La ley del audiovisual ha colgado de un hilo hasta el último momento y será finalmente el PP quien la acabará salvando. Los populares se abstendrán, según confirman fuentes populares, y permitirán que salga adelante una ley que PSOE y ERC pactaron que se aprobaría con los socios de investidura. Fue, de hecho, la moneda de cambio del apoyo de los republicanos a los presupuestos. Pero el bloque de izquierdas del Congreso se ha replanteado su apoyo a la normativa en las últimas horas por la enmienda que los socialistas introdujeron a última hora: el dictamen que se aprobó la semana pasada en comisión cambiaba la definición de productor independiente. En las últimas horas, la presión de ERC, EH Bildu y también de Unidas Podemos ha ido in crescendo para que el PSOE rectificara, pero no han retirado la enmienda. Los republicanos se han debatido en las últimas horas entre la abstención y el voto en contra, y se han acabado decantando por el no, como EH Bildu.

ERC y el PSOE han desencallado finalmente un acuerdo por la ley del audiovisual que también incluye el sí definitivo de los republicanos a los presupuestos. "ERC garantiza el catalán en la ley del audiovisual y facilita la aprobación de los presupuestos del Estado para dar un impulso al proceso de negociación", han informado los republicanos en un breve comunicado.

El gobierno español y Esquerra se adentran en una negociación discreta para desencallar la ley del audiovisual antes de que se aprueben los presupuestos en el Senado. Los republicanos son conscientes de que su fuerza negociadora es más alta ahora que una vez las cuentas hayan acabado su recorrido parlamentario y así lo ha verbalizado su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. "A nadie se le escapa", ha subrayado. Desde el PSOE, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha apostado por encontrar un "equilibrio" entre el proyecto de ley actual y las exigencias de ERC de fijar una cuota del 6% de producciones en lenguas cooficiales para las plataformas extranjeras.

ERC tiene exactamente una semana para decidir si presenta o no una enmienda a la totalidad a los presupuestos del Estado y las posiciones con el PSOE siguen por ahora muy alejadas, según remarcan los republicanos en cada ocasión. Las condiciones que ponen encima de la mesa -al menos públicamente- para dar luz verde a las cuentas son varias y a menudo poco concretas, como es el caso de los adelantos en la mesa de diálogo o las garantías de ejecución de las inversiones previstas en Catalunya. Hay otras que, en cambio, son más claras. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este viernes una de ellas: reflejar la "protección" del catalán en la nueva ley del audiovisual española, una demanda que no garantiza el borrador con el que trabaja la Moncloa. A pesar de dejar claro que no son cuestiones "directamente vinculadas", el president ha reclamado un "acuerdo favorable" en este sentido para poder "encarar" el debate de las cuentas. "Es importante que esta cuestión se desbloquee antes de la tramitación de los presupuestos", ha sentenciado.

El audiovisual catalán es una línea roja que, como la escuela catalana, no se toca. Este fue el mensaje principal del acto organizado este martes por Òmnium Cultural para defender la industria audiovisual catalana, una respuesta al anteproyecto de ley impulsado por el estado español que, entre otras cosas, no prevé un porcentaje mínimo de producción en catalán o las otras lenguas cooficiales para las plataformas de streaming. “Estamos ante un momento muy crítico para el catalán y por eso lanzamos un grito de alerta máxima. Estamos decididos a transformar este nuevo ataque en una oportunidad”, aseguró Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, en su intervención. En un discurso combativo, Cuixart señaló que la ley audiovisual española quiere ser “la estocada definitiva al catalán”.

Superada la controversia por el aeropuerto de El Prat con la paralización de la inversión, la nueva ley de la audiovisual española emerge como el nuevo punto de tensión entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. El conflicto está en el hecho de que el ejecutivo español no prevé en la normativa una protección específica para el catalán, y esto ha hecho saltar todas las alarmas en Catalunya. Con estos ingredientes, ERC y Unidas Podemos han establecido en los últimos días varias vías de presión a la Moncloa para que rectifique. Se salvó la primera pelota de partido evitando que el martes se tramitara la ley en el consejo de ministros, pero el desenlace sigue siendo incierto.