Sociedad

El gobierno valenciano quiere dejar en manos de las familias la elección de la lengua vehicular en cada escuela

El sindicato de docentes acusa al Partido Popular y Vox de perseguir la "anihilación" del catalán en el sistema educativo

El secretario autonómico de Educació, Daniel McEvoy, durante un momento de la entrevista.

ValenciaEl gobierno valenciano pretende que sean las familias y no el consejo escolar quienes elijan la lengua vehicular de cada centro. Así lo avanzó en una entrevista concedida a la agencia Europa Press el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, quien detalló que la conselleria cuenta con un borrador "muy avanzado" de la que será la nueva ley de plurilingüismo, que será tramitada por Les Corts durante los próximos meses. La norma ahora vigente estableceun mínimo de un 25% de horas lectivas en catalán y castellano y entre un 15% y un 25% en inglés.

El proyecto prevé hacer "una consulta" telemática a las familias del alumnado de primaria y secundaria sobre la "lengua base" en la que deben impartirse las materias troncales, reservando un mínimo del 25% de la docencia para el otro idioma cooficial y un porcentaje aún por definir para una lengua extranjera. Las familias que participarían en el proceso serían las de los estudiantes que accedan por primera vez al sistema educativo. Sin embargo, y en el primer año de aplicación de la norma, también se estudia preguntar a "todas las familias" del centro.

Aunque McEvoy no ha detallado el nuevo modelo, éste no se aplicaría íntegramente en los municipios de ocho comarcas donde históricamente el catalán no ha estado presente o lo ha estado residualmente. Se trata de la Vega Baja en la provincia de Alicante; de la Plana de Utiel, el Rincón, la Hoya de Buñol, el Valle de Cofrentes, los Serranos y la Canal de Navarrés en la de Valencia, y del Alto Palancia en la de Castellón. En estas localidades, la lengua vehicular sería siempre el castellano y únicamente se estudiará la asignatura de valenciano si el alumnado lo solicita. Se aplicaría, así, una excepción prevista por la ley de educación del año 1983, todavía vigente. De hecho, esta excepcionalidad ya ha sido aprobada en el anteproyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat de 2024 –conocida popularmente como la ley de acompañamiento en los presupuestos.

Al preguntarle por la negativa del PP y Vox a que la lengua vehicular sea definida por un proyecto lingüístico, el secretario autonómico enfatizó que ambos partidos prefieren que "la libertad de elección sea de los padres y madres de los alumnos ". "En el Consejo Escolar la representación es paritaria y no equilibrada entre familias, profesores y alumnos. Entonces, lo que queremos es que sean las familias las que elijan de la misma manera que lo hizo, por ejemplo, con la jornada escolar la anterior gobierno", ha resumido McEvoy.

El alto cargo del departamento de Educación también ha detallado que el borrador incluye una serie de tablas que prevén distintos porcentajes en el uso de cada lengua. Además, también se ha diseñado un mecanismo de revisión y actualización del modelo escogido.

Por último, Daniel McEvoy ha subrayado que la Generalitat quiere "garantizar" y "fomentar" el aprendizaje del valenciano y que éste les resulte "amable y apetecible". Por eso, pondrá en marcha una certificación de los niveles adquiridos en las diferentes etapas. "Una lengua no se puede aprender por imposición, la lengua hay que protegerla y quererla, pero nunca se puede imponer y es la línea que nosotros seguimos", concluyó.

"Por qué no se deja a las familias elegir si el alumnado quiere estudiar matemáticas o castellano?"

La propuesta de la conselleria de Educación ha sido rechazada de forma "frontal" por los partidos de la oposición y por el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano (STEPV). Para los representantes de los docentes, el proyecto "persigue la aniquilación del valenciano en el sistema educativo". En este sentido, desde el STEPV afirman que justificar la modificación con el razonamiento de que "el valenciano es una lengua de imposición es un argumento maniqueo y totalmente absurdo pedagógicamente hablando". "El valenciano es una lengua oficial y debe recibir el mismo tratamiento que el castellano. Por eso, hablar de imposición es una falacia que sólo se usa en el caso del valenciano. ¿O es que el castellano y el inglés como lengua vehicular ¿no se impone igual que el valenciano?", han enfatizado desde el sindicato. Desde el STEPV han tildado de "irresponsable" que las familias puedan elegir la lengua vehicular del centro, "como no pueden elegir si se debe impartir matemáticas o geografía e historia".

Sobre el alumnado de las de ocho comarcas donde históricamente el catalán no ha estado presente o lo ha estado residualmente, el sindicato docente afirma que es "evidente que estas comarcas deben tener un tratamiento diferenciado respecto a la enseñanza en valenciano, pero fomentar que no se estudie el valenciano ni que se impartan asignaturas en valenciano es dar un tratamiento de ciudadanos de segunda a nuestro alumnado, ya que se limitan las oportunidades de trabajo futuras si no tienen conocimientos de nuestra lengua".

En cuanto a los colectivos que agrupan a las familias de los estudiantes, los AMPA, las opiniones están divididas, fundamentalmente, entre asociaciones de familiares de centros concertados, que están a favor, y las públicas, mucho más representativas, y entre las que hay a favor y d otros que aseguran que la conselleria cede ante los grupos de las presiones de los sectores más conservadores.

Mientras tanto los partidos de la oposición coinciden en rechazar el proyecto. Para el portavoz de Educación del PSPV en Les Corts, José Luis Lorenz, es "ridículo" que todo el trabajo realizado para elaborar el proyecto lingüístico de un centro educativo se pueda "modificar sin tener en cuenta la visión global pedagógica del centro del profesorado". En semejante línea, el portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, considera que la decisión de hacer "referéndums" para elegir la lengua base de cada centro educativo "esconde la verdadera intención de crear una guerra entre familias para reabrir la batalla lingüística ". Según Fullana, "no se trata de ningún mecanismo de libertad de elección, porque un 51% puede decidir por el 49%; por tanto, este referéndum entre las familias no garantiza ninguna libertad".

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