El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha admitido hoy que Barcelona necesita "al menos cinco o seis estaciones e intercambiadores" de autobuses para poder hacer frente a la fuerte demanda que vive el sector en los últimos años, y más especialmente desde enero, cuando estalló la crisis de Cercanías. Lo ha dicho en un acto de la patronal del sector, la Fecav, que este martes ha presentado –junto con el Centre d'Estudis del Transport Terminus– el libro El autobús y el autocar en Cataluña, el primer ejemplar que recoge toda la historia del sector, escrito por el experto Joan Carles Salmerón. En el acto el secretario de Movilidad se ha dirigido al conjunto de empresarios, a quienes también ha puesto deberes.

La Generalitat de Cataluña, a través de Fira 2000, está negociando la compra de las oficinas del distrito administrativo de la Zona Franca a la compañía AXA, donde desde 2020 hay instalados diversos departamentos. Ya se han llevado a cabo tres reuniones, y muy pronto, en mayo, habrá un cuarto encuentro. Unas negociaciones que pretenden poner punto final a 11 años de sombras alrededor de esta operación promovida en 2015 por la propietaria de los terrenos de la Zona Franca, Fira 2000, una sociedad mercantil que tiene como socio mayoritario (53,6%) la Generalitat y que también está participada por los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet y la Diputación de Barcelona.

Fue uno de los motivos que generó más avisos por parte de los maquinistas durante los momentos más fuertes de la crisis ferroviaria: el número de árboles caídos encima o muy cerca de las vías del tren ha obligado a Adif a talar 13.680 árboles entre los meses de enero y marzo. Los temporales de lluvia y viento Harry e Ingrid dejaron al descubierto la debilidad de la red ferroviaria catalana ante las inclemencias meteorológicas y esto se ve reflejado en las estadísticas de Adif. Del total de árboles talados durante este período, la gestora de la infraestructura arrancó 8.380 dentro de su plan de control de vegetación habitual y 5.300 árboles adicionales dentro del plan de emergencia por las borrascas. La zona más afectada fue la del trayecto Maçanet-Portbou, al norte del país.

Debían ser el gran revulsivo para empezar a notar mejoras en la red ferroviaria. Primero estaban previstos para 2025, después para 2026, pero los 110 trenes comprados y previstos para Cataluña aún no han llegado. Cuando lo hagan –el calendario oficial mantiene que llegarán este mismo año– irán a parar en gran parte a la red de Rodalies, una de las más afectadas por los retrasos y las incidencias, que aumentará en una cincuentena sus convoyes. Por contra, el servicio de Regionales, que en Cataluña funciona como una extensión de Rodalies, solo aumentará en seis trenes extra. Estos trenes, además, no llegarán de golpe. Según consta en el plan de Rodalies, se incorporarán gradualmente hasta 2030.

"En esta nueva etapa no pensamos que sea conveniente un gobierno de unidad catalana. Debemos consolidar las instituciones y acostumbrar el país a la presidencia de la Generalitat, pero ha llegado el momento de gobernar". Probablemente no imaginaba que lo haría durante 23 años consecutivos, pero al día siguiente de las elecciones de 1980, un triunfante Jordi Pujol ya comenzaba a visualizar que su principal misión tendría que ser la creación de la Catalunya autonómica. Este año hace 46 años desde que Pujol fue investido presidente y se da la curiosa circunstancia de que ya hace tantos años que no gobierna como los que pasó al frente de la Generalitat.

Los problemas se acumulan en la línea R2 Sur de Rodalies, en el Garraf, desde que comenzaron las obras de mantenimiento de los túneles, hace dos semanas. El plan alternativo de transporte que se diseñó para garantizar la circulación de trenes mientras duran los trabajos no está funcionando. ¿El motivo? Una parte de los maquinistas se ha plantado y rechaza trabajar con los nuevos horarios definidos por Renfe para este dispositivo, lo que ha dejado en papel mojado la nueva planificación horaria de los convoyes, que se debía rehacer porque ahora pasan por una única vía, a consecuencia de las obras. Desde el sindicato español de maquinistas Semaf alegan que la compañía no cumplió los plazos establecidos para avisar con suficiente antelación de los cambios.

El Govern reconoce que se filtraron por error 6.771 datos personales en las subvenciones de la base de datos de una página web que depende de la consejería de Economía y Finanzas. Según ha avanzado TV3 y ha confirmado el ARA de fuentes del departamento, este también habría sido el motivo de la inicial interrupción del servicio completo y posterior desaparición de un millón de registros de subvenciones de la Generalitat de manera súbita –que causó revuelo y una avalancha de especulaciones–, un hecho que se dio a conocer a raíz de la difusión masiva de una herramienta como Subvencions.cat, un buscador de las ayudas públicas creado por Gerard Giménez, que utilizaba datos de la Generalitat y que de un día para otro vio cómo había registros que desaparecían mientras el ejecutivo apuntaba de manera genérica a "un problema técnico", sin especificar.

El último Plan de Cercanías, el más actualizado, tiene casi 300 páginas. Es el documento donde se detallan todas las obras ferroviarias previstas desde ahora y hasta el 2030 para mejorar la red catalana: se explica en qué consisten, se especifica su coste y se calendarizan. Desde las obras más faraónicas, como la Sagrera, el desdoblamiento de la R3 o el soterramiento de Montcada, hasta otras mucho más pequeñas, rápidas e incluso baratas, pero que pueden ayudar mucho a mejorar la capacidad de la red.

Este lunes, 9 de marzo, se abre la convocatoria del Bo Alquiler Joven estatal, una ayuda de hasta 250 euros mensuales durante dos años destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas de hasta 35 años. Las solicitudes se pueden presentar a partir de las 9:00 de este lunes 9 de marzo y hasta el viernes 13 de marzo a las 14:00, y se otorgarán por orden de entrada hasta que se agote la partida presupuestaria.

La Generalitat comprará la mitad del edificio del Banco de España en la plaza Catalunya de Barcelona. La operación tendrá un coste de 58,4 millones de euros para las cuentas del gobierno catalán, a los que habrá que sumar 36,9 millones de euros más de rehabilitación antes de poder instalarse en él, según ha avanzado este viernes La Vanguardia.

Hay movimientos de fondo. Habitualmente, dicha sociedad civil catalana suele ser crítica desde el anonimato pero educada y posibilista frente al poder político. Pero esto parece estar cambiando un poco. En algunas reuniones y encuentros hay representantes empresariales que reclaman acción, cierta movilización para superar retos como los de la movilidad (Cercanías, por ejemplo), la transición verde y la reducción de la burocracia de la administración. Algunos están un poco hartos de quedar siempre bien y exigen a los políticos que trabajen más por los intereses del país y menos por los del propio partido o el de algunos de sus líderes.

La guerra arancelaria provocada por la administración de Donald Trump, así como sus intervenciones en otros países, han elevado las tensiones geopolíticas y alterado las relaciones comerciales tradicionales. En Cataluña, de los 4.350 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos, se han visto afectados un 67%, el equivalente al 2,9% de todas las exportaciones catalanas en el mundo. Éste será uno de los principales impactos en la balanza comercial catalana del 2025 y está por ver si, después de dos años seguidos por encima de los 100.000 millones de euros en exportaciones, las empresas catalanas podrán mantener el ritmo.

El pasado año 109 trabajadores murieron en accidentes relacionados con el trabajo en Catalunya, un incremento de un 22,5% respecto al ejercicio anterior. Los datos del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo ponen luz sobre la evolución de la siniestralidad laboral en 2025, año en el que el número de víctimas se encaramó hasta el nivel más alto en los últimos 14 años. Hay que retroceder hasta el 2011, cuando fallecieron 113 personas, para encontrar una cifra más elevada.

Adrià Ramírez (Taradell, 1987) es el presidente de Promoción del Transporte Público (PTP), una de las asociaciones de usuarios que encabeza la manifestación contra la gestión de Cercanías de este sábado por la tarde. La PTP, que no está vinculada a ningún partido político, lleva años actuando como un lobi de presión en el sector ferroviario y en la administración pública. "Animo a todos los usuarios [del tren] a acercarse a la plataforma que tengan más cercana: muchas veces es así como empiezan a moverse las cosas", asegura.

Esta mañana a las seis y media, cuando le han preguntado al portavoz de Renfe, Antonio Carmona, si funcionaba el servicio de Cercanías, éste ha contestado que el servicio se estaba prestando "con razonable normalidad". "Razonable" porque venimos de varios días sin servicio y de ayer, en los que el servicio iba ahora sí, ahora no. Por tanto, el solo hecho de que salgan trenes es "razonable". Y es que esta mañana, a las 8, el saque estaba recuperado al 80%; eso sí, algunos tramos por carretera y otros en tren.

La Generalitat ha acordado este lunes activar el decreto de teletrabajo para minimizar la movilidad y reforzar todas las líneas de bus interurbano durante el día ante las incidencias que registra la red de Cercanías en Catalunya. Las medidas se han acordado en una nueva reunión de seguimiento del Govern, coincidiendo con dos nuevos paros en la red durante la mañana debido a incidencias informáticas. Pero muchos trabajadores, de nuevo, se han quedado sin poder llegar al trabajo o llegando tarde. ¿Quién paga esta factura?

Accidentes mortales. Deslizamientos. Estructuras que se hunden. Mantenimiento dudoso. Falta de inversiones. Maquinistas sublevados. Son sólo algunos de los términos que han protagonizado esta semana trágica en la red ferroviaria catalana que cierra con un accidente mortal en Gelida (precedido de otro en Córdoba), tres deslizamientos, la caída de dos muros de contención (en Gelida y Pineda) y decenas de averías menores. Una desgraciada concatenación de hechos que ha provocado que la Generalitat –la titular del servicio– volviera a anunciar este sábado por la mañana un nuevo paro de todo el sistema, hecho que ha dejado a Catalunya sin circulación ferroviaria. Más de 1.400 kilómetros de vías pero sin trenes.

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de la ocupación pública catalana, que tomará el relevo a la regulación vigente desde 1997. Superado el primer cuarto del siglo XXI, y visto el contenido del documento, queda claro que el empleo público permanecerá bajo un modelo diseñado el pasado milenio. El Gobierno se siente cómodo manteniendo un statu quo que cree inmutable y renuncia a una reflexión profunda sobre lo que el país debe necesitar en este capítulo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este miércoles que el gobierno incluirá Madrid en una candidatura conjunta con Catalunya para la gigafactoría europea de inteligencia artificial (IA), un proyecto que puede movilizar una inversión de alrededor de 4.000 millones de euros y que debe llevarse a cabo en Móra la Nova (Ribera de Ebro). Fuentes de la Generalitat, que impulsó inicialmente el proyecto, aseguraron que la administración catalana trabaja para ampliar el proyecto a la comunidad de Madrid.

La ciberdelincuencia es un fenómeno creciente con el auge de las nuevas tecnologías, por lo que no sólo los ciudadanos son víctimas, sino que las administraciones también han pasado a ser un objetivo a batir. De hecho, mueven un gran volumen de recursos y también de datos de personas físicas y jurídicas, lo que las hace atractivas para los delincuentes. Prueba de ello es que la Generalitat, tal y como ha podido constatar el ARA a través de una petición de transparencia, también ha sido víctima de fraudes económicos. En concreto, han sido "comprometidos" un total de 1.711.068 euros, es decir, el Govern tiene contabilizado que ha habido un intento de robar esa cantidad de recursos a través de fraudes. De esta cantidad, sin embargo, la Generalitat ha podido retener la mayoría de dinero: 1.661.948 euros. "La diferencia de 49.120 euros corresponde al importe que efectivamente los ciberdelincuentes han logrado defraudar", admite el Govern. Desde Presidencia destacan que han logrado preservar el 94% de los recursos.