La Generalitat ha aprobado este martes su nueva estrategia de innovación empresarial para el periodo 2026-2030. El nuevo plan de ruta del Gobierno para la actividad innovadora en el país activará un paquete de inversión de 78 millones de euros solo este año, un 30% más, para acelerar la investigación y el desarrollo en el territorio, formar y atraer el talento tecnológico necesario o facilitar la adopción de negocio de tecnologías disruptivas. Según los cálculos del ejecutivo, la inversión pública dedicada al sector movilizará capital privado por valor de 3,7 veces más; es decir, unos 300 millones de euros. La primera convocatoria, según explican desde el ejecutivo, se abrirá la próxima semana, con un montante disponible de 17 millones de euros.

Los testimonios de empresas que eligieron instalarse en Aragón y no en Cataluña después de la pandemia levantaron mucha polvareda y llegaron hasta el Parlament.  “La agilidad política y técnica del gobierno aragonés es brutal: si tú les llamas, a las 48 horas ya te están recibiendo, y van muy rápido”, explicaba el representante de una empresa a el ARA. “Entre abrir un almacén en Lleida o abrirlo en Fraga, que está al lado, hay mucha diferencia de ventajas”, aseguraba otra persona.

Más de 32 de cada 100 euros que el Estado presta a las autonomías para pagar facturas pendientes, a través de instrumentos de financiación extraordinarios como el fondo de liquidez autonómica (FLA) desde 2012, los recibe Cataluña. Según los últimos datos del ministerio de Hacienda, la cifra llega actualmente, una vez distribuidos los recursos hasta el tercer trimestre, a los 170.152,1 millones de euros de un total de 526.598,82 millones para el conjunto de las comunidades autónomas. Pero la clasificación cambia cuando la cantidad se calcula por habitante. En este caso, es el País Valenciano el que se sitúa a la cabeza, especialmente después de los recursos para paliar los efectos de la dana de otoño de 2024.

Cataluña continúa ampliando su capacidad de computación para asumir el avance de la inteligencia artificial. La empresa Submer Group, con sede en Barcelona, invertirá más de 1.000 millones de euros para instalar un nuevo centro de datos en Flix (Ribera d'Ebre). La infraestructura tecnológica se situará en los terrenos de la antigua planta de la química Ercros. El centro, según ha asegurado la empresa en un comunicado, será "sostenible y de última generación", y destinará su actividad a impulsar la inversión en aplicaciones y servicios basados en la IA.

Actualmente, la Unión Europea (UE) camina hacia la llamada autonomía estratégica, que significa hacer todo lo posible para ser menos dependiente de terceros, especialmente de los Estados Unidos y de China. El club de los Veintisiete lo potencia en todos los ámbitos. La pandemia de la covid nos enseñó que dejar en manos de otros países o bloques comerciales la producción de elementos que van de las mascarillas a los hidroalcoholes para evitar las infecciones supone un riesgo muy elevado, tanto por acceso a los productos como por los precios que se han de pagar en caso de necesidad urgente. También las crisis geopolíticas provocan disfunciones en las cadenas de suministro cuando se depende mucho de materiales y productos de determinados países. Europa lo ha podido comprobar con el cierre del estrecho de Ormuz.

La Generalitat activa la creación de una "nube pública soberana" en Cataluña para reforzar la autonomía digital catalana. El ejecutivo de Salvador Illa ha abierto este martes la licitación del contrato, con un valor total estimado de hasta 481 millones de euros durante los primeros ocho años, si bien el objetivo es "mantenerlo una vez superado este periodo". La nueva infraestructura permitirá alojar el 40% de los servicios y los datos digitales de la administración catalana para "dar cumplimiento al nivel más alto de soberanía europea alcanzable hoy en día". Según las previsiones del Gobierno, el servicio entrará en funcionamiento durante la segunda mitad de 2027 y estará plenamente operativo durante el tercer trimestre del próximo curso. El consejero de la presidencia, Albert Dalmau, ha destacado la capacidad de la nueva cloud catalana de "proteger y almacenar" los datos de los ciudadanos y los servicios públicos.

El Parlament exige "de forma inmediata" el traspaso a la Generalitat de los inmuebles y equipamientos sanitarios situados en Cataluña que continúan siendo de titularidad estatal. La moción, impulsada por ERC y aprobada con los votos de todos los grupos menos Vox y el PP, que han votado en contra, otorga al ejecutivo catalán un plazo máximo de seis meses para elaborar y presentar un inventario completamente actualizado de todos los inmuebles del sistema de salud de la Generalitat que no son de su propiedad. El informe deberá especificar la situación jurídica, la situación registral, el valor patrimonial estimado, el valor contable neto de los activos y las inversiones efectuadas por la administración catalana.

El plan estrella de la Generalitat en materia de vivienda —y, seguramente, también uno de los más relevantes de la legislatura— es añadir 50.000 pisos protegidos al parque público hasta 2030. La estrategia de los de Salvador Illa pasa por identificar solares que ya estén a punto para empezar las obras y, después, ofrecerlos a ayuntamientos y promotores. Este miércoles, el Govern ha sacado a concurso público 16 de los 59 solares con capacidad para menos de 20 viviendas cada uno que el ejecutivo ha incluido en su plan. Según ha podido saber el ARA, esta semana sacará 8 más del mismo tipo, hasta llegar a los 24 solares.

Yosef Faradji continúa siendo el contribuyente más moroso con la Generalitat. Esta persona, de la cual se desconocen más detalles, ya encabezó el año pasado la lista de personas físicas y jurídicas que mantienen deudas con las arcas públicas catalanas. La cifra que tiene pendiente ha pasado de los 52,3 millones de euros de hace un año a 65,2 millones ahora a consecuencia de los intereses que se van acumulando. Tampoco cambia el principal moroso entre las empresas, el bingo PlayBadalona, con 8,3 millones, que ha rebajado la carga en el último año en un millón de euros.

Cataluña encabeza los fondos europeos Next Generation destinados a las autonomías, con un total de 10.180 millones de euros desde que se pusieron en marcha en 2021, según los últimos datos registrados por la Consejería de Economía. Esta cifra, dada a conocer por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante un acto en el Palau de Pedralbes sobre el impacto en Cataluña de estos recursos, ha permitido, ha explicado, "impulsar una transformación económica, social y ambiental que ha contribuido al crecimiento económico".

Antonio hace cuatro meses y medio que vive con el piso apuntalado, en plena Gran Vía de Barcelona. A finales de enero el techo de su habitación se derrumbó a causa de unas filtraciones de agua y los Bomberos recomendaron mantener los puntales hasta que se haga una reparación definitiva. Unas semanas después le pasó lo mismo en el pasillo, y poco después aún en otra estancia básica de la casa, el lavabo. La propiedad le arregló el baño, pero esta semana los puntales aún continúan sujetando las vigas de la habitación y las del pasillo.

Desde este martes, en la fachada del Palau de la Generalitat y también en la del Ayuntamiento de Barcelona ondea la bandera del Vaticano. El Govern se ha volcado en la visita institucional que el papa León XIV hace a Cataluña –la primera parada fue este fin de semana en Madrid y terminará la semana en las Canarias– y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompaña al pontífice durante toda su estancia, desde que bajó del avión en la misma pista de aterrizaje. La prueba visual de que el Govern quiere darlo todo en esta visita es que también ha colgado la bandera en la fachada de la Generalitat. ¿Por qué?

La alcaldesa de Tremp ha trabajado treinta años como profesora de catalán. Se inició en la política municipal en el año 2007 y, cuando se convirtió en diputada en el Parlament de Catalunya la pasada legislatura, pidió una excedencia forzosa que prolongó después de las elecciones de 2024, cuando fue nombrada delegada de la Generalitat en el Alt Pirineu i Aran.

El Estado y la Generalitat han rubricado este miércoles los acuerdos con ERC para los presupuestos catalanes en la Comisión Bilateral que han celebrado en Madrid y que ha durado menos de una hora. Los republicanos fijaron esta condición para tener garantía del cumplimiento de los pactos que dependen del ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los cuales está la constitución de una sociedad mercantil de inversiones, es decir, una empresa que aprobará el consejo de ministros a lo largo de este 2026 y estará participada por ambas administraciones. Esta sociedad servirá para "dotar de más agilidad, flexibilidad y capacidad operativa" la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculados a infraestructuras y otras inversiones públicas, tal como ha explicado el Govern en un comunicado de prensa. En paralelo, sin embargo, no se tira la toalla con la posibilidad de sacar adelante un "consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones" y que dependería del ministerio de Transportes. Para que esto prospere, sin embargo, hace falta el aval del Congreso, donde la propuesta descarriló hace pocas semanas por el voto contrario de Junts.

El actual CAP Passeig de Maragall, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, todavía figura hoy –medio siglo después de la muerte de Franco– a nombre de la Falange Española (FET y de las JONS). A pesar de que la Generalitat gestiona el centro y asume todos los costes de mantenimiento, la titularidad registral continúa en manos del aparato político de la dictadura. Este es el hallazgo más desconcertante de la investigación de la historiadora Neus Moran, que documenta cómo el Estado blindó el patrimonio sanitario procedente del expolio franquista antes del traspaso de competencias.

Uno de los objetivos del reelegido presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, es "profundizar la relación con el gobierno de la Generalitat" y construir "un espacio de diálogo profundo y permanente". Al inicio de su tercer mandato, una vez suprimido el límite estatutario de dos que había antes, Sánchez Llibre mira hacia el gobierno de Salvador Illa.

En materia de presupuestos se podría decir que Catalunya no es (bien del todo) España. El equilibrio de fuerzas parlamentarias permitirá tenerlos antes del verano. En concreto, para que puedan ser aprobados por el Parlament en julio. Solo queda que ERC, que ha convocado un consejo nacional para el lunes, dé un visto bueno. La situación se percibe en las caras de alegría de algunos miembros del gobierno, en especial de la consejera de Economía, Alícia Romero.

La Generalitat abre una nueva etapa para poner en marcha el primer centro de diseño y prototipado de chips en Cataluña. El Govern ha constituido este lunes el patronato de la fundación InnoFAB, la entidad sin ánimo de lucro que gestionará y pondrá en marcha la iniciativa. El acto de constitución, celebrado en el departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat, ha contado con la participación de los diversos consejeros que conformarán el organismo: el consejero de Presidencia, Albert Dalmau; de Economía y Finanzas, Alícia Romero; de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat. Montserrat y Romero ocuparán la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

El gobierno español prácticamente duplicó las licitaciones de obras públicas en Cataluña durante el primer trimestre, y impulsó así el crecimiento de las operaciones, según un informe de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) publicado este jueves. Aun así, las licitaciones del ejecutivo español representaron solo el 26,8% de los 803,3 millones de euros licitados por todas las administraciones. Con el aumento de 2026, el Estado superó el peso de las aportaciones de la Generalitat, que supusieron el 25,8% del total.

Hasta 1.300 euros reclama el departamento de Derechos Sociales a un joven con un alto grado de dependencia que ha entrado en un centro especial de trabajo y, por tanto, no debería haber continuado cobrando la prestación económica fijada. Pero como la burocracia no está preparada para automatizar los cambios, la orden de la transferencia de la ayuda continúa llegando, hasta sumar una cantidad que para la familia "es como si no existiera", no se toca. Este es uno de los ejemplos que explican lo que la Generalitat llama "pagos indebidos" y que, sobre todo, se deben a errores o la lentitud de la administración; sea, como en el caso del joven, por incompatibilidades, por la revisión a la baja de un grado de dependencia o por la muerte del beneficiario. Solo el año pasado, la consejería pidió la devolución de 10.665 de estas deudas.