El gravamen extraordinario del gobierno español en el sector energético ha llegado este miércoles a su punto final. Sin embargo, ésta es la crónica de una muerte anunciada. A finales de diciembre, cuando el ejecutivo central aprobó prorrogarle para cumplir con las exigencias de los socios de izquierda –ERC, EH Bildu y el BNG–, no tenía garantizado el apoyo ni de Junts ni del PNV de cara a la su convalidación en el Congreso de los Diputados.

El gobierno español está ultimando un acuerdo con el PNV y Junts, dos de los grupos parlamentarios que ejercen de socios estratégicos a lo largo de la legislatura, para encarecer unos diez céntimos de media el precio del combustible diesel para igualarlo con el de la gasolina. Lo hace en el marco de las exigencias europeas para desbloquear un nuevo paquete de ayudas de unos 7.200 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

El impuesto por la recogida y el tratamiento de la basura, la tasa de residuos, subirá de media un 10% en los municipios del área metropolitana de Barcelona de cara al 2025. Lo ha confirmado este martes el consejo metropolitano de 'CON. Este gravamen, que para las familias se cobra incluido en la factura del agua, sirve para financiar el tratamiento del millón y medio de toneladas de basura que se generan, 600.000 de las cuales se recogen selectivamente.

La posible permanencia del impuesto extraordinario sobre las energéticas está levantando polvareda. De hecho, desde la puesta en marcha de este gravamen en 2022, en plena crisis de precios, la polémica ha sido constante por el rechazo del sector, que incluso ha llevado la batalla a los tribunales (no sólo pide que se anule el tributo, sino que reclama la devolución de lo pagado). Ahora vuelve a estar más viva que nunca por el calendario. Este impuesto, como el que afecta al sector bancario, está en vigor hasta finales de 2024 (la liquidación de este año se realizará en 2025). Así pues, a partir del 1 de enero de 2025 ambos tributos decaen. Sin embargo, el gobierno español quiere hacerlos permanentes, como ya ha dicho en anteriores ocasiones y ha dejado plasmado en el Plan Fiscal Estructural enviado a Bruselas.

Francia se ha propuesto últimamente estar en el foco de todos los medios en cuanto a sus políticas relacionadas con el automóvil. Si hace unos días explicábamos que el Ayuntamiento de París había decidido triplicar las tarifas de aparcamiento en los SUV y en los coches más pesados, incluso en los eléctricos, ahora el turno es para el gobierno de todo el país y su fiscalidad en lo referente al CO₂. Y es que bajo el nombre de malus CO₂, el ejecutivo francés aplica una tabla progresiva de impuestos que eleva el precio de los vehículos en función de sus emisiones de dióxido de carbono, llegando a cifras realmente elevadas.

"Un incremento indiscriminado de los impuestos sería un auténtico error, especialmente en el mundo empresarial. Cuidado con los anuncios en los que se habla de un incremento de hasta el 10% del impuesto sobre sociedades". Así ha contestado el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, a las propuestas planteadas estos últimos días por el ejecutivo español para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y, en particular, al incremento de los precios energéticos. De este modo, los empresarios –que este miércoles se han reunido en la asamblea general de la CEOE– muestran su rechazo, ya conocido, a una posible subida de los impuestos sobre las ganancias de sectores como por ejemplo el eléctrico. Por el contrario, el presidente sí que ha celebrado la rebaja del IVA de la luz al 5%. "Es una medida progresista", ha dicho.

Después de un trabajo a marchas forzadas, el ministerio de Hacienda ha diseñado un nuevo impuesto de plusvalías (técnicamente, impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana), imprescindible para los ingresos de los ayuntamientos, que este lunes aprobará el consejo de ministros. El impuesto vigente hasta ahora cayó hace poco más de una semana, cuando el Tribunal Constitucional lo tumbó y puso en alerta los entes locales españoles, donde en conjunto aporta unos 4.000 millones de euros de recaudación. De hecho, solo en la ciudad de Barcelona se prevén unos ingresos de casi 181 millones de euros por este tributo.