En 2026 se estrena con nuevos fichajes en las empresas catalanas, entre los que aparecen dos viejas conocidas de la política de nuestro país. La exministra y expresidenta del Congreso Meritxell Batet entra en el consejo de Sateliot y la exconsejera Àngels Chacón dirigirá la oficina de LLYC en Barcelona. También la filial de AstraZeneca en España e Iberia comienzan el año con nombramientos de mujeres directivas.

Curiosamente, esta semana las telecos han mirado a la política. Por un lado, Telefónica ha fichado al expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, para su consejo de administración. Un fichaje polémico, puesto que llega en plena negociación de un ERE. Por otra parte, Sateliot llamó la puerta de la socialista Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados entre 2019 y 2023, anteriormente ministra de Función Pública (2018-2019) y actualmente presidenta del Consejo Nacional del PSC. Aparte, el Eurogrupo estrena presidencia y Oriol Oró deja la dirección de Fira de Lleida después de 18 años. Estos son los fichajes más destacados de la semana:

Meritxell Batet, líder del PSC por Barcelona en el Congreso, ha presentado este miércoles su renuncia como diputada, según ha podido saber el ARA. En el escrito en el que hace constar su dimisión, se limita a manifestar su "agradecimiento a los servicios de la cámara por los cuidados recibidos". "Han sido 19 años intensos como diputada del Congreso, ministra del gobierno de España y presidenta del Congreso. Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he dedicado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo vaya donde vaya", ha explicado en un tuit. Según fuentes del PSC, mantendrá los cargos orgánicos –es vicesecretaria primera del partido– y el escaño será ahora para Ignasi Coma Conesa.

Salvador Illa y Meritxell Batet llamaron al voto casi hasta el cierre de los colegios electorales. "Hay mucho en juego", urgió a las puertas de la sede el primer secretario del partido, antes de encerrarse a seguir el escrutinio. La cabeza de lista por Barcelona en el Congreso era Batet, pero se han repartido el rol protagonista durante toda la campaña. Pedro Sánchez confiaba en la buena estrella de Illa para remontar desde Cataluña un pronóstico adverso al conjunto del Estado. El PSC ha cumplido y se ha impuesto como primera fuerza con 19 escaños ya 13 de distancia del PP, que se queda en 6. Los llamamientos al voto útil contra la derecha han convencido al electorado y el partido se ha alzado con una victoria incontestable, que permitirá a Sánchez competir por el gobierno.

Los fachas con acta de diputado volvieron a montar una tangana en el Congreso cuando Irene Montero señaló que dos campañas de los gobiernos del PP, en Galicia y en Madrid, fomentan la cultura de la violación.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha cortado al diputado de la CUP Albert Botran por hablar en catalán en el Congreso durante su intervención en el debate sobre la proposición de ley del PP para crear una alta inspección educativa que sirva para garantizar la enseñanza del castellano en las aulas. Batet ha amenazado con expulsar a Botran de la tribuna porque desobedecía la instrucción de utilizar el castellano en la cámara -en el Congreso no se puede intervenir utilizando las lenguas cooficiales, sino que solo se pueden hacer las intervenciones en castellano- y le ha apagado el micrófono. Botran ha tenido que bajar de la tribuna. El independentismo en bloque ha cargado contra la iniciativa de los populares y de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a hacer el 25% de las clases en castellano.

La reforma laboral se ha aprobado en el Congreso de milagro, con un añadido de poesía y confusión. De hecho, la mesa está estudiando un error con el voto de un diputado del PP, partido artífice del marco laboral que ahora se modifica, que ha permitido que salga adelante el real decreto. Por si no había habido suficiente intriga en los últimos días, durante el recuento han saltado todas las alarmas. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha anunciado que el decreto quedaba derogado, a pesar de anunciar una votación ajustadíssima de 175 votos a favor y 174 en contra. Las caras del presidente, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz han sido un poema durante unos momentos. La bancada de la derecha lo ha celebrado, pero instantes después Batet ha corregido: "Los servicios de la cámara me informan de que queda convalidado el real decreto". Se ha levantado la sesión con gritos de "tongo, tongo" de la bancada de la derecha.

Que PSOE y Unidas Podemos hicieran un gobierno de coalición supuso un hecho inédito en la democracia española y comportó también una situación singular en el Congreso: que la presidencia la ostente una política de un partido que no representa a la totalidad del ejecutivo. Este hecho se ha notado especialmente en las últimas semanas, cuando Unidas Podemos ha llegado a amenazar con una querella contra Meritxell Batet por haber retirado el escaño al ex diputado Alberto Rodríguez, pero ya hace tiempo que desde este sector también se la critica por la permisividad con la que entienden que actúa con PP y Vox en el hemiciclo. Más normal es que las críticas contra Batet también se acumulen entre los partidos que se oponen frontalmente al gobierno español, como son precisamente PP y Vox.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha caído en una trampa. O ha picado el anzuelo. Manuel Marchena será mucho Manuel Marchena presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero Batet tenía que ser fuerte y tenía la información para saber que no debía picar. ¿Por qué? Porque nadie le exigió u ordenó quitar el acta del diputado Alberto Rodríguez. En ningún sitio del fallo de la Tribunal Supremo dice que tenga que privársele de su condición de diputado.  

La presidenta del Congreso de los Diputados; Mertixell Batet, ha caído en una trampa. O ha picado el anzuelo. Manuel Marchena será mucho Manuel Marchena presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero Batet tenía que ser fuerte y tenía la información para saber que no debía pìcar. ¿Por qué?  Porque nadie le exigió u ordenó quitar el acta del diputado Alberto Rodríguez.  Es que en ningún sitio del fallo del Tribunal Supremo dice que tenga que privársele de su condición de diputado.  

El choque entre el Tribunal Supremo y el Congreso por la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha pasado a ser ahora una guerra entre socios de gobierno. La ley de vivienda, los mismos presupuestos o ahora también la reforma laboral habían aireado las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos, pero el verdadero conflicto que pone al límite el gobierno de coalición ha llegado a raíz de una decisión judicial. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido esta tarde dejar finalmente sin acta a Alberto Rodríguez, después de que el presidente de la sala penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, le recordara esta mañana que la inhabilitación mantenía "la vigencia" a pesar de haber conmutado la pena de 45 días de cárcel por una multa. La decisión de Batet ha enervado a Unidas Podemos, que pocas horas después anunció que Alberto Rodríguez presentará una querella por prevaricación contra la presidenta de la cámara baja y ha abierto así un conflicto grave con el partido con el que comparte gobierno.

Esta semana se ha producido un hecho inédito hasta ahora en el Tribunal Constitucional. Un magistrado conservador ha decidido retirar su propia ponencia para evitar que saliera adelante, puesto que había conseguido solo los votos de los magistrados progresistas y, por lo tanto, suponía la derrota de sus compañeros de la derecha. Lo explica Ernesto Ekaizer en su crónica. Es un nuevo episodio que demuestra hasta qué punto el Partido Popular y Vox controlan los principales órganos de la judicatura y están consiguiendo que la derecha y la ultraderecha puedan imponer su ideología por encima de la mayoría parlamentaria.

La inminente derrota de la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional sobre un recurso de amparo de Vox contra la mesa del Congreso el pasado miércoles y jueves, días 15 y 16 de septiembre, llevó al ponente, el magistrado Antonio Narváez, que proponía desestimarlo, a reconsiderar su proyecto y sumarse a sus otros cuatro colegas para intentar formar mayoría a favor de la estimación en el pleno de octubre.