La alcaldesa de Tremp ha trabajado treinta años como profesora de catalán. Se inició en la política municipal en el año 2007 y, cuando se convirtió en diputada en el Parlament de Catalunya la pasada legislatura, pidió una excedencia forzosa que prolongó después de las elecciones de 2024, cuando fue nombrada delegada de la Generalitat en el Alt Pirineu i Aran.

El Estado y la Generalitat han rubricado este miércoles los acuerdos con ERC para los presupuestos catalanes en la Comisión Bilateral que han celebrado en Madrid y que ha durado menos de una hora. Los republicanos fijaron esta condición para tener garantía del cumplimiento de los pactos que dependen del ejecutivo de Pedro Sánchez, entre los cuales está la constitución de una sociedad mercantil de inversiones, es decir, una empresa que aprobará el consejo de ministros a lo largo de este 2026 y estará participada por ambas administraciones. Esta sociedad servirá para "dotar de más agilidad, flexibilidad y capacidad operativa" la ejecución de estudios, proyectos y obras vinculados a infraestructuras y otras inversiones públicas, tal como ha explicado el Govern en un comunicado de prensa. En paralelo, sin embargo, no se tira la toalla con la posibilidad de sacar adelante un "consorcio paritario Estado-Generalitat en materia de inversiones" y que dependería del ministerio de Transportes. Para que esto prospere, sin embargo, hace falta el aval del Congreso, donde la propuesta descarriló hace pocas semanas por el voto contrario de Junts.

El actual CAP Passeig de Maragall, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, todavía figura hoy –medio siglo después de la muerte de Franco– a nombre de la Falange Española (FET y de las JONS). A pesar de que la Generalitat gestiona el centro y asume todos los costes de mantenimiento, la titularidad registral continúa en manos del aparato político de la dictadura. Este es el hallazgo más desconcertante de la investigación de la historiadora Neus Moran, que documenta cómo el Estado blindó el patrimonio sanitario procedente del expolio franquista antes del traspaso de competencias.

Uno de los objetivos del reelegido presidente de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, es "profundizar la relación con el gobierno de la Generalitat" y construir "un espacio de diálogo profundo y permanente". Al inicio de su tercer mandato, una vez suprimido el límite estatutario de dos que había antes, Sánchez Llibre mira hacia el gobierno de Salvador Illa.

En materia de presupuestos se podría decir que Catalunya no es (bien del todo) España. El equilibrio de fuerzas parlamentarias permitirá tenerlos antes del verano. En concreto, para que puedan ser aprobados por el Parlament en julio. Solo queda que ERC, que ha convocado un consejo nacional para el lunes, dé un visto bueno. La situación se percibe en las caras de alegría de algunos miembros del gobierno, en especial de la consejera de Economía, Alícia Romero.

La Generalitat abre una nueva etapa para poner en marcha el primer centro de diseño y prototipado de chips en Cataluña. El Govern ha constituido este lunes el patronato de la fundación InnoFAB, la entidad sin ánimo de lucro que gestionará y pondrá en marcha la iniciativa. El acto de constitución, celebrado en el departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat, ha contado con la participación de los diversos consejeros que conformarán el organismo: el consejero de Presidencia, Albert Dalmau; de Economía y Finanzas, Alícia Romero; de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat. Montserrat y Romero ocuparán la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

El gobierno español prácticamente duplicó las licitaciones de obras públicas en Cataluña durante el primer trimestre, y impulsó así el crecimiento de las operaciones, según un informe de la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC) publicado este jueves. Aun así, las licitaciones del ejecutivo español representaron solo el 26,8% de los 803,3 millones de euros licitados por todas las administraciones. Con el aumento de 2026, el Estado superó el peso de las aportaciones de la Generalitat, que supusieron el 25,8% del total.

Hasta 1.300 euros reclama el departamento de Derechos Sociales a un joven con un alto grado de dependencia que ha entrado en un centro especial de trabajo y, por tanto, no debería haber continuado cobrando la prestación económica fijada. Pero como la burocracia no está preparada para automatizar los cambios, la orden de la transferencia de la ayuda continúa llegando, hasta sumar una cantidad que para la familia "es como si no existiera", no se toca. Este es uno de los ejemplos que explican lo que la Generalitat llama "pagos indebidos" y que, sobre todo, se deben a errores o la lentitud de la administración; sea, como en el caso del joven, por incompatibilidades, por la revisión a la baja de un grado de dependencia o por la muerte del beneficiario. Solo el año pasado, la consejería pidió la devolución de 10.665 de estas deudas.

Hay un sector en el Estado que vive una época dorada, que crece sin tener todavía una regulación integral y que cada vez es más relevante en el proceso de decisión de gobiernos y Parlamentos: las consultoras de asuntos públicos. Un tipo de puente entre el mundo público y privado, que es terreno desconocido para una buena parte de la población y que en los últimos años está proliferando con fuerza en Madrid, pero también en Barcelona, a raíz de la fragmentación política, la complejidad cada vez mayor de los procesos de decisión y el aumento de las crisis económicas y geopolíticas. ¿Qué hacen, sin embargo, estas empresas? ¿Es un sector profesionalizado? ¿Por qué es terreno propicio para expolíticos? El ARA ha hecho una radiografía de las principales empresas instaladas en el Estado, hablando conpersonas de dentro del sector, asociaciones profesionales, políticos y también expertos que señalan la falta de regulación como principal problema.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha admitido hoy que Barcelona necesita "al menos cinco o seis estaciones e intercambiadores" de autobuses para poder hacer frente a la fuerte demanda que vive el sector en los últimos años, y más especialmente desde enero, cuando estalló la crisis de Cercanías. Lo ha dicho en un acto de la patronal del sector, la Fecav, que este martes ha presentado –junto con el Centre d'Estudis del Transport Terminus– el libro El autobús y el autocar en Cataluña, el primer ejemplar que recoge toda la historia del sector, escrito por el experto Joan Carles Salmerón. En el acto el secretario de Movilidad se ha dirigido al conjunto de empresarios, a quienes también ha puesto deberes.

La Generalitat de Cataluña, a través de Fira 2000, está negociando la compra de las oficinas del distrito administrativo de la Zona Franca a la compañía AXA, donde desde 2020 hay instalados diversos departamentos. Ya se han llevado a cabo tres reuniones, y muy pronto, en mayo, habrá un cuarto encuentro. Unas negociaciones que pretenden poner punto final a 11 años de sombras alrededor de esta operación promovida en 2015 por la propietaria de los terrenos de la Zona Franca, Fira 2000, una sociedad mercantil que tiene como socio mayoritario (53,6%) la Generalitat y que también está participada por los ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet y la Diputación de Barcelona.

Fue uno de los motivos que generó más avisos por parte de los maquinistas durante los momentos más fuertes de la crisis ferroviaria: el número de árboles caídos encima o muy cerca de las vías del tren ha obligado a Adif a talar 13.680 árboles entre los meses de enero y marzo. Los temporales de lluvia y viento Harry e Ingrid dejaron al descubierto la debilidad de la red ferroviaria catalana ante las inclemencias meteorológicas y esto se ve reflejado en las estadísticas de Adif. Del total de árboles talados durante este período, la gestora de la infraestructura arrancó 8.380 dentro de su plan de control de vegetación habitual y 5.300 árboles adicionales dentro del plan de emergencia por las borrascas. La zona más afectada fue la del trayecto Maçanet-Portbou, al norte del país.

Debían ser el gran revulsivo para empezar a notar mejoras en la red ferroviaria. Primero estaban previstos para 2025, después para 2026, pero los 110 trenes comprados y previstos para Cataluña aún no han llegado. Cuando lo hagan –el calendario oficial mantiene que llegarán este mismo año– irán a parar en gran parte a la red de Rodalies, una de las más afectadas por los retrasos y las incidencias, que aumentará en una cincuentena sus convoyes. Por contra, el servicio de Regionales, que en Cataluña funciona como una extensión de Rodalies, solo aumentará en seis trenes extra. Estos trenes, además, no llegarán de golpe. Según consta en el plan de Rodalies, se incorporarán gradualmente hasta 2030.

"En esta nueva etapa no pensamos que sea conveniente un gobierno de unidad catalana. Debemos consolidar las instituciones y acostumbrar el país a la presidencia de la Generalitat, pero ha llegado el momento de gobernar". Probablemente no imaginaba que lo haría durante 23 años consecutivos, pero al día siguiente de las elecciones de 1980, un triunfante Jordi Pujol ya comenzaba a visualizar que su principal misión tendría que ser la creación de la Catalunya autonómica. Este año hace 46 años desde que Pujol fue investido presidente y se da la curiosa circunstancia de que ya hace tantos años que no gobierna como los que pasó al frente de la Generalitat.

Los problemas se acumulan en la línea R2 Sur de Rodalies, en el Garraf, desde que comenzaron las obras de mantenimiento de los túneles, hace dos semanas. El plan alternativo de transporte que se diseñó para garantizar la circulación de trenes mientras duran los trabajos no está funcionando. ¿El motivo? Una parte de los maquinistas se ha plantado y rechaza trabajar con los nuevos horarios definidos por Renfe para este dispositivo, lo que ha dejado en papel mojado la nueva planificación horaria de los convoyes, que se debía rehacer porque ahora pasan por una única vía, a consecuencia de las obras. Desde el sindicato español de maquinistas Semaf alegan que la compañía no cumplió los plazos establecidos para avisar con suficiente antelación de los cambios.

El Govern reconoce que se filtraron por error 6.771 datos personales en las subvenciones de la base de datos de una página web que depende de la consejería de Economía y Finanzas. Según ha avanzado TV3 y ha confirmado el ARA de fuentes del departamento, este también habría sido el motivo de la inicial interrupción del servicio completo y posterior desaparición de un millón de registros de subvenciones de la Generalitat de manera súbita –que causó revuelo y una avalancha de especulaciones–, un hecho que se dio a conocer a raíz de la difusión masiva de una herramienta como Subvencions.cat, un buscador de las ayudas públicas creado por Gerard Giménez, que utilizaba datos de la Generalitat y que de un día para otro vio cómo había registros que desaparecían mientras el ejecutivo apuntaba de manera genérica a "un problema técnico", sin especificar.

El último Plan de Cercanías, el más actualizado, tiene casi 300 páginas. Es el documento donde se detallan todas las obras ferroviarias previstas desde ahora y hasta el 2030 para mejorar la red catalana: se explica en qué consisten, se especifica su coste y se calendarizan. Desde las obras más faraónicas, como la Sagrera, el desdoblamiento de la R3 o el soterramiento de Montcada, hasta otras mucho más pequeñas, rápidas e incluso baratas, pero que pueden ayudar mucho a mejorar la capacidad de la red.

Este lunes, 9 de marzo, se abre la convocatoria del Bo Alquiler Joven estatal, una ayuda de hasta 250 euros mensuales durante dos años destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas de hasta 35 años. Las solicitudes se pueden presentar a partir de las 9:00 de este lunes 9 de marzo y hasta el viernes 13 de marzo a las 14:00, y se otorgarán por orden de entrada hasta que se agote la partida presupuestaria.

La Generalitat comprará la mitad del edificio del Banco de España en la plaza Catalunya de Barcelona. La operación tendrá un coste de 58,4 millones de euros para las cuentas del gobierno catalán, a los que habrá que sumar 36,9 millones de euros más de rehabilitación antes de poder instalarse en él, según ha avanzado este viernes La Vanguardia.

Hay movimientos de fondo. Habitualmente, dicha sociedad civil catalana suele ser crítica desde el anonimato pero educada y posibilista frente al poder político. Pero esto parece estar cambiando un poco. En algunas reuniones y encuentros hay representantes empresariales que reclaman acción, cierta movilización para superar retos como los de la movilidad (Cercanías, por ejemplo), la transición verde y la reducción de la burocracia de la administración. Algunos están un poco hartos de quedar siempre bien y exigen a los políticos que trabajen más por los intereses del país y menos por los del propio partido o el de algunos de sus líderes.