El catedrático de sociolingüística de la UOC Joan Pujolar (Olot, 1964) es uno de los grandes especialistas en la construcción de la identidad a través de la lengua. En los últimos años ha centrado su investigación en los nuevos hablantes de catalán: quiénes son, cómo mudan de lengua, por qué y qué reconocimiento reciben de la comunidad. El sábado 25 de octubre participará en el seminario Semicírculos que organiza la Plataforma por la Lengua con una oportuna ponencia sobre El catalán, la inmigración y la cohesión social.

Las sospechas sobre la voluntad real del Partido Popular de implementar la literalidad de la nueva ley educativa si el resultado no favorecía algunos de sus posicionamientos comienzan a tomar forma. Así se desprende al menos de la circular enviada por la conselleria de Educación a los centros de enseñanza en la que da instrucciones sobre cómo deben aplicarse los resultados de la consulta sobre la lengua en las aulas que se hizo hace unas semanas.

Debates encendidos en las redes, cartas de queja de antiguos alumnos y algunos reproches. El PP y Vox han logrado que el impulso de la doble denominación bilingüe de la ciudad de Valencia haya generado una nueva polémica entre las diferentes sensibilidades del valencianismo político y, de paso, reforzar las tesis de los populares que acusan a las universidades y la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) de impulsar un modelo de lengua alejado de lo que utilizan los ciudadanos.

La demanda de estudiar en valenciano crece de "forma espectacular" y supera en mucho la oferta de la red pública y concertada. Ésta es la principal conclusión del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV) que ha comparado los datos de la consulta sobre la lengua en las aulas de la conselleria de Educación con las de los informes publicados por el propio sindicato antes de la entrada en vigor del modelo plurilingüe aprobado en 2018 y ahora derogado.

Un mayor debilitamiento de la enseñanza en catalán que se sumará al retroceso de su uso social. Es la consecuencia de que muchos ciudadanos temen que tenga la consulta sobre la lengua vehicular en las aulas que se inicia este martes en la Comunidad Valenciana y que se cerrará el próximo 4 de marzo. La iniciativa ha sido impulsada por el PP y Vox, que defienden que la votación dará "libertad" a las familias y conseguirá que la lengua "deje de estar impuesta". Unos argumentos que no han convencido a la mayoría de asociaciones de progenitores, docentes y activistas. "Disfrazan de libertad lo que es una persecución. Lo que pretenden es un genocidio lingüístico", alerta la presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó.

Devolver a los nombres castellanos a todos los municipios de España. Es uno de los hitos que hace tiempo que se marcó Vox, que sigue insistiendo con iniciativas como la que recientemente intentó aprobar en el Congreso de los Diputados. Hasta ahora, la mayoría plurinacional –y la abstención del PP– siempre le ha detenido los pies, pero la extrema derecha no desfallece. La última iniciativa pretendía que Catalunya y Galicia imitaran el camino de la Comunidad Valenciana o Navarra, que tienen la doble toponimia. Vox presentó, en mayo del 2024, una segunda la proposición en la que dicen que la toponimia se ha convertido en un "campo de batalla" y una "herramienta para construir discursos con fines políticos". Por eso pedían una regulación de las leyes estatales que "han borrado del ordenamiento jurídico topónimos castellanos de amplio uso como Gerona u Orense". En el texto, los ultras afirmaban que "este intento de aniquilación de la lengua" va en contra del artículo 3 de la Constitución española. En este sentido, ¿la toponimia en lenguas vernáculas va en contra de la carta magna?

Los intentos de convertir la escuela en campo de batalla de la lengua llevan años durando. Entidades minoritarias, apoyadas por el nacionalismo español de la derecha y la extrema derecha, han logrado judicializar y envenenar el debate. Sembraron la semilla del enfrentamiento. Sin embargo, hay que decir que en la práctica han tenido un seguimiento social exiguo. Porque la realidad es la que es y, por muchas distorsiones mediáticas que se difundan, la lengua socialmente débil, especialmente entre los jóvenes, es el catalán. Por tanto, es la que necesita un impulso especial, una discriminación positiva que dio pie a los inicios del autogobierno al pacto por la inmersión lingüística basado en la idea de hacerla lengua vehicular prioritaria de la enseñanza, necesidad que no sólo permanece, sino que incluso hoy es más imperativa que hace cuarenta años.

Un informe del flamante Departamento de Política Lingüística hecho público por el Govern, constata, como un informe médico, que el uso social del catalán ha pasado entre 2003 y 2018 del 49% al 41%, explica esta situación preocupante –que no apocalíptica– porque en escenarios plurilingües los usos se decantan progresivamente hacia la lengua más poderosa. En nuestro país esto es una realidad muy elocuente, vista la preponderancia del castellano, en gran parte debido al fenómeno migratorio, aunque no se pueda menospreciar el número de hablantes no nativos. Sin embargo, no hace falta decir que la situación en el Principado es comparativamente mejor que en otras zonas del dominio lingüístico porque el conocimiento, uso y adhesión a la lengua son mayores y la protección legal y las políticas de fomento, más vigorosas.

El catalán no puede esperar. Y si hablamos del catalán y los jóvenes, menos. Cada hablante que se pierde o no se gana antes de los 20 años es alguien que difícilmente se va a recuperar. Los datos son claros: el uso como lengua habitual entre los de 15 y 34 años ha caído en 15 años a un ritmo de un punto por año a favor del castellano y otras lenguas (del 43% en 2007 al 25% el 2022). Durante décadas se pusieron las esperanzas de recuperación del idioma, que salía minorizado del franquismo, en niños y adolescentes gracias a la escuela –con la inmersión– ya la televisión. Pese a los límites evidentes en otros terrenos (por ejemplo, en los cines), se trabajó y se adelantó. Hasta que la fórmula se agotó a finales de siglo. La explosión del mundo audiovisual (primero con las telas privadas y después con internet, las plataformas y las redes sociales) ha perjudicado al catalán y ha tenido un efecto directo en el mundo infantil y juvenil. La crisis educativa, y en concreto la relajación de la inmersión, combatida política y judicialmente, también ha debilitado el papel de la escuela como factor de implantación de la lengua histórica del país. Ha habido otros factores: se ha asociado el catalán al independentismo (lo que le ha marcado políticamente) y la llegada de población foránea ha supuesto un reto no siempre fácil de abordar.

Al día siguiente de que el PP y Vox anunciaran su disposición a hacer suyos el espíritu y la letra de la iniciativa legislativa popular (ILP) de la entidad Hablamos Español, que reclama eximir al alumnado de la obligatoriedad del aprendizaje en valenciano y convertir esta opción en voluntaria, ambas formaciones han presentado su futura ley. Se trata de una norma que se queda a medio camino entre el modelo defendido el miércoles en Les Corts y el avanzado en diciembre, cuando el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, afirmó que serían las familias las queelegirían la lengua vehicular de cada centro.

Safia tiene 36 años y hace 24 que vino de Pakistán. Con 12 años llegó al Raval y no se ha movido: aquí estudió en el Institut Miquel Tarradell, aquí ha construido una familia con dos hijos y aquí trabaja, en un bar de la calle Joaquín Costa donde nos vemos prácticamente todos los días. Siempre intenta responderme en catalán. "¡Pero qué bien hablas catalán!", le espeta un cliente habitual que nos ha oído, sorprendido, porque él cada día le pide el café con leche en castellano. "Me gustaría que me hablaran más el catalán", comenta ella. Es la forma en que la ha empezado a hablar: con los clientes y con los hijos.

El Partido Popular y Vox han dado marcha atrás en su iniciativa para que el conocimiento del catalán sea menos valorado que el dominio de los idiomas extranjeros de la Unión Europea (UE) para trabajar en la sanidad pública valenciana. La rectificación la ha adelantado el diario digital Valencia Plaza y le han confirmado al ARA fuentes presentes en las reuniones entre los dirigentes de la conselleria de Sanitat y los representantes de los trabajadores que estos días negocian la futura norma.

El gobierno valenciano pretende que sean las familias y no el consejo escolar quienes elijan la lengua vehicular de cada centro. Así lo avanzó en una entrevista concedida a la agencia Europa Press el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien detalló que la conselleria cuenta con un borrador "muy avanzado" de la que será la nueva ley de plurilingüismo, que será tramitada por Les Corts durante los próximos meses. La norma ahora vigente estableceun mínimo de un 25% de horas lectivas en catalán y castellano y entre un 15% y un 25% en inglés.

Las vulneraciones de los derechos lingüísticos en el País Valencià han aumentado casi un 10%. Esto es lo que denuncia el informe Derechos Lingüísticos 2023 que han elaborado 15 organizaciones cívicas y sindicales y que han entregado este lunes a la Sindicatura de Greuges.

Entidades como Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua, El Tempir o Intersindical Valenciana han celebrado esta semana el 40 aniversario de la ley de uso y enseñanza del valenciano (LUEV), que se aprobó el 23 de noviembre de 1983. Las asociaciones han aprovechado los diferentes actos, que se completarán este domingo por la mañana en el colegio Joaquim Sorolla de Alicante, con una jornada festiva, para hacer balance de la norma y señalar los avances logrados, pero también las carencias.

"Conciliar la realidad filológica con la realidad legal y sociológica valenciana". Éste fue el objetivo con el que en 2005 la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) propuso el uso de la denominación catalán-valenciano que el lunes el PSPV reivindicó para frenar la estrategia secesionista de PP y Vox, que la semana pasada se reclamaron que el valenciano cuente con lo mismo "estatus de oficialidad" que el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones españolas y europeas.

La Generalitat de Catalunya está diseñando una nueva campaña de promoción de la lengua que lanzará este otoño. Se trata de una iniciativa que tiene la voluntad de ser histórica, masiva e icónica, al estilo de las campañas de normalización que popularizaron Norma y Queta. El lema y la imagen están en manos de una agencia de comunicación. Desde la conselleria de Cultura se han diseñado los pilares: será una campaña “de valores, en positivo, despolitizada”, que quiere mejorar el uso social de la lengua y, por lo tanto, apelará a la población que la conoce pero no la utiliza habitualmente en la vida diaria. Es decir, los catalanoparlantes que cambian de idioma y los hablantes otras lenguas que lo conocen pero no lo usan en sus entornos. 

Una empleada de la Diputación de Alicante se ha mostrado incapaz de entender a una trabajadora de un ayuntamiento de la comarca valenciana de la Marina Alta para expresarse en catalán en una conversación telefónica y lo ha justificado por su procedencia. "Soy de Madrid y no sé valenciano". Así lo ha denunciado la Plataforma per la Llengua, que ha difundido los audios grabados por la empleada, que habría telefoneado a la Oficina Provincial de Fondos Europeos para gestionar unas subvenciones. La entidad lingüística no ha facilitado el nombre del municipio afectado para salvaguardar el anonimato de la trabajadora.

Lejos de los tribunales que emiten sentencias que imponen un 25% de castellano en la escuela y de los despachos de políticos que hacen y deshacen acuerdos sobre la lengua, escuelas e institutos intentan seguir con el día a día y protegerse del temporal judicial y político que tienen encima, y que amenaza con hacerse cada vez más grande. Los directores de los centros educativos, resignados ante la trifulca política constante sobre el modelo lingüístico en la escuela, avisan que reclamar un porcentaje concreto es "antipedagógico", defienden la inmersión como la mejor metodología y, en general, avalan el pacto a cuatro bandas anunciado el jueves. Y, en un aviso para navegantes, piden a las administraciones que no dejen solos a los maestros y profesores, y que piensen más en los alumnos.

Para empezar a hablar de la situación del catalán, lo primero son datos, ya partir de aquí, un análisis objetivo y sereno de la situación sociolingüística. El estudio recién presentado en el marco del Pacto Nacional por la Lengua, elaborado por siete expertos, va en esta línea. Si no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es la situación, difícilmente conseguiremos consensuar el camino para hacer que el idioma avance. ¿Cuál es el panorama? De esta radiografía se desprende que el catalán no sufre una amenaza inmediata, pero sí una realidad complicada de retroceso y minorización. A la salida del franquismo, sin medios de comunicación de masas y con gran número de nuevos ciudadanos, la situación también era difícil. Pero en ese momento, el catalán se asoció a la lucha por la democracia y la libertad, y de rebote fue también sinónimo de progreso social: solo así se explica que ciudadanos castellanohablantes fueran el embrión de la normalización lingüística en la escuela. Querían la integración plena y, por ejemplo, que sus hijos tuvieran también la oportunidad de trabajar en la nueva administración de la Generalitat y los ayuntamientos democráticos.