Alquilar un piso sigue siendo un infierno (como también comprarlo, sin duda). Lo sabe todo el mundo y es profecía, que diría el poeta. Los intentos de frenar los precios están empezando a funcionar, pero a medias. Y con disfunciones. Es más que probable que sin topes y zonas tensionadas fuera peor. Pero la mejora es ligera y presenta contradicciones. Hoy explicamos una que hasta ahora ha pasado desapercibida, por poco evidente, y que muestra la complejidad de la situación a la hora de que los precios efectivamente bajen o, al menos, no suban.

"Quieren hacer negocio y quisieran que todo fuera discreto. Pero yo pienso que el resto de ciudadanos deben saber qué está pasando aquí". Josep Torrent, de 49 años, se ha convertido en el primer vecino del ya mítico edificio del Eixample, la Casa Orsola, que tiene fecha de desahucio. Este profesor de matemáticas lleva 22 años viviendo en el blog y nunca había participado en el activismo por una vivienda digna. Pero ahora le ha "tocado". "Prefiero no pensar en ello, no imaginármelo. Pero, si vienen, el 31 de enero me encontrarán en mi casa sin oponer resistencia, pero con el apoyo de entidades, las vecinas y el sindicato", asegura. La suya será, pues, la primera expulsión por la fuerza después de tres años de lucha vecinal en este bloque. Josep será el primer desahuciado pero no el primero que se marcha. Antes de que él, asegura, muchos vecinos se han marchado a regañadientes porque no les han renovado el alquiler y no se han visto con corazón de luchar: son las llamadas expulsiones invisibles.

El clamor por el derecho a la vivienda no había logrado hasta ahora movilizar a tanta gente en Catalunya. Decenas de miles de personas –22.000 según la Guardia Urbana y 170.000 según el Sindicato de Inquilinos– de todo el territorio, organizadas en más de 30 columnas de todo el país, se han encontrado en la plaza Universidad de Barcelona a las cinco de la tarde de este sábado y han seguido caminando hasta la plaza de Sants bajo el lema "¡Se acabó!", entre cánticos de "No se entiende: gente sin casas y casas sin gente" o "Ya se acerca la huelga de alquileres". Fue "la manifestación más multitudinaria por el derecho a la vivienda de la historia reciente del país, más de 170.000 personas, diga lo que diga la Guardia Urbana", aseguraron desde el Sindicato de Alquiladoras, organizadores de la movilización.

¿Qué le queda a la gente al final, cuando la vida se hace imposible? Hecharlo tot por la borda y tomarse la justicia por su cuenta? Una salida que tarde o temprano te puede enviar a la marginalidad. No es recomendable como solución individual. ¿Y como protesta colectiva? A veces ocurrió.

En el bloque número 22 de la calle General Lacy de Madrid, en el barrio de Arganzuela y junto a la estación de trenes de Puerta de Atocha - Almudena Grandes, un grupo de vecinos han preparado pancartas como las que tienen colgadas en la fachada del edificio: "No marcharemos", "Nos quedamos", dicen. La intención es llevarlas a la manifestación de que más de una treintena de colectivos, entre ellos el Sindicato de Alquiladoras, han convocado para este domingo a la capital española bajo el lema "Se acabó. Bajamos los alquileres ". "Creo que será un punto de inflexión", reflexiona Santiago, uno de los inquilinos del blog, que recibe el ARA en su casa. Él y otros vecinos del edificio han quedado para salir juntos hacia la marcha que arrancará en el centro de la ciudad.

Juntos votó contra la regulación de los alquileres de temporada. Lo hizo a última hora, porque había anunciado que se abstendría en la votación, y lo hizo junto a PP y Vox. Se trataba de cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos, a partir de una propuesta que ha pensado el Sindicato de Inquilinos y había presentado Sumar. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, justificó el voto en contra argumentando invasión de competencias de la Generalitat y diciendo que regular los alquileres es ineficaz para bajar los precios. Pero ese voto en contra ha hecho mucho ruido. Mucho. Para empezar, le provocó una protesta del Sindicato de Alquiladoras en la puerta de la sede de Junts con gritos como “Míriam Nogueras desahucia inquilinos” o “PP, Convergència, no hay diferencia”. Esto, en la calle. En el Congreso, Gabriel Rufián, siempre interesado en remarcar que ante todo Esquerra Republicana es de izquierdas, hizo la frase del día: “Pues hay un fantasma que recorre este hemiciclo. Es el fantasma de la derecha y la ultraderecha, un bloque nuevo que se está conformando. PP, Vox y Junts”.

El gobierno español moverá ficha en los próximos meses para intentar frenar el fraude con los alquileres de temporada, uno de los agujeros que no cubrió la ley estatal de vivienda. En el año previo a su entrada en vigor, esta modalidad contractual creció un 17% en Barcelona, llegar a suponer el 40% de los anuncios en uno de sus barrios más gentrificados, el de la Barceloneta. Algunos propietarios utilizan esta vía para evitar las limitaciones que tendrían si optaran por realizar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y, de este modo, sacar un rendimiento económico superior. "Es un fenómeno que está tensando el alquiler residencial y que provoca un incremento de precios, al igual que ocurre con los alojamientos turísticos", ha constatado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo que se puso en marcha hace medio año para abordar este tipo de alquiler, tal y como preveía la citada ley.

Hay un famoso cartel del Servicio de Propaganda de la Generalidad republicana durante la Guerra Civil con el lema en catalán "Feu tancs!" ("Haced tanques!"). Lo dibujó Martí Bas. Debajo, remachaba: "Son los vehículos de la victoria". La industria de guerra, por cierto pilotada por el entonces consejero Josep Tarradellas, hombre fuerte del gobierno Companys, movilizó a muchas fábricas requisadas. A la emergencia de la guerra se respondió con una acción pública contundente, con implicación privada forzada (y polémica, claro está). En cualquier caso, se actuó con decisión. Ya entonces Tarradellas demostró ser un político de raza con espíritu de servicio y pragmático. ¡Cómo se echa de menos esta tipología de político!

El pasado agosto el Govern ya declaró 140 municipios como zonas de mercado residencial tensionado, lo que permite regular el precio del alquiler y limitarlo. Ahora el departamento de Territori ha iniciado los trámites para ampliar la lista añadiendo otros 131, hasta los 271 municipios, donde viven más de siete millones de personas, el 90% de la población de Catalunya.

El 16 de marzo entraron en vigor los topes de los precios de los contratos de alquiler de vivienda habitual en los 140 municipios declarados de mercado residencial tensionado en Cataluña. Pese a que los inquilinos han aplaudido que por fin se ponga freno a los precios de sus alquileres y así se evite, sobre todo, que puedan subirles los alquileres a la renovación de sus contratos, son muchos los detractores que siguen defendiendo que el mercado no es debe intervenir, y que auguran una caída de la oferta. Es evidente que con las políticas de vivienda llevadas a cabo hasta ahora no se ha logrado destensionar el mercado ni aumentar la oferta de vivienda. Además, hemos visto que es un mercado que, habiendo estado libre todos estos años, no ha logrado equilibrarse por sí mismo, como también se ha visto en todos los países europeos que están imponiendo este tipo de medidas. Ahora bien, está claro que los topes de precios no son un remedio milagroso que va a solucionar en tres años –es el límite inicial de tiempo de las medidas implantadas– lo que no se ha solucionado en décadas. Y lo que está aún más claro es que no se pueden buscar soluciones sencillas a problemas complejos.

El ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por fin ha hecho público el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, que se puede consultar en el enlace https://serpavi.mivau.gob.es/. Ahora se abre un período de diez días en los que se pueden presentar alegaciones y enmiendas antes de su publicación en el BOE, que se ha anunciado para el 13 de marzo.

Ha sido una de las leyes de la legislatura más difícil de desbloquear, pero finalmente este miércoles ha llegado el visto bueno definitivo. El Senado ha aprobado la ley de vivienda estatal. La norma ha acabado el trámite sin ninguna modificación importante respecto a la votación en el Congreso de Diputados, donde se convalidó después de un acuerdo entre el gobierno español y dos de sus socios habituales: ERC y EH Bildu.

Revés judicial del Tribunal Constitucional (TC) a las familias que viven de alquiler en Catalunya. El alto tribunal ha hecho oficial que tumba hasta siete artículos de la ley catalana que regula (y limita) el precio de los alquileres, la ley 11/2020. En el pleno de ayer los magistrados decidieron resolver, a favor del PP, el recurso de inconstitucionalidad que presentó el partido contra esta norma. Así lo avanzaba este mediodía El Periódico y posteriormente lo ha confirmado el Sindicat de Llogateres, que se ha afanado a decir que la sentencia "beneficia al grupo de presión inmobiliario". La resolución oficial del TC que confirma la anulación de la norma, sin embargo, no se ha hecho pública hasta esta tarde. "A efectos prácticos, parte de la ley queda tumbada en el momento en el que se hace pública la resolución del TC", corroboran los portavoces del sindicato, que fue el impulsor de la norma.

Este martes verán la luz una batería de medidas en materia habitacional. A pesar de que el proyecto estrella, la ley de vivienda estatal, todavía tendrá que esperar unos días para llegar a la segunda vuelta en el consejo de ministros, después de que el CGPJ no aprobara el primer informe sobre la normativa, el ejecutivo ha aprobado dos otros paquetes para facilitar el acceso a la vivienda, en especial a la población joven: el bono joven del alquiler y el plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025, dotado con 1.700 millones de euros.

Cuando decidieron compartir piso, Ramon, Esteve y Jordi tenían un máximo de gasto en concepto de alquiler. Calcularon que, con el sueldo que cobraba cada uno, no podía superar los 1.200 euros. "Encontramos un piso que nos encajaba y nos gustaba, y decidimos seguir adelante", explica Ramon. La sorpresa para estos tres jóvenes de entre 27 y 30 años llegó después, cuando, con el contrato en la mano, se dieron cuenta de que transgredia varios puntos de la ley actual de regulación de los alquileres. Lejos de aceptar las condiciones propuestas -fuera de la ley-, los jóvenes, que están afiliados al Sindicat de Llogaters, decidieron hacer frente a la propiedad y su caso se ha acabado convirtiendo en la primera sanción del Ayuntamiento de Barcelona a unos propietarios por no cumplir la norma.

Han pasado casi 15 años desde el inicio de la crisis financiera de 2008, que en España comportó el estallido de la burbuja inmobiliaria. A pesar de que la crisis del coronavirus lo ha dejado en una especie de segundo plano, para muchos ciudadanos continúa presente, en especial para aquellos que vivieron sus efectos de cerca o desde dentro de las administraciones donde se tomaban decisiones, como es el caso del economista Alejandro Inurrieta.