de las plantillas del sector público catalán y que no está disponible en línea desde hace meses.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, recibirá este viernes a las 12:00 horas a Ferran Torres, campeón del mundo con la selección española de fútbol y uno de los deportistas valencianos con mayor reconocimiento y proyección internacional.

El PSPV-PSOE ha denunciado que el Consell del Partido Popular dejó sin ejecutar el 21% del presupuesto destinado a contratar bomberos forestales durante 2025, un año en que la plantilla de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) solo aumentó en dos efectivos, pasando de 889 a 891 bomberos forestales. Así lo ha trasladado este domingo 2 de agosto la portavoz socialista de Emergencias en Les Corts, Alicia Andújar, quien ha afirmado que “el problema ya no es solo el recorte de 14 millones que sufrió el servicio en 2024, sino la incapacidad del Consell para ejecutar los recursos y reforzar un operativo esencial”.

La consejera de Educación, Esther Niubó, comparece esta tarde en el Parlament para dar explicaciones sobre el increíble fracaso de la Generalitat a la hora de organizar las pruebas PISA. Como sabemos, la historia no puede ser más lamentable, se coja por donde se coja: la OCDE avisó en marzo. No se ha informado hasta julio, hasta un viernes de finales de julio, para ser exactos, en que envían a una directora general a dar la cara y no a la consejera, y califica de problema puntual y técnico un error en la muestra de alumnos examinados que supera con creces cualquier explicable error decimal.Como explicamos hoy, la alteración de la muestra PISA en Cataluña supera con creces la de cualquier país en el último informe. Me recordó el día que la Generalitat, bajo la presidencia de Pere Aragonès, no supo convocar correctamente unas oposiciones. Con la diferencia de que, esto de PISA, es un ridículo internacional. Y prefiero creer que ha sido un fiasco (grave) y no tener que pensar que es la manera de burlar unos resultados que serán malos dados los problemas que desde hace años afectan a la Educación en Cataluña. Solo hay que recordar que terminamos el curso entre huelgas y lo empezaremos igual. El problema de la Educación está en las aulas, que son un reflejo de todos los problemas de la sociedad, en la preparación de los maestros, en la autoridad de los directores, en la tensión de una escuela inclusiva que no tiene medios para ser digna de ese nombre, en una Cataluña que se ha ido empobreciendo, etc. Pero algo pasa en el departamento de Educación y, por extensión, en el Govern, cuando firma un pacto sindical que inflama a los sindicatos, cierra un acuerdo con la OCDE para mejorar la enseñanza y, un año más tarde, se equivoca de mucho en la muestra de las pruebas PISA. Y en otro orden de indignaciones, tenemos la multitudinaria manifestación de ayer en Palma de Mallorca contra el exceso de turismo que ha llevado la isla, como el resto de Baleares, al colapso. No hacen falta muchas explicaciones del porqué de la protesta, porque en Cataluña sabemos bien lo que es el colapso turístico, que afecta la ecología, la movilidad, la vivienda, la cultura, la lengua, etc. El manifiesto de la convocatoria tiene un párrafo bastante explícito sobre el efecto del turismo: “Invadió nuestras costas, después nuestros pueblos y nuestras ciudades y actualmente está ocupando nuestras casas. En Mallorca no caben más hoteles, no caben más franquicias de café, comida rápida o tartas de queso y no caben más turistas. ¡Mallorca al límite! ¡Menos turismo, más vida!” Una manifestación así es una señal que hay que escuchar y atender con urgencia. Pero todo hace pensar que no será así, de momento, porque el gobierno balear y los intereses turísticos son uno. La prueba es lo que pasó al final:

La crisis de Rodalies ha disparado la demanda del bus como alternativa de movilidad y esto, a su vez, está saturando algunos puntos de Barcelona. Fabra i Puig, Gran Via y también la zona de Maria Cristina, en la Diagonal, sufren desde hace meses los efectos de una avalancha de planes alternativos que, sumados a las líneas de autobuses interurbanos , están desbordando la movilidad. Solucionar el problema de fondo exige repensar el modelo, hacer nuevas estaciones e intercambiadores; es decir, años de construir nuevas infraestructuras. Por eso, mientras esto no llega, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat han decidido dar un primer paso para intentar "descongestionar", como mínimo, el corredor de la Diagonal.

Hoy, para empezar, tenemos una crisis de gobierno. El nuevo conseller de Drets Socials se llama Raúl Moreno, hasta ahora secretario general de la conselleria. Sustituye a Mònica Martínez Bravo, que vivía en Madrid y trabajaba en Cataluña, y que pidió el relevo al president Illa. En el acto del relevo, Illa remarcó que era un cambio de conseller pero no de políticas. Como explica hoy Aleix Moldes, no será esta la última remodelación de un gobierno donde la consellera de Salut, Olga Pané, actualmente de baja por una fractura de peroné, no acabará la legislatura, como tampoco la superconsellera Sílvia Paneque, que será enviada nuevamente a su ciudad, Girona, a intentar recuperar la alcaldía para los socialistas. Cabe decir que Girona es una alcaldía de estado, porque la relación con la casa real española no estará totalmente normalizada en Cataluña hasta que los premios que llevan el nombre de la heredera de la Corona, la princesa de Girona, no se puedan celebrar en la ciudad.Claro que, por crisis de gobierno, la del Reino Unido, que ayer estrenó primer ministro, el laborista Andy Burnham, que en un discurso sin atril ni teleapuntador se comprometió a “conseguir que la política funcione, y funcione mejor”, prometió un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico, reindustrializar el Reino Unido. Burnham fue directo a lo importante: hay que aliviar el coste de la vida, acabar con el sinhogarismo (fue a preparar desayunos en un albergue para personas sin techo de Londres), en definitiva, hacer salir al Reino Unido de una crisis que conocemos también aquí, pero que allí tiene la especificidad del Brexit. Ha sido un mal negocio: piensen que desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea (ahora, en junio, hizo 10 años) han tenido siete primeros ministros, y Burnham, concretamente, es el cuarto primer ministro de Carlos III en menos de 4 años. Carlos III sucedió a su madre en septiembre de 2022, ahora hará cuatro años, y comenzó el reinado con Liz Truss (que solo duró 45 días), Rishi Sunak, Keir Starmer y ahora Andy Burnham. El cuarto en menos de cuatro años es una clara señal de inestabilidad política derivada de la desorientación nacional, la inflación, el estancamiento de los salarios, la falta de vivienda asequible o el deterioro de los servicios públicos.No hay países perfectos, todos cargan con una mochila u otra; qué les tengo que decir de Cataluña que ustedes no sepan. Hoy el día ha comenzado con la circulación de trenes interrumpida entre Lérida y La Plana-Picamoixons a causa de un robo de cable, según ha informado Adif. Una incidencia que pasa a cada dos por tres, y que habla, sobre todo, del abandono en que España ha mantenido su red ferroviaria en Cataluña durante décadas.En las últimas horas, el Mundial de fútbol ha dado a la idea de España la posibilidad de mirarse al espejo y gustarse, de hacer el discurso de “Cuando juega España, jugamos todos”, de la nación inclusiva. Esta es la parte amable del mensaje español de estos días. Pero enseguida ha aparecido el discurso nacionalista, consistente en decir que ya era suficiente de ir acomplejados por el mundo y que la juventud salió a la calle sin complejos. Sirva como ejemplo este comentario del diario La Razón.Venga, tapáos un poco. La idea de la España una y castellana, de complejos no ha tenido nunca (con una ligera excepción, un repliegue táctico al inicio de la Transición por una aparente mala conciencia debido a la asociación entre España y franquismo). Para el resto, España va a su bola, con lengua, inversiones y bloqueo de cualquier reconocimiento legal de su plurinacionalidad. Y, por otra parte, a ver si nos entendemos: venden como un éxito de la idea de España que la gente salga a celebrar los éxitos de la única selección, cuando es la única selección posible, de la “normal”, que es normal porque es obligatoria para los deportistas bajo riesgo de pérdida de la licencia federativa para jugar. Lo único desacomplejado es la barra que tienen.

Cataluña aspira a dar el salto definitivo al mercado en la industria cuántica. Después de años centrada en "generar conocimiento", en palabras de la secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat, Maria Galindo, el país vive un momento de "efervescencia cuántica" que permite aspirar a competir con las potencias internacionales. Según un informe sectorial elaborado por Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas del departamento de Empresa i Treball, esta industria facturó en 2024 –el último año con datos definitivos– 91,4 millones de euros; una cifra limitada, pero que el sector celebra en el marco de una tecnología profunda todavía incipiente.

Aumentar la productividad. El Gobierno se fija esta prioridad para seguir haciendo crecer la economía catalana. En el informe anual publicado por el departamento de Economía y Finanzas, la Generalitat señala que "a pesar del intenso proceso de acumulación de capital físico y de trabajo", la renta per cápita del país crece "de manera más débil que la media de la Unión Europea durante el último cuarto de siglo". "Esta paradoja apunta, pues, a una evolución ineficiente de la productividad", indica el estudio, que reconoce que la productividad total de los factores (PTF) –el indicador de referencia para medir la productividad– "presenta una peor trayectoria" que la que se observa en la Unión Europea.

La Generalitat ha aprobado este martes su nueva estrategia de innovación empresarial para el periodo 2026-2030. El nuevo plan de ruta del Gobierno para la actividad innovadora en el país activará un paquete de inversión de 78 millones de euros solo este año, un 30% más, para acelerar la investigación y el desarrollo en el territorio, formar y atraer el talento tecnológico necesario o facilitar la adopción de negocio de tecnologías disruptivas. Según los cálculos del ejecutivo, la inversión pública dedicada al sector movilizará capital privado por valor de 3,7 veces más; es decir, unos 300 millones de euros. La primera convocatoria, según explican desde el ejecutivo, se abrirá la próxima semana, con un montante disponible de 17 millones de euros.

Los testimonios de empresas que eligieron instalarse en Aragón y no en Cataluña después de la pandemia levantaron mucha polvareda y llegaron hasta el Parlament.  “La agilidad política y técnica del gobierno aragonés es brutal: si tú les llamas, a las 48 horas ya te están recibiendo, y van muy rápido”, explicaba el representante de una empresa a el ARA. “Entre abrir un almacén en Lleida o abrirlo en Fraga, que está al lado, hay mucha diferencia de ventajas”, aseguraba otra persona.

Más de 32 de cada 100 euros que el Estado presta a las autonomías para pagar facturas pendientes, a través de instrumentos de financiación extraordinarios como el fondo de liquidez autonómica (FLA) desde 2012, los recibe Cataluña. Según los últimos datos del ministerio de Hacienda, la cifra llega actualmente, una vez distribuidos los recursos hasta el tercer trimestre, a los 170.152,1 millones de euros de un total de 526.598,82 millones para el conjunto de las comunidades autónomas. Pero la clasificación cambia cuando la cantidad se calcula por habitante. En este caso, es el País Valenciano el que se sitúa a la cabeza, especialmente después de los recursos para paliar los efectos de la dana de otoño de 2024.

Cataluña continúa ampliando su capacidad de computación para asumir el avance de la inteligencia artificial. La empresa Submer Group, con sede en Barcelona, invertirá más de 1.000 millones de euros para instalar un nuevo centro de datos en Flix (Ribera d'Ebre). La infraestructura tecnológica se situará en los terrenos de la antigua planta de la química Ercros. El centro, según ha asegurado la empresa en un comunicado, será "sostenible y de última generación", y destinará su actividad a impulsar la inversión en aplicaciones y servicios basados en la IA.

Actualmente, la Unión Europea (UE) camina hacia la llamada autonomía estratégica, que significa hacer todo lo posible para ser menos dependiente de terceros, especialmente de los Estados Unidos y de China. El club de los Veintisiete lo potencia en todos los ámbitos. La pandemia de la covid nos enseñó que dejar en manos de otros países o bloques comerciales la producción de elementos que van de las mascarillas a los hidroalcoholes para evitar las infecciones supone un riesgo muy elevado, tanto por acceso a los productos como por los precios que se han de pagar en caso de necesidad urgente. También las crisis geopolíticas provocan disfunciones en las cadenas de suministro cuando se depende mucho de materiales y productos de determinados países. Europa lo ha podido comprobar con el cierre del estrecho de Ormuz.

La Generalitat activa la creación de una "nube pública soberana" en Cataluña para reforzar la autonomía digital catalana. El ejecutivo de Salvador Illa ha abierto este martes la licitación del contrato, con un valor total estimado de hasta 481 millones de euros durante los primeros ocho años, si bien el objetivo es "mantenerlo una vez superado este periodo". La nueva infraestructura permitirá alojar el 40% de los servicios y los datos digitales de la administración catalana para "dar cumplimiento al nivel más alto de soberanía europea alcanzable hoy en día". Según las previsiones del Gobierno, el servicio entrará en funcionamiento durante la segunda mitad de 2027 y estará plenamente operativo durante el tercer trimestre del próximo curso. El consejero de la presidencia, Albert Dalmau, ha destacado la capacidad de la nueva cloud catalana de "proteger y almacenar" los datos de los ciudadanos y los servicios públicos.

El Parlament exige "de forma inmediata" el traspaso a la Generalitat de los inmuebles y equipamientos sanitarios situados en Cataluña que continúan siendo de titularidad estatal. La moción, impulsada por ERC y aprobada con los votos de todos los grupos menos Vox y el PP, que han votado en contra, otorga al ejecutivo catalán un plazo máximo de seis meses para elaborar y presentar un inventario completamente actualizado de todos los inmuebles del sistema de salud de la Generalitat que no son de su propiedad. El informe deberá especificar la situación jurídica, la situación registral, el valor patrimonial estimado, el valor contable neto de los activos y las inversiones efectuadas por la administración catalana.